La Corte Suprema eliminó la prohibición de desalojos pero no la lucha contra los desalojos

por | Sep 9, 2021

Algunos se preguntan si la Corte Suprema de EEUU sigue siendo fiel a su lema de Justicia Equitativa bajo la Ley. FOTO: Washingaton Post por Ricky Carioti.

Especial para The Washington PostMaia Silber

El 26 de agosto, la Corte Suprema derogó una moratoria nacional de desalojos impuesta por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. La sentencia sobre la moratoria, ya de por sí cumplida de manera desigual, ha dejado a millones de estadounidenses que están retrasados en el pago de sus alquileres enfrentando la posibilidad de perder sus hogares. Demócratas en el Congreso se han comprometido a buscar remedios legislativos, pero las posibilidades de que se apruebe una opción viable son escasas. Mientras tanto, miles de millones de dólares de asistencia para el pago de alquileres están atrapados en las tesorerías de los estados y ciudades.

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Sin embargo, a pesar del lúgubre panorama, la lucha de los inquilinos contra los desalojos no tiene por qué terminar. Históricamente, los fracasos y limitaciones de las políticas federales han inspirado el activismo local incluso mientras han clausurado las posibilidades nacionales. Una de esas campañas de activismo de base tuvo lugar durante la Primera Guerra Mundial, cuando los breves esfuerzos federales para paliar la escasez de vivienda dieron lugar a una lucha mucho más duradera contra los incrementos de las rentas y desalojos en las legislaturas estadales, en las cortes locales y en las calles de las ciudades. Los inquilinos construyeron sobre los esfuerzos incompletos de los legisladores logrando alcanzar avances sorprendentes.

Cuando Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial en 1917, millones de estadounidenses dejaron las zonas rurales para buscar trabajo en las armerías, astilleros y fábricas textiles de las grandes ciudades. Un estimado de 200.000 trabajadores civiles migraron a Filadelfia, por ejemplo, ciudad la cual en aquel momento era conocida como “El Taller del Mundo”. Al mismo tiempo, el gobierno federal prohibió prácticamente todas las iniciativas privadas de construcción residencial con el fin de utilizar todos los recursos y materiales disponibles para el esfuerzo de la guerra.

Los trabajadores que llegaban en multitudes a Filadelfia se conseguían con una ciudad profundamente segregada y desigual donde muchos inquilinos de la clase trabajadora y de las comunidades negras tenían grandes dificultades para conseguir viviendas asequibles. Con la llegada de los trabajadores para los preparativos bélicos, las desigualdades de vivienda en la ciudad dieron pie a una aguda crisis.

La mayoría de los legisladores veían el suministro de vivienda como algo exclusivo a los mercados privados. Pero la escala de escasez era tal, que surgió la preocupación de que la inacción del gobierno podría comprometer la preparación militar o incluso desencadenar revueltas sociales, especialmente después de que los revolucionarios bolcheviques habían derrocado el gobierno zarista en Rusia. Atender la escasez de vivienda lograría “más que cualquier otra medida para prevenir la revolución industrial que amenaza a nuestro país”, aseguró un partidario de la intervención federal.


El Congreso estuvo de acuerdo, destinando $175 millones para la creación de dos nuevas agencias, la Flotilla de Emergencia y el Cuerpo de Vivienda de EEUU (U.S. Housing Corp, USHC por sus siglas en inglés), para la construcción de viviendas para trabajadores de la industria de guerra. La legislación federal también prohibía el desalojo de miembros de los servicios militares y reguló los precios de los alquileres en Washington, ciudad sobre la cual el gobierno tenía el control.

Sin embargo, con los retrasos en la construcción de vivienda debido a una serie de reveses burocráticos y al ser los trabajadores negros categóricamente excluidos de los planes federales de vivienda, estas acciones dejaron a millones de estadounidenses luchando por poder mantener sus hogares. En Filadelfia, los trabajadores de la industria de guerra inundaban las oficinas de las autoridades locales y agentes federales que atendían las ciudades, demandando la asistencia del gobierno mientras las amenazas de desalojo pendían sobre ellos.

Abrumados por las demandas de los inquilinos que sobrepasaban por mucho los esfuerzos del gobierno por construir viviendas, los agentes federales junto a la USHC organizaron comités a lo largo del país que regulaban los precios de los alquileres e impedían los desalojos. Estos comités no tenían autoridad legal, pero en el contexto de los tiempos de guerra en los que el gobierno controlaba la vida civil, fueron muchas veces capaces de persuadir a los arrendadores de plegarse a las regulaciones en beneficio del esfuerzo bélico.

Francis Lewis, un agente de la Agencia de EEUU para el Combustible basado en Filadelfia, se rehusó a suministrarles carbón a los arrendadores si ellos incrementaban excesivamente los precios de los alquileres o desalojaban a sus inquilinos durante los meses de invierno. Los inquilinos habían protestado argumentando que ellos no podían cumplir con las órdenes de Lewis de racionar el combustible comprándolo al mayor si pendía sobre ellos una orden de desalojo que los podría echar a la calle en cualquier momento.

Este episodio es un ejemplo de la dinámica diaria durante los años de la guerra. Los inquilinos, dejados a un lado por la política oficial pero conscientes de que los agentes federales se habían comprometido a solucionar la escasez de vivienda, demandaron acción. Esos agentes, a quienes se les había dado amplios poderes para asistir en el esfuerzo de guerra, muchas veces cumplieron con sus demandas.

Pero cuando la guerra terminó en 1918, el Congreso actuó rápidamente para acabar con muchas de las políticas y programas de los tiempos de guerra. Los conservadores opuestos a los programas públicos de vivienda argumentaban que cualquier justificación para ello había concluido con la guerra y previnieron sobre los peligros del “socialismo”.


El Congreso abrió una investigación contra la USHC por su supuesto despilfarro del dinero asignado, vendió muchos de los proyectos de vivienda que correspondían a los trabajadores de la guerra y retiró a muchos agentes federales de sus puestos. Seguidamente, la Corte Suprema derogó la legislación que controlaba los precios de los alquileres en Washington.

Argumentando que los precios de los alquileres se disminuirían una vez que la prohibición a la construcción de viviendas terminara y las tasas de migración a las ciudades disminuyera, la influyente Asociación Nacional de Juntas de Bienes Raíces (National Association of Real Estate Boards, NAREB por sus siglas en inglés) declaró que la emergencia habitacional había concluido.

Estaban equivocados. En cambio, la escasez de capital, mano de obra y materiales que permanecían ligados al esfuerzo de guerra mantuvo en muy bajos niveles los avances del sector de construcción residencial, mientras la población urbana continuaba creciendo. La Asociación de Protección para los Inquilinos Unidos de Filadelfia (Philadelphia’s United Tenants Protective Association), un grupo que aseguraba representar a más de 30.000 inquilinos de la ciudad, insistía en que la escasez de vivienda estaba lejos de ser superada. “Nuestros muchachos ganaron la guerra”, se leía en un letrero guindado sobre la puerta de un apartamento en Kensington, una vecindad de clase trabajadora. “Permitan que los estadounidenses también ganen esta guerra contra los tiburones de los alquileres”. “Listas de Bajas” eran distribuidas con los nombres de los residentes de Filadelfia que habían sido desalojados de sus hogares, así como los nombres de los arrendadores responsables.

Incluso cuando las tasas de construcción residencial finalmente comenzaron a elevarse a mediados de la década de 1920, las viviendas seguían siendo inasequibles para muchos inquilinos de clase trabajadora, especialmente para los estadounidenses negros.


La segregación se intensificó en esa época a medida que la NAREB alentaba a sus miembros a utilizar cláusulas de restricción racial. La prensa negra de Filadelfia y la Asociación Armstrong, un grupo local de derechos civiles, definían la continua lucha contra los desalojos como un asunto de justicia racial. El Philadelphia Tribune reportó que las cláusulas de restricción racial les prohibían a los estadounidenses negros comprar o alquilar alguno de los 35.000 hogares construidos en 1924.

El movimiento de inquilinos de la posguerra enfrentó obstáculos significativos. El lobby local de bienes raíces de Filadelfia lanzó una campaña de prensa que buscaba distinguir lo que la industria de hoy en día llama “arrendadores caseros” (propietarios de una o dos viviendas) de los públicamente odiados “arrendadores de lucro”. Estas tácticas ayudaron a persuadir a la legislatura de Pensilvania a rechazar los proyectos de ley para el control de los precios de los alquileres en 1919, 1921 y 1923, con un representante reconociendo que los precios de los alquileres eran excesivamente elevados pero reacio a afectar a los “arrendadores honestos”. Los defensores de los inquilinos tuvieron más éxito en aprobar legislación en el estado de Nueva York, el cual reguló los precios de los alquileres hasta 1929.

Los legisladores estadales tampoco tomaron acciones contra las cláusulas de restricción racial, las cuales fueron ratificadas por la Corte Suprema en 1926.

Aún así, los inquilinos de Filadelfia lograron un gran número de victorias. Más de 200 inquilinos que vivían en propiedades del adinerado comerciante de carbón, William Bryant, se rehusaron a pagar el incremento de los precios de sus alquileres. Después de una prolongada batalla en las cortes, Bryant cedió. Bajo la presión de los inquilinos, la Asociación de Bienes Raíces de Filadelfia acordó un nuevo estándar de contrato, y un juez local se rehusó a emitir órdenes de desalojo. Trabajadores de los almacenes les cerraban las puertas a los agentes que pretendían retirar los muebles de los inquilinos después de las órdenes de desalojo, y los plomeros reconectaban el servicio de agua a los inquilinos después de que los arrendadores los mandaran a cortar.

Los inquilinos de la ciudad también ganaron el apoyo de la Asociación de Vivienda de Filadelfia, del Despacho de Ayuda Legal de Filadelfia, de varios senadores del estado y de gran parte de la prensa. Los activistas ayudaron a convencer a sus nuevos aliados de que los mercados de vivienda requerían de la intervención del gobierno incluso en tiempos de paz, preparando el terreno para el establecimiento de programas públicos de vivienda de carácter permanente y otras reformas que vendrían en los años siguientes.

Aunque las políticas federales muchas veces han fracasado en disminuir la desigualdad, o incluso la han incrementado, los historiadores han demostrado que la acción limitada del gobierno también ha servido como un trampolín para los activistas.

Gracias en parte a las demandas de los inquilinos que luchaban por sobrevivir, las medidas de control sobre los precios de los alquileres durante la Segunda Guerra Mundial fueron mucho más amplias y duraron mucho más tiempo. Mujeres negras en Baltimore y la Filadelfia de la posguerra convencieron a las autoridades locales y federales a que construyeran proyectos públicos de vivienda más seguros, más asequibles e inclusivos. Cuando la aprobación de la legislación a favor de un sistema justo de vivienda en los sesenta no sólo fracasó en detener la segregación en el mercado de bienes raíces sino que incluso alentó a los inversionistas a desfalcar a los propietarios negros, esos propietarios libraron batallas legales contra el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano y consiguieron la victoria.

Hoy, los activistas que luchan por un sistema justo de vivienda se están agrupando a raíz de esta sentencia de la Corte Suprema. Están organizando huelgas al pago de los alquileres, asegurándose de que los inquilinos conocen los derechos que aún tienen bajo las leyes estadales y locales, a tiempo que promueven legislación que expanda el acceso a viviendas asequibles. Su esfuerzo llegará tarde para los cientos de miles de inquilinos que ya han sido desalojados durante la pandemia, pero puede que aún lleve a cambios más duraderos.

La lucha de los inquilinos no terminará con la moratoria de desalojos. Después de todo, no comenzó con ésta.

Información de la Autora:

Maia Silber es candidata a PhD en Historia de Estados Unidos en Princeton University.

Lea el artículo original aquí.


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