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Tres familiares de inmigrantes con casos de deportación pasaron el martes 15 la “posta” de la huelga de hambre que mantuvieron por varios días frente a la Casa Blanca a la activista Ernestina Hernández.
El esposo de Hernández, Manuel Martínez, fue deportado recientemente luego de una huelga de hambre mientras estaba detenido en Texas.
El Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) “deportó a mi esposo cuando cumplió 50 años y se encontraba en la segunda semana de una huelga de hambre en el centro de detención Joe Corley” en Houston, Texas, dijo Hernández, quien llegó a DC desde ese estado con su hija Melanie, de 13 años.
“Cuando la administración (del presidente Barack Obama) deporta a una persona, deporta a toda una familia. No quiero escoger entre criar a mi hija sin su padre o seguirlo a un lugar donde hay riesgos. Vine a DC para asegurar que el mundo sepa lo que pasa a nuestras familias”, indicó.
Martínez, esposo de Hernestina, ha considerado a Estados Unidos como su hogar desde que tenía 8 años y fue una parte activa de la huelga de hambre de realizaron cientos de inmigrantes en el Centro de Detención Northwest, en el estado de Washington, en marzo pasado.
Grupos proinmigrantes consideran que la deportación de Martínez fue en represalia por su activismo.
Los activistas Cynthia Díaz, Naira Zapata y José Valdez dieron por concluida el domingo 13 una huelga de hambre que habían mantenido desde el martes 8 frente a la Casa Blanca.
Díaz, de 18 años, nacida en Arizona y estudiante universitaria, recibió una respuesta favorable el martes 15 en el caso de su madre mexicana, María del Rosario Rodríguez, quien estuvo detenida desde el 16 de marzo cuando reingresó ilegalmente a Estados Unidos.
Un juez de inmigración decidió que el caso puede proceder como asilo político, por las condiciones que podría enfrentar en México.
“He amanecido adolorida, me dolían las piernas, los brazos y las rodillas, me sentía muy mareada. A mi mamá le afectó mucho esta huelga de hambre que hice por varios días, solo tomaba agua”, dijo Díaz a El Tiempo Latino el lunes 14 un día después de concluir su prolongado ayuno.
“Pido ayuda a la comunidad para que le diga al ICE (Servicio de Inmigración y Aduanas) que cese las deportaciones”, imploró la joven.
Por su parte, la activista Zapata, de 19 años y madre de dos hijos, dijo que espera que las autoridades permitan quedarse a su compañero Ardani Rosales, guatemalteco de 27 años.
La joven indicó que espera terminar su secundaria para solicitar el programa conocido como DACA, por sus siglas en inglés, que beneficia a jóvenes indocumentados que llegaron de niños al país.
La activista dijo que conoció a su compañero en 2012 en un parque en Phoenix, cuando se acercó para cargar al bebé que ella llevaba en brazos, que era de su primer compromiso. “Me gustó la forma en que se comportaba con mi hijo. Él me dijo que le gustaba mi sonrisa”, puntualizó.
Por otro lado, el mexicano Valdez, quien ya había realizado anteriormente otra huelga de hambre hace un mes, pidió la liberación de su hijo Jaime, de 31 años, recluido en el Centro de Detención de Florence en Arizona. Valdez dijo que su hijo tiene una cita en Arizona el 6 de mayo.
La activista Erika Andiola, del grupo DRM Action que junto con la Red Nacional de Jornaleros (NDLON) apoya la protesta, afirmó que otras personas con casos similares de deportación tienen previsto iniciar huelgas de hambre “hasta que el cuerpo aguante”.
Otros personas están listas para “tomar la posta” de la huelga de hambre con el fin de “enviar un mensaje” al presidente Barack Obama”, indicó.
“Estamos esperando su respuesta. Veo que a veces las autoridades cierran el parque para que el presidente saque a caminar con su perro. ¿Por qué no visita a las familias acá”, preguntó.
Andiola dijo que “hay familias dispuestas a hacer lo que sea y otras personas van a seguir acompañándonos” en el plantón que un grupo de activistas mantiene desde el 5 de abril frente a la Casa Blanca, luego de una marcha desde el barrio de Mount Pleasant en DC.
La ola de protestas por el fin de las deportaciones bajo el gobierno de Obama y la necesidad de acciones del Congreso incluyeron además un ayuno de 48 horas por parte de un centenar de mujeres frente al Capitolio que concluyó el 9 de abril con la asistencia del líder gremial Eliseo Medina y otros dirigentes que participaron en un ayuno prolongado a fines del año pasado en el Distrito de Columbia.
Los activistas han pedido la reconsideración de personas en proceso de deportación por delitos menores, como conducir sin licencia de manejar, pero también han solicitado alivio a otros casos considerados más graves, como el reingreso ilegal al país.
El secretario de Seguridad Interna (DHS), Jeh Johnson, cuya entidad se encarga de la aplicación interna de las leyes, se reunió el miércoles 9 con miembros del Grupo de Congresistas Hispanos (CHC).
Johnson dijo en un comunicado que la reunión se enfocó “la aplicación efectiva y sensible de nuestras leyes de inmigración, incluyendo la actual revisión de la manera que el DHS pueda aplicarlas de una manera más sensible dentro de los confines de la ley”, subrayó el funcionario.
Líderes religiosos que se reunieron el martes 15 con el presidente Obama aseguraron que el mandatario no está dispuesto a emitir una orden ejecutiva para frenar las deportaciones, por considerar que eso “dañaría” los esfuerzos para aprobar una reforma migratoria.
Pese a que ha encargado una revisión en las políticas de deportación de su Administración, Obama no cree que sea “sabio” emitir próximamente un decreto sobre ese asunto en un momento en el que insiste a la Cámara de Representantes en que apruebe su versión de la reforma migratoria.
Así lo indicó a los periodistas Luis Cortés, presidente de la organización hispana cristiana Esperanza, tras participar en una reunión con Obama, a quien numerosos activistas de inmigración han reclamado que use su poder ejecutivo para frenar las deportaciones.
“Él piensa que si hace esos cambios va a hacerle daño al proceso. Y si hace daño al proceso, la ventana que tenemos (para aprobar una reforma migratoria en el Congreso), que él piensa que es de tres a cuatro meses, se va a cerrar”, dijo Cortés, que no es partidario de que Obama emita una orden ejecutiva para afrontar el problema.
“Él dijo: yo no estoy en una posición donde voy a hacer un cambio a esas leyes, y cerrar la única oportunidad que él ve en los próximos años (para aprobar la reforma migratoria)”, agregó.
En el mismo sentido, Noel Castellanos, presidente de la Asociación de Desarrollo Comunitario Cristiano de Chicago, afirmó que Obama “fue muy insistente en que su deseo es no tomar ningún tipo de acción (unilateral) y así lo mencionó, que quiere ver que el Congreso tome acción”.
Fuentes de la Casa Blanca precisaron que el presidente no ha tomado por ahora ninguna decisión definitiva sobre si adoptará medidas ejecutivas o no para frenar las deportaciones, porque está a la espera de que concluya la revisión sobre esa política que encargó en marzo al DHS.
Según la Casa Blanca, Obama comunicó a los líderes religiosos que “aunque su Administración pueda dar pasos para aplicar y administrar mejor las leyes de inmigración, nada puede reemplazar la certeza de una reforma legislativa, y que esa solución permanente sólo puede lograrse a través del Congreso”.
Con unas 1.000 deportaciones por día y una cifra total superior a los dos millones en cinco años, casi la misma que se registró en los ocho años de mandato del republicano George W. Bush, el descontento entre los activistas ha ido en aumento.
Los seis líderes religiosos que asistieron a la reunión, entre ellos un representante de la Iglesia mormona en Utah, compartieron historias con Obama “sobre el impacto que el fracaso a la hora de arreglar el sistema migratorio ha tenido en sus congregaciones y comunidades”, indicó la Casa Blanca en un comunicado.
“El presidente expresó su profunda preocupación por el dolor que demasiadas familias sienten por la separación que conlleva nuestro sistema migratorio roto”, añadió la residencia presidencial.
Con información de EFE
