Una activista de inmigración, cuyo estatus de indocumentada la llevó a ser arrestada por conducir ebria, perdió su lucha legal por permanecer en el país.
Wendy Uruchi Contreras, una organizadora de Virginia que trabajaba para el grupo local de derechos migratorios CASA, recibió esta semana una orden de deportación a España después de que funcionarios de Inmigración y Aduanas (ICE) le negaran los recursos de última instancia, según explicó su esposo, Giovani Jiménez.
“Estamos devastados”, dijo Jiménez, quien vive en Fredericksburg, Virginia, con sus dos hijos Alex, de 13 años, y Lucia, de 7 años, ambos nacidos en Estados Unidos. “Mis niños están llorando, pero sabemos que no hay nada más que podamos hacer”.
Jiménez dijo que se enteró de la decisión la semana pasada, días antes de la toma de posesión del presidente Trump.
Los funcionarios de ICE no respondieron a una solicitud de comentarios sobre el caso. Uruchi, una ciudadana española de 33 años nacida en Bolivia, estuvo bajo custodia federal desde julio, cuando se declaró culpable de conducir ebria.
En su apelación, Uruchi pidió a los fiscales que ponderaran su caso tomando en cuenta su trabajo como activista comunitaria y su expediente que, antes de esta falta, era limpio.
Sin embargo, bajo las pautas de la administración de Obama, los inmigrantes condenados por conducir bajo los efectos del alcohol representan una prioridad para la deportación. Su apelación fue denegada.
“Se centraron en una cosa, que ella obtuvo ese DUI (Driving Under the Influence o conducir bajo influencia del alcohol), y fue como si ellos se olvidaron del resto al otro lado de la escala” dijo Enid Gonzalez, abogado de inmigración de Uruchi.
Ahora que Trump es presidente, la perspectiva de apelaciones de deportación exitosas es aún más sombría, dijo González.
Como candidato, Trump prometió construir un muro a lo largo de la frontera con México y deportar muchos más de los estimados 11 millones de inmigrantes indocumentados del país, especialmente aquellos con antecedentes penales.
“Sólo desde 2013, el gobierno de Obama ha permitido que 300,000 extranjeros criminales regresen a Estados Unidos”, dijo el ex presidente durante un discurso de inmigración en Phoenix. “Se trata de individuos identificados por ICE, pero que no fueron detenidos o procesados para ser deportados porque no habría sido políticamente correcto”.
Pero Kim Propeack, directora de comunicaciones de CASA, lo ve de manera diferente.
“La situación de Wendy ilustra nuestro fracaso como país al no crear un sistema de inmigración basado en la unidad familiar y los intereses de los niños”, dijo Propeack, quien ayudó a Uruchi con su apelación.
“Wendy contribuirá a la sociedad donde quiera que esté”, agregó Propeack. “Su deportación es una pérdida para nosotros”.
Uruchi llegó a Estados Unidos desde España en 2002 bajo el programa de exención de visados de Estados Unidos, que permite a los visitantes de 38 países permanecer hasta 90 días sin visa.
FOTO: Washington Post | Matt McClain
Giovani Jiménez, a la derecha, cepilla el cabello de su hija Lucía mientras Alex espera para ir a visitar a Uruchi en la cárcel regional Virginia Peninsula en septiembre. Ella será deportada esta semana.
Ella y Jiménez, su actual esposo, habían conversado online, pero sólo se vieron por primera vez cuando él la recogió en el aeropuerto internacional Dulles. Al final de sus tres meses, Uruchi decidió quedarse ilegalmente en Estados Unidos con Jiménez en lugar de regresar a Madrid, donde temía de su abusivo padrastro.
Uruchi se casó con Jiménez, tuvieron dos hijos y se establecieron en Virginia. Él trabajó como camionero; ella limpiaba habitaciones de hotel y comenzó a trabajar como voluntaria en CASA en 2013, donde contratada a tiempo completo como organizadora comunitaria de Virginia al año siguiente.
Incluso mientras ayudaba a inmigrantes indocumentados a combatir la deportación, Uruchi logró ocultar su propio estatus.
Amigos y compañeros de trabajo se sorprendieron cuando, después de declararse culpable de un cargo de DUI el 28 de mayo en el condado de Stafford, Virginia, Uruchi fue trasladada bajo custodia de funcionarios del ICE, quienes le dijeron que sería deportada.
Debido a que había ingresado bajo el programa de exención de visas, Uruchi no tenía derecho a una audiencia con un juez de inmigración. En cambio, su destino estaba en manos de los funcionarios de ICE.
González preparó una moción para la apelación de la deportación, argumentando que el envío de Uruchi a España sería un duro golpe para sus dos hijos. El pequeño Alex necesitaba la ayuda de su madre para tratar el síndrome de Asperger. Lucía se despertó en medio de la noche llorando por su madre.
El día de Halloween, un mes después de que el Washington Post informara sobre el caso de Uruchi, los funcionarios de ICE rechazaron su petición de suspensión de la deportación.
La apelación de Uruchi fue negada el 14 de noviembre. Una semana después, CASA organizó una protesta fuera de la sede del ICE en Washington, y Jiménez pidió públicamente a los funcionarios de inmigración que reunieran a su familia para la Navidad.
“Mi esposa no es un criminal”, dijo Jiménez, quien calificó la detención de su esposa como “algo que puede pasarle a cualquiera”.
La semana pasada, funcionarios le dijeron a Jiménez que su esposa sería deportada de inmediato. El domingo, él y los niños fueron a verla por última vez en la cárcel Virginia Peninsula Regional Jail en Williamsburg.
Uruchi, quien es por lo general una desafiante activista, se quebró.
“Empezó a llorar”, dijo Jiménez. “Ella dijo que lo sentía mucho, pero que pronto estaríamos todos juntos”.
Jiménez explicó que él y los niños permanecerían en los Estados Unidos hasta por lo menos el final del año escolar, y abrigó la esperanza de que a su esposa de alguna manera se le permitiera volver rápidamente. Si no, dijo, entonces los tres se mudarían a Madrid este verano.
“No tendríamos trabajo, ni lugar para vivir, mis hijos tendrían que aprender español”, dijo. “Tenemos que empezar desde cero.”
Traducido por El Tiempo Latino / El Planeta Media
