Doce activistas a favor de los inmigrantes indocumentados, la gran mayoría mujeres, fueron detenidos el lunes 28 de abril frente a la Casa Blanca en una protesta efectuada bajo el lema de “ni una deportación más”, en la que participaron más de mil personas, según los organizadores.
“Un alto a las deportaciones”, gritó uno de los arrestados cuando lo llevaba esposado uno de los policías que custodiaba la verja frontal de la residencia presidencial, frente a la cual se congregaron los manifestantes para presionar al presidente Barack Obama a que detenga la expulsión de inmigrantes indocumentados.
Las detenciones se produjeron cuando los doce manifestantes, en un gesto de desobediencia civil, se negaron a desalojar el perímetro de seguridad establecido por la policía frente a la Casa Blanca y se mantuvieron sentados con los brazos entrelazados formando una cadena.
La presión al presidente Obama para que detenga las deportaciones se ha intensificado en las últimas semanas y hoy fueron cientos de manifestantes, provenientes de diferentes partes del país, los que alzaron su voz frente a la sede del poder ejecutivo.
Obama se encuentra en Filipinas, en la última etapa de una gira asiática que comenzó la semana pasada.
La convocatoria de la protesta estuvo a cargo del National People’s Action (Acción Nacional del Pueblo), una red de 30 organizaciones comunitarias en 17 estados, y de la Alianza Nacional de Trabajadores Domésticas, que eligieron como lugar de concentración, como viene siendo habitual, el parque Lafayette, frente a la Casa Blanca.
En la protesta, los manifestantes corearon consignas mientras mostraban pancartas que pedían un alto a las deportaciones.
De manera simultánea, 15 inmigrantes radicados en Georgia iniciaron una huelga de hambre frente a la Casa Blanca con el fin de presionar para que se ponga fin a las deportaciones.
La Red Nacional de Jornaleros se ha mantenido desde el 5 de abril con estas actividades en el mismo lugar.
Los activistas detenidos fueron identificados como: Eric Murillo, del Comité de Justicia Laboral; Guillermina Castellanos, de La Colectiva de Mujeres, de San Francisco (California); Iliana López, de Encuentro; Karina Muñiz, María Ibarra y María Hernández, de Mujeres Unidas y Activas, de San Francisco (California).
Asimismo, Carolina Hernández-Cordero, del grupo Sunflower Community Action; Nancy Arollo, de Colectiva de Mujeres, San Francisco (California); Sulma Arias-Mclelan, de Sunflower Community Action; Sonny P. Garcia, de Illinois People’s Action; y Herminia Servant, de Casa de Maryland.
“A mi esposo lo agarró migración y esta en proceso de deportación. Yo le pido a Barack Obama que, por favor, pare eso; que ya no separe más familias”, dijo a Efe Alma Hernández, del Centro Dominicano, de Boston (Massachusetts).
Carmen, de la organización Dreamers Moms y quien viajó de Orlando (Florida) a esta capital para sumarse a la manifestación, afirmó que su familia se siente amenazada por las autoridades migratorias.
“En mi familia he sufrido dos deportaciones y seguimos recibiendo amenazas de deportación. He vivido en carne propia el sufrimiento de la familia y por eso estoy aquí para luchar”, dijo.
Rosario Castillo, quien dijo ser una de las organizadores de las activistas procedentes de Florida, mencionó que pese a residir y trabajar desde hace 25 años en Estados Unidos no ha podido regularizar su estatus migratorio.
“Para que las deportaciones se paren se necesita una reforma migratoria”, agregó.
En junio de 2013, el Senado aprobó una reforma integral del sistema de inmigración, que incluye el refuerzo de la seguridad de la frontera con México y abre una vía para la adquisición de la ciudadanía para los indocumentados que residen en el país.
La Cámara baja, de mayoría republicana, se ha opuesto a analizar el documento del Senado en su totalidad y prefiere un enfoque por partes.
El estancamiento de la reforma migratoria en el Congreso ha llevado a las organizaciones proinmigrantes a elevar el nivel de presión tanto a los republicanos de la cámara baja como al presidente.
El Movimiento por una Reforma Inmigratoria Justa ha anunciado una nueva fase de activismo en la que intensificará sus movilizaciones para que se detengan las deportaciones.
Al Congreso le puso de plazo límite hasta el 28 de junio para la aprobación de la reforma inmigratoria, fecha en la que se cumple un año desde que el Senado aprobara la reforma inmigratoria.
Miembros de otras agrupaciones de la comunidad que han dicho verse afectados “de manera directa por las crisis migratoria”, tales como CASA, CARECEN, Bend the Arc: A Jewish Partnership for Justice, DC Jobs with Justice, anunciaron una movilización para el 1 de mayo.
Un total de 22 senadores republicanos escribieron el 24 de abril una carta al presidente Barack Obama para transmitirle sus “graves preocupaciones” por la revisión que lleva a cabo el gobierno sobre la aplicación de las leyes de inmigración, y le acusaron de debilitarlas.
Tras un incremento notable de la presión sobre el presidente por parte de los grupos activistas a favor de una reforma migratoria en cuanto a las deportaciones, Obama anunció el mes pasado que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) comenzaría a revisar si sus políticas de inmigración podrían aplicarse de una manera “más humana dentro de los límites de la ley”.
El secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, se ha estado reuniendo desde entonces con grupos proinmigrantes, representantes comunitarios, empresarios y líderes religiosos para conocer sus inquietudes y sus recomendaciones dentro del marco legislativo.
Sin embargo, este paso dado por el presidente mientras los republicanos de la Cámara se niegan a someter a voto un texto de reforma migratoria integral, ha aumentado la preocupación de algunos legisladores conservadores, que temen que Obama sobrepase los límites constitucionales sobre la ley de inmigración.
“Según los informes, los cambios considerados representarían un abandono casi total de la aplicación básica de la ley de inmigración y eluden el estado de derecho y la noción del obligado cumplimiento para con las fronteras de Estados Unidos”, dice la carta, que cuenta con la firma del líder de la minoría, Mitch McConnell.
Los 22 senadores, que representan a algunos de los más conservadores, acusan al mandatario de “anular cada vez más la ley de inmigración” desde que asumió el cargo en 2009, e incluso advierten de que el gobierno está “permitiendo que crímenes evitables dañen a personas inocentes”.
“Está claro que la tarea urgente que enfrenta su gobierno es mejorar la ley de inmigración, no buscar nuevas formas de debilitarlo”, reiteraron los senadores, los cuales en su mayoría votaron en contra del texto bipartidista para una reforma migratoria aprobado en la cámara alta en junio del año pasado.
Mientras se continúa demorando la aprobación de la ley, los grupos activistas siguen incrementando sus actos y manifestaciones, tanto para presionar al Congreso por lograr un texto integral, como para pedir al presidente que entretanto detenga las deportaciones, que bajo su mandato han superado los dos millones.
El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Boehner, criticó recientmente a sus colegas de bancada por resistirse a abordar la reforma migratoria en un evento en su distrito de Ohio, informó el Cincinnati Enquirer.
“Aquí está la actitud. ‘Ohhhh. No me hagas hacer esto. Ohhhh. Esto es demasiado duro”, se mofó el legislador en el Rotary Club de Middletown, imitando a algunos de sus compañeros cuando se les saca el tema migratorio.
“Fuimos elegidos para tomar decisiones. Fuimos elegidos para resolver problemas y es significativo para mí que muchos de mis colegas simplemente no quieren… Van a tomar el camino de menor resistencia”, agregó el presidente de la Cámara según el Enquirer.
El portavoz de Boehner, Brendan Buck, confirmó los comentarios al diario The Huffington Post al agregar: “Como suele decirles el presidente de la Cámara a sus colegas, sólo se burlan de ti quienes te quieren”.
Boehner reiteró hoy, como en otras ocasiones, que quiere sacar adelante la reforma migratoria, pero hizo hincapié en que ha sido y será difícil.
“Me han tirado todos los ladrillos, bates y flechas sólo porque quería tratar este tema. Yo no he dicho que iba a ser fácil”, dijo Boehner, según el Enquirer.
El ala más conservadora del Partido Republicano se opone a someter a debate y votación la propuesta para la reforma aprobada por el Senado el pasado junio, cuyo apoyo y origen fue además bipartidista.
Por otra parte, tampoco aprueban llevar al pleno un texto presentado por los legisladores demócratas de la cámara baja, y no terminan de lanzar una propuesta propia sobre la que legislar.
Los demócratas han presentado incluso una “petición de descarga” hace unas semanas, con lo que pretende lograr debatir el texto sin necesidad del consentimiento de Boehner, pero para ello solo cuenta con 198 firmas, de las 218 necesarias.
Mientras tanto, los grupos proinmigrantes están elevando el tono en sus demandas en vista de que los republicanos no reaccionan para aprobar un proyecto de ley y las deportaciones durante el mandato de Barack Obama ya superan los dos millones.
Ante las protestas para detenerlas, el presidente ha ordenado una revisión de la aplicación de las leyes migratorias, con el objetivo de hacerlas “más humanas”.
Sin embargo, no es suficiente para los 11 millones de ciudadanos indocumentados que cada día temen que alguno de los miembros de su familia sea devuelto a su país de origen.
La aproximación de las elecciones legislativas de noviembre, y las posteriores primarias presidenciales no dejan mucho espacio a la optimismo si la reforma no se somete a votación antes del receso de julio.
Pese a que la Oficina de Migración y Aduanas (ICE) puede cerrar casos de indocumentados que no representan un peligro para la seguridad del país a su discreción, sólo en el 6.7% de ellos lo hace, según datos gubernamentales.
Entre octubre de 2012 y marzo de 2014, la dependencia federal cerró ese porcentaje de casos migratorios en base a su poder discrecional, de acuerdo a un nuevo informe publicado por TRAC (Transactional Records Access Clearinghouse), de la Universidad de Syracuse.
En los tribunales migratorios de San Antonio (Texas), Las Vegas (Nevada) y Newark (Nueva Jersey), el ICE empleó este criterio en un rango del 3 al 4 por ciento de los casos, según la información.
“Las cortes de Houston, Búfalo y El Paso muestran incluso niveles menores, con menos del 3 por ciento”, publicó TRAC, organización especializada en datos estadísticos del gobierno federal.
Otras cortes de migración de Estados Unidos, tales como las de Tucson (Arizona) y Seattle (Washington) han cerrado casos en un 30 por ciento durante los recientes 18 meses, de acuerdo al reporte.
Las autoridades migratorias han dicho que su prioridad son los casos de sospechosos por terrorismo y aquellos que representen un riesgo para la seguridad nacional.
Según la información de ICE, perteneciente al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, las siguientes prioridades para la detención son las personas que cometen delitos graves o leves pero de manera reiterada.
Los extranjeros que entran de manera ilegal al país o que han reingresado luego de haber sido deportados son la cuarta prioridad de ICE, según la información oficial.
El Tribunal Supremo ha reconocido en diversas ocasiones a lo largo de muchos años que la decisión de una agencia al no procesar o hacer cumplir la ley, ya sea a través del proceso civil o penal, es una decisión general comprometida con la absoluta discreción de la agencia, de acuerdo a la interpretación de la ley.
Datos de las cortes de inmigración del país indican que entre los años fiscales 2012 y 2014, los casos de deportados que enfrentaron cargos criminales han disminuido de un 16% del total a un 12%.
Debido al bloqueo de la reforma migratoria en la Cámara de Representantes, el presidente Barack Obama se comprometió a lograr una aplicación de la ley migratoria de manera “más humana”.
Desde que el presidente Obama llegó a la Casa Blanca, en 2009, el promedio anual de deportaciones hasta el año fiscal 2013 fue de unas 400.000, el doble de las 200.000 registradas en 2007, cifra que fue la más alta durante los dos mandatos del presidente George W. Bush.
Las organizaciones proinmigrantes calculan que el número de deportaciones superó los dos millones desde que empezó la actual administración de Obama.
