La sesión legislativa de Virginia terminó este sábado 8 de marzo sin que los legisladores llegaran a un acuerdo sobre el presupuesto bianual. El gobernador Terry McAuliffe (D) llamó a una sesión especial el 24 de marzo.
El gran desacuerdo que ata al presupuesto es la expansión del Medicaid, el programa subsidiado que ofrece cobertura médica a las familias de escasos recursos.
El gobernador McAuliffe, quien ganó las elecciones con la promesa de esta expansión, impulsa la medidad de la mano del Senado. Sin embargo la Cámara de Representantes, dominada por una gran mayoría de republicanos se niega a la expansión.
“Es decepcionante que estemos próximos a culminar la Legislatura y no haya un acuerdo con la expansión del Medicaid”, expresó a El Tiempo Latino, el miércoles 5, el delegado estatal Alfonso López (D-Arlington), quien es el único latino en la Asablea General.
Los demócratas quieren expandir el programa para que más familias se beneficien.
Actualmente en Virginia para que un adulto acceda al Medicaid debe ganar el 49 por ciento del nivel federal de pobreza, es decir cerca de $5.800 al año. La expansión duplicaría ese monto y en familias de cuatro permitiría que la persona gane hasta $23.050 al año.
McAuliffe dijo que la legislación beneficiaría a unas 400.000 familias de escasos recursos y crearía cerca de 30.000 empleos.
Los republicanos se oponen al señalar que el subsidio será una carga para el estado.
Sin embargo, bajo la Reforma de Salud, los estados se hacen responsables sólo de un porcentaje mínimo durante los dos primeros años de expansión.
El presupuesto de Virginia que ambos partidos proponen fluctúa en los $96.000 millones.
De otro lado, la Asamblea culminó sin la aprobación del DREAM Act local, que hubiera permitido pagar las tarifas más cómodas en las universidades a los jóvenes indocumentados amparados por la Acción Diferida. Estos chicos cuentan con un permiso de trabajo y están protegidos de la deportación.
Los legisladores sí aprobaron una medida que favorece a los inmigrantes al combatir el fraude de los notarios públicos. La propuesta fue presentada por el republicano David Albo (R-Fairfax) y copatrocinada por López.
