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Oficiales electos en el condado de Prince William reaccionaron ofuscados el martes 16 de octubre ante el inminente fin de un controversial programa federal que permite a la Policía local ejercer como agentes de inmigración.

Se trata del programa 287 (g), que capacita a oficiales de la policía para aplicar leyes migratorias a los detenidos que son indocumentados. Bajo este sistema los policías pueden indagar el estatus legal de los arrestados y hasta tramitar el proceso de deportación de inmigrantes que tienen cargos delictivos.

El programa, establecido en 1996, tuvo un gran auge durante el gobierno de George W. Bush, especialmente en 2006 cuando cerca de 60 agencias locales de la Policía firmaron acuerdos con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para aplicarlo.

En el área metropolitana, el ayuntamiento de Herndon, en el condado de Fairfax, fue la primera jurisdicción en sumarse al programa, en medio de un fuerte debate migratorio. Prince William le siguió los pasos en 2007.

Sin embargo, durante el Gobierno del presidente Barack Obama el programa se debilitó por las demandas civiles alrededor del país, por casos discriminatorios y de perfil racial.

Tras varias audiencias públicas y una revisión por parte de un equipo de trabajo especial a nivel nacional, se recomendó el cierre del programa.

ICE comunicó recientemente a los gobiernos locales que el 287 (g) funcionará sólo hasta el 31 de diciembre.

El martes 16, el presidente de la Junta de Supervisores de Prince William, Corey Stewart, criticó la clausura del programa y dijo que los esfuerzos para erradicar a los indocumentados que han cometido crímenes se verán dañados. “Tenemos la responsabilidad de proteger a nuestros ciudadanos y hacer de nuestras comunidades un lugar seguro”, manifestó Stewart, según publicó The Washington Post. “Si alguien comete un crimen, y está aquí ilegalmente debe ser deportado”, añadió.

Sin embargo, el Gobierno aclaró que el 287 (g) ha sido reemplazado por otro programa, denominado Comunidades Seguras, también diseñado para deportar a indocumentados que han cometido un crimen. Pero con la diferencia de que los policías no se ven involucrados en el proceso migratorio.

Comunidades Seguras aplica en las cárceles y se ha expandido a todo el país. Las huellas dactilares de cualquier persona que haya sido detenida son remitidas al FBI y esta agencia las comparte con ICE. Si se determina que la persona es indocumentada y está buscada por ICE, inicia el proceso de deportación.

“Los supervisores no tienen razón de enojo. Se estaba practicamente duplicando los esfuerzos con los dos programas 287 (g) y Comunidades Seguras”, dijo el empresario Carlos Castro.

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