MAMÁS. De izq. a der. Lenka Mendoza, Rosario Reyes, Ivania Castillo y Alejandra Sánchez frente a la Casa Blanca el miércoles 5.
ACCIÓN. El congresista Luis Gutiérrez hizo un llamado a los inmigrantes a no desanimarse. Los instó a prepararse para DACA y DAPA.
DREAMERS. El presidente Barack Obama se reunió el miércoles 4 de febrero con seis jóvenes que ya se han beneficiado con el programa DACA.
Hay una novedad en el tema migratorio: nunca antes había sido algo tan central en lo político y posicionado de manera tan temprana en la incipiente carrera presidencial hacia la Casa Blanca. Lo comentaba el lunes, 8 de junio, el director ejecutivo de Mi Familia Vota, Ben Monterroso —para quien lo migratorio será clave a nivel local y estatal— y lo reiteraba ese mismo día el presidente Barack Obama, en medio de la frustración de inmigrantes y organizaciones enfocadas en proporcionar la plataforma salvadora a millones de indocumentados. Obama dijo, durante la cumbre del G-7 en Alemania, que la reforma migratoria ocupará un espacio fundamental de la contienda presidencial de 2016. Claro que algo parecido comentó el presidente en 2008 para a continuación estacionar el tema, implementar una durísima política de deportaciones y, posteriormente, promulgar órdenes ejecutivas, como DACA y DAPA para proteger temporalmente de la deportación a jóvenes indocumentados llegados en la niñez y los padres de algunos residentes y ciudadanos. Estas medidas se hallan hoy sometidas a un laberíntico contencioso legal que ha congelado todo un proceso que protegería unos 5 millones de indocumentados. Sin embargo, las organizaciones comunitarias siguen preparándose y celebrando reuniones y talleres para ayudar a los inmigrantes a aplicar a unos programas de los que aún no se pueden beneficiar.
Inmigración congelada
Un artículo de Jerry Markon en The Washington Post hacía referencia recientemente a un escenario que se podría calificar como la burocracia del absurdo: desde que un juez federal bloqueó por primera vez las acciones ejecutivas de Obama en febrero, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha suspendido la contratación de 3.100 nuevos empleados, la mayoría de los cuales ocuparían un edificio de 11 pisos que el gobierno tiene alquilado en Arlington, Virginia, por $7.8 millones al año. Ese edificio, ubicado en el área de Crystal City, se encuentra en estos momentos vacío. El tira y afloja migratorio genera estos espacios fantasma mientras pone a millones de inmigrantes en un limbo legal.
Pero las organizaciones comunitarias, en el área metropolitana y a nivel nacional, parecen no prestar atención a este escenario congelado y continuan movilizando, educando a los inmigrantes y capacitando a voluntarios que les ayuden en el proceso de aplicación de un eventual alivio migratorio, por muy lejano que éste parezca. Incluso una fundación financiada por George Soros acaba de contribuir con $8 millones para acelerar ese proceso.
En este sentido, Josh Hoyt, director ejecutivo de la National Partnership for New Americans, con sede en Chicago dijo que los esfuerzos continuarán.
La acción ejecutiva promulgada por Obama en noviembre protegía de la deportación a unos 5 millones de inmigrantes indocumentados —incluyendo a los padres indocumentados de residentes legales o ciudadanos— basado en ciertos criterios que éstos debían cumplir. Las medidas se proyectaron como uno de los legados de la presidencia Obama y significaba, además, la expansión de un programa de 2012 por el que se congelaban temporalmente las deportaciones de 600.000 inmigrantes traídos a este país en la infancia y a quienes se les proporcionaba permiso de trabajo.
Pero después de que Texas y 25 estados presentaron una demanda legal cuestionando la constitucionalidad de estas medidas, un juez federal en Texas detuvo su implementación, mientras se resolviera el caso. Y recientemente, una corte de apelaciones ratificó esa decisión resultando en un estancamiento que ha afectado incluso a la burocracia local. Inmediatamente después de la promulgación de las acciones ejecutivas en materia migratoria de Obama, en noviembre, el US Citizenship and Immigration Services se puso manos a la obra para poner en práctica las iniciativas, lo cual incluyó el alquiler del edificio de Crystal City, según declaraciones de la vocera de DHS, Marsha Catron a The Washington Post. A pesar de la millonaria inversión en el edificio, ahora todo se ha detenido —incluyendo la contratación de 1.000 personas para manejar DAPA en Crystal City y otras 400 a nivel nacional para ocuparse del proceso de aplicaciones para DACA. Si bien, Citizenship and Immigration Services estimó que se necesitaban 3.100 nuevos empleados para gestionar ambos programas, para los que se calculaba un costo de $484 millones anuales que se pagarían con los $465 de las cuotas de inscripción requeridas para cada aplicante.
“Todo se ha parado” dijo al Post Kenneth Palinkas, presidente del National Citizenship and Immigration Services Council 119, la organización que representa a 12.000 empleados de esa oficina federal. Palinkas dijo que se les había comunicado a los futuros empleados que su contratación estaba paralizada o que ya no se produciría.
“Ha sido un frenazo”, comentó Marielena Hincapie, directora ejecutiva del National Immigration Law Center, quien explicó que la administración Obama ha sido “demasiado cuidadosa” y que sienten “que no pueden hacer nada” mientras este proceso legal se mantenga. Pero, indicó Hincapie, estas leyes acabarán implementándose: “Hay que asegurarse de que la infrestructura está en su sitio y estar listos para cuando todo se mueva”.
Ésta parece ser la mentalidad a nivel nacional de grupos comunitarios y del activismo migratorio.
“La realidad es que no se pueden hacer las cosas de un día para otro y canalizar a 5 millones hacia el DHS de pronto”, explicó Ken Zimmerman, director de Open Society Foundations, fundada por Soros. Zimmerman dijo que los $8 millones donados se dirigen a ayudar tecnológicamente a las organizaciones que como CASA, en el área de Washington, siguen organizando talleres en Maryland, Virginia, Pensilvania y Delaware.
“Nuestro papel es mantener a las personas motivadas en el proceso”, dijo George Escobar, director de servicios humanos de CASA, para quien “es más que probable “ que el DAPA supere las demandas legales. “Por eso (y por el futuro de la reforma migratoria) debemos estar preparados”.
