PROCESO
Qué pasa cuando la Patrulla Fronteriza arresta a un menor en la frontera sur, según el testimonio de un padre guatemalteco:
• LLAMADA. El padre recibió la llamada de un representante de la Oficina de Reubicación de Refugiados del Departamento de Salud, no de Inmigración.
• INFORMACIÓN. Le informaron de que su hija había sido detenida y que se encontraba en un albergue de Houston y que querían facilitar el reencuentro.
• DOCUMENTOS. Le pidieron llenar unos documentos en los cuales se verifica que son los padres y que no tienen antecedentes de abuso a menores.
• VERIFICACIÓN. Le dijeron que se mantendrían en contacto para informar del vuelo, la hora y el aeropuerto de llegada de su hija. Tenía que llevar un pasaporte o documento de identidad para verificar que era el padre.
• LLEGADA. El día anterior a su llegada le dieron la especificación del vuelo.
El vuelo de United procedente de Houston, Texas, arribó al aeropuerto Ronald Reagan de Washington, DC, a las 2:54 pm del sábado 12 de julio. En la sala de espera se encontraba un matrimonio guatemalteco residente en un lugar del área metropolitana. Después de años de separación, iban a reencontrarse con su hija.
La adolescente de 17 años, había sido detenida por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos al cruzar la frontera sur nadando las peligrosas aguas del río Grande.
Pero la joven no llegaba sola. Junto a ella comenzaron a salir de la terminal, acompañados por dos adultos, más de una decena de menores de diferentes edades. Uno de ellos tenía tan solo seis años.
La adolescente guatemalteca corrió al encuentro de su padre y lo abrazó durante largo tiempo en medio del llanto y palabras ahogadas en la emoción. Luego se prendió de la esposa de su padre. Esa mujer la había criado de niña como si fuera su propia madre.
El cuadro se repitió simultáneamente con los otros niños. Abrazos prolongados, lágrimas, y gritos de alegría mientras algunos veían fotos de familiares que no habían podido venir al aeropuerto a recibirlos o compartían fotos de seres queridos que se habían quedado atrás.
“¿Por qué lloran tanto?”, preguntó la vendedora del puesto de Dunkin Donuts en la terminal al no comprender que estaba delante del rostro de la crisis humanitaria que representan los niños que cruzan la frontera solos y sin papeles, huyendo de la violencia algunos, o buscando reunificarse con unos padres que llevan años sin ver. Son niños que han vivido experiencias durísimas y sufrido al límite hasta que son detenidos por agentes de la patrulla fronteriza. La mayoría proceden de Honduras, Guatemala y El Salvador.
El número de menores detenidos por los agentes casi se ha triplicado en lo que va del año fiscal que inició en octubre. Más de 53.000 en comparación de los 20.000 del año anterior. Esto ha ocasionado una crisis en la falta de recursos para estos menores.
Los ocho días que la adolescente guatemalteca estuvo detenida comió sólo tres manzanas al día, según dijo.
“Nos hicieron acostar en cartones sobre la tierra durante ocho días y ni siquiera podíamos tomar una ducha”, expresó.
La historia cambió cuando ella y otros niños pasaron a cargo de la Oficina de Reubicación de Refugiados de la División de Menores del Departamento de Salud.
“Allí nos recibieron bien, Nos dieron ropa, comida tres veces al día y podiamos tomar duchas frecuentes”, contó la menor y se alejó con sus padres para comenzar una nueva vida en Estados Unidos llena de incertidumbre.
En los albergues los menores también reciben al menos cinco vacunas. “Nos dicen que debemos estar listos para ir a la escuela”.
Por ley desde 2008, los menores que son detenidos por la patrulla fronteriza al cruzar de manera ilegal y que no pertenecen a México o Canadá no pueden ser deportados inmediatamente sino que pasan a la custodia del Departamento de Salud.
Esta dependencia hace los arreglos para enviar a los niños con sus padres o familiares cercanos, pese a que éstos sean indocumentados.
Después de unos meses deben presentarse en una corte de inmigración. El problema son los grandes atrasos de hasta meses y años.
Para hacer frente a esta crisis el Gobierno quiere acelerar el proceso de deportación, revirtiendo la ley de 2008.
Ha pedido $3,7 mil millones para agilizar los procesos legales y deportar a los menores más rápido.
Activistas se oponen a esta política. “Es inhumana”, dicen.
