Las nuevas normas instrumentadas por el gobierno federal están ajustando el mercado de la vivienda, para evitar los créditos riesgosos que originaron la burbuja hipotecaria causante de la recesión de fines de la década pasada en Estados Unidos.
“Las restricciones del gobierno están haciendo que la gente que realmente califique, con base en los ingresos, es la que pueda comprar”, dijo a El Tiempo Latino el martes 14 el agente inmobiliario Luis Cordero, con más de 15 años en la industria en el área metropolitana de Washington.
En opinión de Cordero, los préstamos en la década pasada “eran completamente diferentes en parte porque las compañías financieras fueron muy creativas en crear prestamos”.
Los créditos hipotecarios incluían el pago que el comprador quería hacer, los basados solo en intereses y los que se lograban solo en la declaración del ingreso, sin presentar ninguna prueba, indicó.
En otros casos, tampoco se requería de cuota inicial, pero ese tipo de préstamos han desaparecido. “Hay mano dura, por eso ahora la gente que compra es la que puede calificar”, puntualizó el agente de bienes raíces.
Las medidas adoptadas que incluyen los ingresos necesarios, un historial crediticio apropiado y el dinero para la cuota inicial “dan confianza al mercado y a los inversionistas que proporcionan los préstamos”, recalcó.
Cordero subrayó que el mercado de la vivienda ha mejorado desde el año pasado, con un incremento paulatino en el valor de las propiedades y una reducción en las ejecuciones hipotecarias y la subastas de casas.
“Además, ha habido inversión en obras publicas, se han renovado áreas que la comunidad por años demandaba, esas obras son significativas y los arreglos han embellecido diferentes áreas, como en el caso de Tyson Corners, en Virginia, donde ha crecido de manera impresionante la actividad económica”, recalcó.
Sin embargo, en general, las entidades prestamistas temen las restricciones de las estrictas regulaciones federales y están presionando al Congreso y a funcionarios del gobierno a que alivien esas normas para que continúe la recuperación en el mercado de la vivienda, informó la publicación The Hill.
La Asociación Nacional de Cooperativas de Crédito (CUNA), en particular, está buscando una exención en las regulaciones. La Oficina de Protección Financiera al Consumidor (CFPB), que es una entidad federal, ha indicado que al principio emitirá solamente advertencias en lugar de multas por incumplimiento a las nuevas regulaciones.
Las nuevas normas, que entraron en efecto el viernes 9 de enero, buscan asegurar que la industria inmobiliaria ofrezca préstamos solamente a los compradores calificados.
Bajo las regulaciones, los bancos evalúan la capacidad del comprador de pagar sus préstamos al verificar su historial crediticio, bienes, ingresos y deuda.
Una hipoteca no puede superar el 43 por ciento del ingreso del comprador. Los prestamistas pueden aprobar préstamos hipotecarios a compradores que no reúnan los requisitos, pero podrían perder protecciones frente a demandas, indicó The Hill.
