Los trabajadores de DC podrán gozar de mayores protecciones gracias a la acción del Concejo de DC con respecto a dos legislaciones.
Los concejales aprobaron unánimemente el lunes 14 de julio una medida para impedir el llamado “robo de pagos”, que penaliza a los empleadores que paguen menos del salario mínimo.
Asimismo, castiga a los empleadores que anuncian un salario por un trabajo y luego pagan uno más bajo. La nueva medida, que debe promulgar próximamente el alcalde Vincent Gray, también penaliza a los empleadores que manipulan las horas de los trabajadores para impedirles que califiquen para más compensaciones.
Activistas del Employment Justice Center como Bruno Ávila, Tomás Arévalo y Mario De La Cruz elogiaron la acción del Concejo.
Ávila, trabajador de un restaurante, dijo que su empleador le debía un mes y medio en salarios. “Cuando pedíamos nuestro salario, mi empleador se escondía o decía que no tenía dinero”, denunció.
“Hoy abrimos una nueva página en los resultados que necesitamos para beneficiar a las familias de los trabajadores de Washington”, afirmó por su parte Arévalo en declaraciones a El Tiempo Latino. “Esperamos que los empleadores cumplan con las leyes pagando a sus trabajadores sin importar el campo en que se desempeñen, el trabajo debe ser remunerado en base a lo que fue pactado al momento de su contrato”, puntualizó.
Asimismo, De La Cruz pidió a la comunidad que “no se quede con los brazos cruzados”. “Sabemos muy bien que hay muchos empleadores que abusan, queremos que la comunidad busque ayuda”, recomendó.
Según el Employment Justice Center, en promedio cada trabajador de bajo salario pierde $51 semanales debido al robo de salario, que equivale a $2.634 al año o el 15 por ciento de su ingreso anual.
Por otro lado, el Concejo dio el visto bueno a una legislación que prohíbe a los empleadores preguntar a los solicitantes si han sido arrestados o condenados por algún delito, lo cual podrán hacer solamente hasta que les hayan hecho una oferta de trabajo. De esta manera, DC se suma a 11 estados que han aprobado medidas similares para defender los derechos de los ex convictos.
La residente en DC, Chearie Phelps-El, dijo que hay programas de capacitación para personas con antecedentes penales, “pero cuando salimos, nadie nos quiere dar trabajo”. Las dos nuevas leyes forman parte de un paquete presupuestario que incluye alivios tributarios en la ciudad.
