La crisis humanitaria creada por los niños centroamericanos que cruzan solos la frontera ha ocasionado que representantes de diversos grupos se congreguen cada lunes en concentraciones frente a la Casa Blanca, precedidas por conferencias de prensa en la cercana iglesia episcopal St. John’s.
“Yo estuve la semana pasada y también voy a estar la próxima para acompañar, apoyar a las familias que han estado separadas, por tantos años debido a la política exterior de décadas por parte de Estados Unidos a Centroamérica”, dijo a El Tiempo Latino el lunes 21 la activista Alexis Stoumbelis, del Comité de Solidaridad con el Pueblo de El Salvador, (CISPES).
“Obama puede dar una orden ejecutiva para declarar que paren las deportaciones; tiene no solo que proteger los derechos de los niños sino también hacer un cambio profundo en la manera que EE.UU se relaciona con los gobiernos centroamericanos”, puntualizó.
En la manifestación del lunes 21, las madres indocumentadas Rosa Elvira Pérez, de Guatemala, y Sonia Araceli Madrid Cartagena y Sara Concepción Hernández, de Honduras, mostraron los grilletes que le colocaron las autoridades Inmigración para rastrear sus movimientos.
Grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional han denunciado la deportación de los menores a países plagados por la violencia. La organización humanitaria Casa Alianza indicó que más de cien menores de 23 años fueron asesinados en mayo de este año en Honduras y la cifra hasta junio de 2014 ha llegado a los 454.
Por su parte, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó el miércoles 23 de julio una declaración en la que pide que se protejan los derechos de los niños y adolescentes emigrantes ante la ley “de manera integral”. La declaración presentada por Guatemala, El Salvador y Honduras, y adoptada por unanimidad con un mínimo cambio, reclama igualmente que los países de origen, tránsito y destino de los niños centroamericanos que están emigrando a EE.UU. cooperen a la hora de dar una respuesta al fenómeno “desde una perspectiva humanitaria”.
La respuesta por parte del gobierno de Barack Obama ha incluido refuerzos para frenar el tráfico de personas.
El secretario de Seguridad Nacional (DHS), Jeh Johnson, explicó en una rueda de prensa el martes 22 de julio que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) y la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por su sigla en inglés) lanzaron en junio la “Operación Coyote” en la región del Río Grande (Texas), por donde están entrando miles de niños centroamericanos de forma ilegal. La operación, que durará 90 días, ha permitido arrestar durante el primer mes a 192 traficantes de personas (“coyotes”) y sus asociados, bajo cargos por delitos penales; además, las autoridades se han incautado de $625.000 de 288 cuentas bancarias, pertenecientes a organizaciones de trafico de drogas y de personas.
Johnson reiteró el mensaje que ha lanzado el Gobierno de Estados Unidos con viajes como el que realizó el vicepresidente, Joseph Biden, y el propio secretario de Seguridad a Guatemala, donde se entrevistaron con los líderes centroamericanos. “Nuestras fronteras no están abiertas a la inmigración ilegal y, si vienen de Centroamérica, de Guatemala, Honduras o El Salvador, les mandaremos de vuelta”, aseguró Johnson.
