Maricé Morales, delegada estatal de Maryland, es la única peruana en la Legislatura de ese estado.
La delegada estatal Maricé Morales presentó un proyecto de ley en Maryland para expandir la protección a los trabajadores indocumentados cuyos empleadores los amenazan con denunciarlos a agentes de inmigración por su estatus legal, a fin de pagarles menos o no remunerarles por los servicios ofrecidos.
“Como abogada laboral me ha tocado ver un gran número de situaciones y abusos que cometen los empleadores contra los trabajadores inmigrantes que no tienen documentos”, expresó a El Tiempo Latino Morales, representante del Distrito 19 en Montgomery, que cubre las áreas de Aspen Hill, Silver Spring, Rockville y Bretwood.
“Cada vez son más comunes estas prácticas por la vulnerabilidad de las personas que temen ser deportadas”, dijo la legisladora de origen peruano.
Morales presentó el proyecto de ley HB493 el martes 16, con el apoyo de varios legisladores. La medida propone una enmienda a la ley actual de extorsión en Maryland. “La ley protege a las personas que son extorsionadas bajo varias categorías, pero no por el estatus migratorio”, explicó.
La delegada dijo que la extorsión con los indocumentados ocurre cuando éstos se ven obligados a trabajar a cambio de un menor pago o por un proyecto de trabajo más amplio por el cual fueron contratados.
“Muchas veces el empleador se queda con el pasaporte de los trabajadores, obligándolos a trabajar bajo la amenaza de denunciarlos con Inmigración”, dijo Morales.
La abogada Paulina Vera, de la organización CASA, aplaudió la iniciativa. “Nosotros vemos muchos casos donde los contratistas abusan de los trabajadores bajo esas amenazas”, indicó Vera.
La penalidad impuesta por la ley actual de extorsión incurre en multas y pena de cárcel de manera escalada.
Si la extorsión es por menos de $1.000 se considera un delito menor con una pena máxima de 18 meses y $1.000 de multa.
Si la extorsión equivale entre $1.000 y $10.000 se considera un crimen mayor (felony, en inglés), con pena de cárcel de hasta diez años y una multa de $10.000. En cifras mayores aumenta la multa y el tiempo que el culpable podría servir en la cárcel.
En el Senado hay una versión parecida que ya está siendo revisada.
De aprobarse la enmienda, Maryland se uniría a Virginia, Colorado y California que cuentan con medidas similares.
Éste es el proyecto legislativo número 13 que presenta Morales, quien juramentó al cargo en enero de 2015.
