Afable, cordial, compasivo, el presidente de la Asociación de Abogados de Estados Unidos (ABA, por sus siglas en inglés), William Hubbard, se conmovió hasta las lágrimas al ver la situación de los niños centroamericanos que cruzan solos la frontera en una visita reciente al sur de Texas, cerca de la frontera con México.
Pero ese sentimiento de frustración, compartido por millones de estadounidenses, va acompañado de acciones concretas en cuanto a asesoría legal que necesitan los menores para evitar su deportación a sus lugares de origen de donde escapan de la violencia, el crimen organizado, las pandillas y la pobreza.
Muchos de los niños y jóvenes sin papeles sencillamente quieren reunirse con sus padres en Estados Unidos, pero necesitan un buen consejo de un abogado. “Un momento conmovedor fue ver a jóvenes en celdas a bajas temperaturas, durmiendo en el concreto”, sin alimentos suficientes, puntualizó Hubbard en una entrevista reciente con El Tiempo Latino.
El abogado mostró su disponibilidad para unir esfuerzos con el gobierno federal y otras organizaciones a fin de responder efectivamente a la crisis reciente causada por el cruce de miles de jóvenes y niños de Guatemala, Honduras y El Salvador en búsqueda de mejores horizontes en Estados Unidos, aunque eso equivale a arriesgar su vida.
Casi 70.000 menores no acompañados han sido procesados por el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) entre el 1 de octubre de 2013 y el 30 de septiembre de 2014, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Interna. La cifra es altísima en comparación con los casi 40.000 en el año fiscal previo, un incremento del 77 por ciento.
En el año fiscal 2011 la CBP arrestó a cerca de 16.000 menores de edad, la gran mayoría de México. En respuesta a la situación humanitaria en la frontera suroeste, Hubbard estableció un grupo de trabajo sobre menores no acompañados, a fin de resolver la crisis urgente que representan los niños y para movilizar mayores recursos, talento y experiencia de miembros de la ABA con el fin de enfrentar el desafío.
El grupo de trabajo se encarga de desarrollar e instrumentar respuestas inmediatas a la necesidad de contar con un mayor número de abogados capacitados para asumir de una manera “pro-bono” los casos de inmigración, es decir, de manera gratuita.
La ABA envió una delegación, incluyendo al presidente Hubbard, en julio pasado a San Antonio, Texas, para ver de primera mano la situación en el terreno. En noviembre, Hubbard viajó al sur de Texas para conmemorar el 25 aniversario del Proyecto Pro-Bono de Representación de Asilo (ProBAR, siglas en inglés) en el Sur de Texas, que presta servicios a niños no acompañados que buscan protección en Estados Unidos.
La iniciativa es una colaboración entre la Asociación Estatal de Texas, la ABA y la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración (AILA, por sus siglas en inglés).
ProBAR tiene casi empleados en dos oficinas en Harlington, Texas, que se enfoca en presentaciones para “conocer sus derechos”, servicios legales y representación a adultos y niños no acompañados en detención en el Valle del Río Grande. En 2012, Pro-BAR prestó servicios a 6.500 menores y 3.200 adultos. Se espera que la cifra se duplique este año, al menos con respecto a los niños.
El programa cuenta con el apoyo de donaciones y fondos de organizaciones de abogados como Texas Bar Foundation, State Bar of Texas y Texas Equal Access to Justice Foundation. Asimismo, recibe fondos de los departamentos de Justicia y de Seguridad Nacional.
Pero hacen falta mayores recursos de parte del gobierno de Barack Obama, porque los programas no abastecen de acuerdo con Hubbard. Esa necesidad se acrecienta por la reciente orden ejecutiva por parte de Obama que da un alivio migratorio a padres indocumentados de hijos nacidos en EE.UU. La orden ejecutiva incluye la ampliación del programa de suspensión de deportaciones a jóvenes indocumentados que llegaron de niños a Estados Unidos, conocido como DACA por sus siglas en inglés.
Los fondos federales actuales para programas de asesoría legal a miles de niños no son suficientes, a lo que se suma la reticencia del Congreso, bajo control republicano a partir de 2015, para asignar mayores recursos.
Pero Hubbard confía en que se pueden producir avances. “Siempre soy optimista, pero también realista”, recalcó.
Por otro lado, Hubbard, socio de la oficina legal Nelson Mullins Riley & Scarborough en Columbia, Carolina del Sur, tiene duras palabras contra los notarios, que abusan de los sueños de los inmigrantes porque no tienen autoridad para practicar la ley federal de inmigración.
Los notarios o consultores de inmigración “operan por todo Estados Unidos y utilizan anuncios falsos y contratos fraudulentos para servicios que no pueden proporcionar”, indicó Hubbard haciendo eco a lo indicado en el sitio en internet de su organización.
“Ellos explotan la confianza de inmigrantes, los cuales acaban de venir a este país, todavía no entienden inglés ni conocen nuestro sistema legal, y asumen que un notario sea un abogado con el deber de proteger a sus intereses”, puntualizó.
El sitio en internet de ABA tiene información amplia en español para evitar el fraude entre la comunidad inmigrante.
