Nefi Flores había estado en un centro de detención para inmigrantes en Tacoma, Washington, durante tres meses, cuando un compañero le dijo que había una compañía que podía ayudarlo a salir en libertad.
Libre by Nexus tenía apenas un año. Pero para cuando Flores oyó hablar de la compañía en junio de 2014, había crecido de tal forma que pasó de ser una pequeña firma en el área rural de Virginia a un negocio nacional en auge.
Más de 350.000 inmigrantes indocumentados fueron detenidos entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2016, un número que podría aumentar este año bajo las restrictivas políticas migratorias del presidente Trump. Como solicitantes de asilo, aquellos que violen los términos de las visas que poseen y los acusados de delitos esperan a que sus casos sean escuchados en tribunales de inmigración con muchos casos acumulados. Miles son elegibles para la libertad bajo fianza, al igual que lo harían en los tribunales penales. Sin embargo, pocos pueden pagarlo.
Libre ha encontrado un nicho ayudándoles a pagar la fianza ─ a un costo.
A cambio de su libertad, los inmigrantes firman contratos prometiendo pagar 420 dólares al mes mientras usan los dispositivos GPS de la compañía. Pero estos contratos son objeto de juicios y denuncias de fraude por parte de inmigrantes como Flores que afirman no haberlos comprendido.
En entrevistas con The Washington Post, una docena de clientes de Libre dijeron que tenían dificultades para pagar la cuota mensual del dispositivo ─al que ellos llaman “grillete”─ y que temían que si no lo hacían, serían detenidos de nuevo.
La mayoría dijo que los empleados de Libre los amenazaron exactamente con eso. Un solicitante de asilo dijo que tenía tanto miedo de ser devuelto a la prisión que regresó a Honduras, donde se está escondiendo.
Micheal Donovan, cofundador y director ejecutivo de Libre, negó esas acusaciones de sus antiguos clientes. Dijo que la compañía explica sus contratos y no presiona a nadie para que los firme. También negó que los clientes estén amenazados y dijo que Libre nunca ha devuelto a nadie a la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) por no pagar. Aunque algunos inmigrantes también reportan lesiones de los dispositivos GPS, Donovan sostuvo que son seguros y a un precio razonable.
“Me preocupo por nuestros clientes”, señaló. “Sería magnífico no tener que cobrarles dinero, pero en realidad ese no es el sistema en el que vivimos”.
Flores había gastado sus ahorros huyendo de las pandillas en El Salvador, con la esperanza de reunirse con su esposa en Los Ángeles. Después de entregarse a los agentes de la Patrulla Fronteriza en Texas y pedir asilo, ICE lo envió al Centro de Detención del Noroeste, una instalación en forma de caverna para inmigrantes detenidos en Tacoma, y fijó su fianza en 7.500 dólares. Pero Flores estaba en la bancarrota. Su esposa se puso en contacto con las empresas de fianzas, pero éstas le exigieron garantías, como un vehículo o una casa, que la pareja no tenía.
Flores se dirigió a Libre, una empresa con fines de lucro. Su esposa llamó a la compañía y le pagó 2.170 dólares ─ 20 por ciento de su fianza más unos honorarios. Dos días después, dijo Flores en una entrevista, un empleado de Libre lo estaba esperando mientras salía del centro de detención, llorando de alegría.
El hombre llevó a Flores a un McDonald’s y le compró un Big Mac y un batido, dijo. Después, mientras se dirigían a la estación de autobuses, el empleado de Libre se detuvo en un estacionamiento vacío. El hombre le entregó un paquete de documentos en inglés, un idioma que Flores no habla, y le dijo en español que firmara, recordó Flores. Luego, le hizo una pregunta.
-¿Dónde quieres que te lo ponga?
-¿Poner qué?, Flores recordó contestar.
-La pulsera, dijo el hombre. Cuando Flores sugirió su muñeca, el hombre se burló de él.
-No creo que vayas a querer caminar con esto en tu brazo, dijo el hombre, sacando un dispositivo de vigilancia GPS del tamaño de un paquete de cigarrillos con una banda gruesa. Mientras el hombre ataba el dispositivo al tobillo de Flores, le dijo que tenía que pagar 420 dólares al mes.
Flores y su esposa no sabían que tendría que usar el dispositivo GPS, según una demanda que la pareja presentó contra Libre el pasado mes de mayo. También dijeron que pensaban que los honorarios se destinarían a pagar a la compañía por la fianza de 7.500 dólares. Sin embargo, el dinero simplemente compensó a Libre por sus servicios de monitoreo GPS hasta que se resolviera su caso de inmigración.
Libre calificó de infundados los alegatos de la demanda.
Pocas empresas se han beneficiado del resquebrajado sistema migratorio del país como Libre. Un retraso sin precedentes en la corte de inmigración de más de 540.000 casos, impulsado por la crisis de refugiados en Centroamérica y un aumento de los precios de las fianzas de inmigración, significa que muchos reclusos con derecho a fianza eligen entre pasar muchos meses tras las rejas o pagar los honorarios de Libre.
Más de 12.500 han elegido Libre, que sostiene que está proporcionando un servicio necesario.
“Sin nosotros, no hay nadie que les preste”, dijo Donovan. “La alternativa sería que esas personas permanezcan bajo custodia”.
Sus críticos argumentan, sin embargo, que la compañía está haciendo millones de dólares engañando a la misma gente que dice estar ayudando.
“Hay un demonio detrás de la puerta a la libertad”, dijo Paromita Shah, directora asociada del Proyecto Nacional de Inmigración del Gremio Nacional de Abogados, un grupo que aboga por los derechos de los inmigrantes.
A medida que Libre se ha expandido, sus contratos y tácticas han sido objeto de un creciente escrutinio por parte de abogados de inmigración, defensores y funcionarios electos. Tanto un funcionario del gobierno guatemalteco como una congresista de California han solicitado investigaciones, aunque una investigación del ICE hace tres años concluyó que la compañía no estaba violando la ley.
Dos demandas en California, incluyendo una demanda colectiva presentada el mes pasado, podrían traer nueva atención a las prácticas comerciales de la empresa y al control que ejerce sobre la vida de sus clientes.
“Huí de mi país”, dijo Flores, “sólo para encontrar algo aquí que es aún peor”.
“Somos la única esperanza”
Con más de 6.500 clientes actuales, 200 empleados y casi 30 oficinas, incluida una en El Salvador, Libre by Nexus cuenta con ingresos anuales de más de 30 millones de dólares. Sigue creando nuevos emprendimientos: alquiler de casas, tratamiento de drogas y alcohol, asesoramiento legal y una agencia de empleos. Donovan, quien fundó la compañía hace cuatro años con su socio, Richard Moore, dijo que espera que los clientes de Libre se dupliquen al final del año.
Parado en el estacionamiento de la sede de su compañía en Verona, 100 millas (unos 160 km) al oeste de Richmond, Donovan señaló un montón de tierra donde planea una expansión de 19 millones de dólares, incluyendo “un museo estadounidense del inmigrante detenido”.
Él no está preocupado de que los negocios de Libre puedan verse afectados negativamente por la promesa de Trump de construir más centros de detención y acelerar las deportaciones, dijo. De hecho, planea contratar a 150 nuevos empleados en los próximos meses para mantenerse al día con la demanda.
“Lo que vamos a terminar teniendo son campos de detención a lo largo de la frontera sur, y la gente consumiéndose en ellos”, dijo. “Y sé que somos la única esperanza que un número significativo de esas personas tendrán… Así que tengo que encontrar una manera de hacer crecer nuestro negocio para servir a más de ellos”.
Donovan y Moore, ambos de 39 años, se conocieron como adolescentes y se casaron el año pasado. Son ex convictos que se convirtieron en cabilderos, luego empresarios multimillonarios. En el camino, Donovan se convirtió en un ministro ordenado (o sacerdote).
A finales de los años noventa y principios de los años 2000, fueron condenados repetidamente por escribir cheques sin fondos a negocios de Virginia y sirvieron períodos cortos en una cárcel.
Donovan y Moore no tratan de ocultar sus antecedentes penales. Donovan a menudo cita su propia experiencia con el encarcelamiento como la inspiración que dio lugar a Libre by Nexus.
En 1999, después de que Donovan fue acusado de escribir cheques falsos a cuatro hoteles de Virginia del Norte, no pudo pagar su fianza de 45.000 dólares. Pasó más de siete meses en la cárcel antes de declararse culpable de ocho delitos graves y recibir tiempo de servicio, de acuerdo con los registros judiciales.
Cita esos siete meses como el comienzo de su interés en el proceso de las fianzas y el sistema de justicia penal.
“No tenía antecedentes penales”, dijo. “Ahora soy un delincuente convicto. Nadie quería contratarme. Ni siquiera podía alquilar un apartamento”.
Donovan dijo que su vida había dado un giro después de eso. Pero una década más tarde él y Moore, que se negó a ser entrevistado para esta historia, fueron nuevamente acusados de delitos financieros. En el verano de 2009, cuando se ofrecieron como voluntarios en la infructuosa campaña primaria del demócrata Mike Signer como candidato a vicegobernador de Virginia, alquilaron habitaciones y oficinas bajo nombres falsos en un hotel de Williamsburg y evitaron pagar una factura de 25.000 dólares. Al parecer, hicieron lo mismo en al menos otros dos condados, según los registros policiales.
Después de que él y Moore pagaron cinco meses de condena por el incidente del hotel, lanzaron una empresa llamada Project Nexus. Ellos ayudaron a pagar fianza de personas que no podían hacerlo, pusieron monitores GPS en el tobillo de esas personas y les cobraron una tarifa, aunque pocos realmente la pagaron, dijo Donovan.
“Intentábamos que sus vidas retomaran su curso antes de acudir a los tribunales para someterlos a juicio y sentencia, con la esperanza de poder decirle al juez: ‘Mira, esta persona lo está haciendo mucho mejor. Usted no quiere ponerlos en la cárcel’”, dijo.
Aunque Donovan ha descrito a Project Nexus como una organización sin fines de lucro, nunca se registró como tal, reconoció un portavoz de la compañía.
Donovan se convirtió en sacerdote ordenado en 2010, dijo, y sirvió como pastor asociado de River of Life Ministries en Harrisonburg, Virginia, desde 2012 hasta 2013.
“Realmente se conectó con la gente”, recordó Cindy Carr, la pastora de la iglesia. “Es un cuentacuentos”.
Ambos hombres también comenzaron a trabajar como cabilderos en Richmond en nombre de la industria de fianzas. Donovan representó a Bail USA, una de las compañías de fianzas más grandes de la nación, y él y Moore ayudaron a fundar la Asocación de Agentes de Fianzas de Virginia.
Entre los proyectos de ley que Donovan defendió en la legislatura de Virginia estaba la HB 728, que habría cortado el número de defendidos elegibles para los servicios antes del juicio (pretrial services), requiriendo que en su lugar pagaran la fianza.
Los críticos consideraron que el proyecto de ley era una bendición para los fiadores lo que obstruiría las cárceles y costaría dinero a estado. Cuando la legislación propuesta fue derrotada, Donovan y Moore introdujeron otra versión en Colorado, donde apareció en la boleta de 2010 como la Proposición 102.
Donovan encabezó la campaña “Calles Seguras de Colorado”, advirtiendo una manifestación del Tea Party sobre “programas administrados por el gobierno que liberaron de la cárcel a delincuentes violentos, atroces y criminales con tus impuestos”. Uno de los anuncios de la campaña incluía a un criminal negro asaltando una casa y disparando a una familia.
Funcionarios policiales denunciaron la Proposición 102, y el sheriff del condado de Arapahoe la calificó como un “esfuerzo por alinear los bolsillos de la industria de las fianzas con fines de lucro”. Los votantes rechazaron la medida.
Donovan y Moore han dejado de hacer lobby en nombre de otros. Ahora emplean a sus propios grupos de presión, dijo Donovan, incluyendo al ex líder de la mayoría del Senado Trent Lott (Republicano de Mississippi). Lott declinó hacer comentarios para este artículo.
Donovan dijo que Libre está apoyando la reforma migratoria, incluyendo la protección del Congreso para los adultos jóvenes conocidos como “Dreamers”, inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños por sus padres.
“Empleo a los grupos de presión cada vez que buscan aprobar una legislación que nos pondría fuera del negocio”, dijo Donovan. “Soy un poco un enigma en ese sentido”.
“El lugar más oscuro”
Donovan llevaba tres años trabajando en Project Nexus cuando tuvo una epifanía.
Estaba hablando con un salvadoreño que tenía un familiar en un centro de detención de ICE cuando se enteró de que el salvadoreño no podía pagar el 10 por ciento de la fianza, como es común en la corte penal. En cambio, ICE exige que las fianzas de inmigración sean pagadas en su totalidad por alguien con estatus legal en Estados Unidos. Si una persona indocumentada trata de pagar la fianza de alguien, entonces ellos también serán detenidos.
Como resultado, muchos inmigrantes indocumentados recurren a agencias de fianzas. Dado que están afiliados a compañías de fianzas registradas en el Tesoro de los Estados Unidos, pueden hacerse cargo con nada más que una promesa de pago si la persona no se presenta a la corte. Pero pocas agencias estaban dispuestas a hacerse cargo de fianzas de inmigración porque son más riesgosas y los casos pueden arrastrarse por años.
Donovan dejó de hacer lo que estaba haciendo.
“Nos dimos cuenta de que necesitábamos encontrar el lugar más oscuro en el sistema de justicia estadounidense donde la ayuda era más necesitada”, dijo Donovan. “Y eso era la inmigración”.
Era un cambio oportuno. A partir de 2009, el número de casos pendientes de inmigración había comenzado a aumentar drásticamente, junto con el tiempo promedio de espera para las audiencias. Para abril de 2013, cuando se incorporaron los Programas Nexus, una afluencia de refugiados centroamericanos estaba llevando este retraso a un nivel sin precedentes.
Había una gran demanda de pagos de fianza de inmigración, pero poca oferta, y su costo iba en aumento.
Según un análisis de The Washington Post de los datos de ICE, el costo promedio de una fianza de inmigración aumentó en más de 70 por ciento en los últimos tres años, de 5.400 dólares en el año fiscal 2013 a alrededor de 9.300 dólares en 2016. El año pasado, 12 por ciento de los inmigrantes detenidos en el país ─más de 42.000─ encontraron una manera de fijar la fianza.
Debido a sus antecedentes penales, Donovan y Moore no están autorizados a pagar fianzas. En cambio, la compañía actúa como intermediaria, utilizando los monitores GPS en el tobillo para tranquilizar a las agencias de fianzas porque los clientes inmigrantes no se escaparán.
Cuando la familia de un inmigrante paga a Libre el 20 por ciento de la fianza para sacarlos de la detención, Libre pasa el 15 por ciento a la agencia de fianza, mantiene el 5 por ciento y comienza a cobrar a los inmigrantes 14 dólares al día por monitoreo. Libre alquila sus dispositivos GPS por 3 dólares al día, según documentos judiciales archivados en Georgia. La compañía dijo que la cifra era incorrecta, pero no que proporcionaría el costo.
No hubo competencia, aunque el propio ICE contrata una empresa privada, BI, para vigilar a los inmigrantes indocumentados con dispositivos GPS de tobillo en lugar de detenerlos. El programa, que ha crecido de 6.000 inmigrantes en 2013 a alrededor de 30.000 en la actualidad, no cuesta nada a los inmigrantes. En cambio, BI cobra al gobierno 4,41 dólares por inmigrante al día, según un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional de 2015. ICE gastó alrededor de 50 millones de dólares en el programa el año pasado.
Una portavoz de ICE dijo que la agencia no tiene relación con Libre y no comentaría sus prácticas comerciales.
Eileen Blessinger notó por primera vez la actuación de Libre a principios de 2013 cuando Donovan comenzó a aparecer en la corte de inmigración de Arlington en nombre de clientes detenidos.
“Donovan estaba vestido como un sacerdote con una túnica negra y un cuello clerical”, recordó Blessinger, una abogado de inmigración. Al principio, no pensó mucho en el sacerdote y su compañía. “Pero luego descubrí lo que estaban cobrando”, dijo.
Ella y un abogado de defensa criminal, David Bernhard, fueron a las autoridades. Bernhard, que acaba de ser nombrado juez de circuito en Virginia, pidió a la policía del condado de Fairfax que investigue a la compañía y dijo que tenía clientes dispuestos a usar un “wire” (micrófono oculto inalámbrico). Los detectives del condado de Fairfax pasaron el caso a la policía de la ciudad de Fairfax, quien lo abandonó.
Frustrado, Bernhard envió un correo electrónico el 18 de septiembre de 2013, a una lista de abogados de defensa criminal que luego fue enviada a los abogados de inmigración. Allí listó las convicciones criminales de Donovan y Moore y las fotos de sus registros policiales.
Un mes más tarde, ICE lanzó su propia investigación a Libre, de acuerdo a los registros obtenidos por el Centro de Justicia de Asistencia Legal a través de una solicitud fundamentada en Ley de Libertad de Información y compartida con The Washington Post.
Agentes de inmigración citaron registros telefónicos y financieros de Donovan y Moore. También se reunieron en septiembre de 2014 con Blessinger. Ella les dijo que “Nexus se estaba aprovechando de sus clientes debido a su situación”, pero “no pudo afirmar que lo que Nexus estaba haciendo estaba en contra de la ley”, según el informe de un agente.
“Los contratos fueron firmados entre Nexus [y] adultos competentes”, concluyó el agente. “Las presuntas víctimas… Pueden estar en una posición desesperada… Pero no hay pruebas que demuestren que Nexus esté violando cualquier ley bajo la autoridad de [Investigaciones de Seguridad Nacional] como para investigar”.
Alegatos de fraude
Un año después de sentir por primera vez la banda de fibra óptica de Libre alrededor de su tobillo, Nefi Flores pensó que estaba casi libre de ella y las sospechas que ésta generaba.
Un conductor de autobús lo había visto y llamó a ICE. Los vecinos supusieron que era un criminal. Un árbitro le ordenó salir de un campo de fútbol.
Flores aprendió a usar pantalones largos para ocultar el dispositivo y calcetines (o medias) gruesos bajo zapatillas cortas para evitar el roce. Sobre todo, aprendió a pagarle a Libre by Nexus a tiempo, por temor a que sus empleados lo bombardearan a él y a su esposa con llamadas telefónicas.
Con cada pago, Flores sentía que estaba más cerca del día en que podía quitárselo. En julio de 2015, había pagado a la compañía más de 7.000 dólares ─casi la cantidad total de su fianza.
Pero cuando le preguntó a un empleado de Libre por el estado de su cuenta, le dijo que todavía estaba en 7.500 dólares.
Flores se quedó estupefacto. Cuando amenazó con dejar de pagar, la mujer supuestamente le dijo que podría ser enviado de vuelta a la cárcel.
Flores demandó a Libre por fraude el pasado mes de mayo.
Ahora sus acusaciones han hecho eco a través de dos hondureños que han presentado una demanda colectiva en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en el norte de California. Libre by Nexus, el nuevo juicio argumenta, “se aprovecha de la vulnerabilidad de los detenidos y la comprensión limitada de inglés para imponer leoninos términos financieros y grilletes de GPS a los detenidos”.
Los solicitantes de asilo Juan Quintanilla Vásquez y Gabriela Perdomo Ortiz, que viven en Oakland, California, argumentan que fueron deliberadamente engañados sobre lo que ellos llaman los “espantosamente malos” términos del contrato.
“De forma abrumadora, los clientes poseen una capacidad limitada o nula para comunicarse o leer inglés”, dice la demanda. “Sin embargo, prácticamente todos los documentos ‘contractuales’ proporcionados por [Libre by Nexus] están únicamente en inglés”.
Donovan dijo que los empleados explican los contratos y que la compañía siempre ha tenido formularios disponibles en español, aunque sólo comenzó a requerir que los empleados los entreguen a clientes de habla hispana el año pasado. Y rechazó las acusaciones de que los clientes se entregarían a ICE si no pagan sus honorarios.
“No amenazamos con volverlos a detener”, dijo Donovan, agregando que los empleados que lo hicieron serían despedidos.
Libre citó a clientes específicos como ejemplos del impacto positivo de la empresa. Uno de ellos, José Guzmán, es un hondureño de 42 años que pasó 33 meses en un centro de detención de ICE cerca de Los Ángeles. Dijo que no podía pagar su fianza de 40.000 dólares después de haber sido atrapado por conducir sin licencia. Ya tenía una condena por violencia doméstica.
“Pasé tres navidades sin mis hijos”, dijo Guzmán, que se enteró de la existencia de Libre en 2014. “No me importa si ponen 10 grilletes en mi pierna siempre y cuando llegue a estar con mi familia”.
Guzmán dijo que su caso de inmigración sigue sin resolverse, pero la compañía voluntariamente cortó su monitor de tobillo después de 18 meses, momento en el que había pagado alrededor de 17.000 dólares en honorarios.
Pierre Laflamme, inmigrante canadiense que vive en Mesa, Arizona, también elogió a Libre, llamando a la compañía “una bendición” después de que fue detenido por drogas y no podía pagar una fianza de 8.000 dólares. Dijo que entendía los términos del contrato, pero agregó que los 420 dólares al mes eran “literalmente cada centavo que teníamos”. Su audiencia de inmigración es en agosto, sin embargo, los honorarios de Libre le han dejado incapacitado para pagar a un abogado, dijo.
“Me hablaron de su programa legal pro bono”, dijo Laflamme, “pero cuando llamé, me dijeron: ‘¿Tienes algún medio para pagar?’. Cuando dije que no, me enviaron a un contestador automático y nunca más he escuchado de ellos de nuevo”.
Los honorarios de Libre a menudo llevan a sus clientes a tomar decisiones dolorosas y llenas de pánico.
Franklin Ortega García era dueño de una pequeña peluquería en Honduras hasta que los pandilleros comenzaron a exigirle “impuestos de guerra”. Huyó a Estados Unidos en 2015 después de negarse a pagar, se entregó en la frontera y pidió asilo.
Después de tres meses en un centro de detención, su cuñada le pagó a Libre cerca de 3.000 dólares para sacarlo en julio de 2015. Un empleado de la compañía lo recogió en una instalación de ICE en Calexico, California, y le advirtió que podría ser devuelto a la prisión si no pagaba los honorarios mensuales, dijo Ortega.
Pero Ortega sólo ganaba 150 dólares por semana trabajando ilegalmente como barbero cerca de Houston. Fue despedido de un trabajo de construcción cuando los trabajadores indocumentados vieron su monitor GPS, preocupados de que pudiera atraer a ICE.
Donovan dijo que Libre trabaja con clientes que están teniendo problemas, a veces renunciando a los honorarios. También dijo que la compañía pretende eliminar los dispositivos GPS de los clientes dentro de seis meses o un año.
Pero Ortega pagó más de un año, dijo, salvo por un mes cuando un empleado de Libre dejó pasar el pago de la alícuota. Cuando ya no podía seguir con los pagos, la compañía comenzó a llamar a su cuñada, que había co-firmado su contrato Libre.
Asustado de que ICE pronto tocaría a su puerta o su cuñada se vería obligada a pagar a Libre en su lugar, Ortega tomó un vuelo el 29 de diciembre de 2016 al mismo país donde las pandillas habían amenazado con matarlo.
Antes de dirigirse al aeropuerto, sin embargo, tomó prestadas las herramientas de un amigo. Luego cortó el dispositivo GPS que lo había perseguido durante un año y medio y lo dejó en la basura.
“Me ayudaron a salir de la cárcel”, dijo desde Honduras, donde ha estado mudándose de la casa de unos parientes a otra para evitar las pandillas. “Pero sólo me liberaron para que pudieran encarcelarme de nuevo y hacerme trabajar para ellos”.
Libre cuestionó sus alegatos y proporcionó una llamada telefónica grabada en la que Ortega citó “problemas personales” como razón para abandonar Estados Unidos. En esa misma llamada, Ortega le dijo a un trabajador de la empresa que había tirado a la basura su dispositivo GPS, que Libre valora en sus contratos en 4.000 dólares.
“Tendremos que cobrarle por eso, señor”, respondió el trabajador que lleva el caso, quien dijo que hablaría con su supervisor sobre el caso de Ortega.
“Estaremos aquí para ti”
Cuando el cargador del monitor GPS de Leyli Martínez Pérez se incendió, el número al que llamó no fue el 911. Fue a Libre by Nexus.
Cuando llegó al Centro Médico Regional de Conroe cerca de Houston una hora después, no estaba en una ambulancia, sino en un automóvil conducido por un empleado de Libre.
Y cuando la salvadoreña de 25 años habló con los médicos sobre la mano que se quemó al sacar el cable del dispositivo, no fue a través de un traductor del hospital, sino de la gerente de su cuenta en Libre, Wendy Cruz.
“Siempre que era hora de un examen o algo así, Wendy me decía qué hacer”, dijo Martínez Pérez, quien pasó la noche y parte del día siguiente en el hospital recibiendo tratamiento. Y cuando Cruz trajo un documento legal a su cama, Martínez Pérez volvió a hacer lo que le dijeron, firmar el documento renunciando a su derecho a demandar a la compañía por sus lesiones. A cambio, la compañía acordó no cobrarle durante seis meses o ponerle otro monitor GPS, dijo.
Martínez Pérez ahora lamenta el trato hecho. Ella trabaja en una lavandería, donde a veces el vapor hace que la cicatriz de su mano pique. Mientras tanto, las cuentas del hospital por alrededor de 3.000 dólares siguen llegando, y Cruz no está respondiendo sus llamadas, dijo.
“Ellos me dijeron: ‘Vamos a pagar todas sus cuentas médicas. Lo que necesite, lo conseguiremos para usted. Estaremos aquí para ti’”, dijo. “Pero cuando salí del hospital, no estaban en ninguna parte. Sólo estaban allí cuando querían cobrarme”.
Cruz remitió las preguntas sobre el incidente a Libre, que dijo que el incendio fue causado por un cableado defectuoso, no por su dispositivo. La compañía proporcionó fotos del enchufe quemado y del dispositivo de carga carbonizado.
Otros clientes de Libre también se quejaron de sus monitores GPS, que dicen que se calientan cuando se están cargando ─ una acusación que Libre negó.
Jesús Escobar Villalta, un solicitante de asilo de 22 años de edad de Honduras, dijo que su dispositivo GPS comenzó a lastimar su tobillo poco después de su liberación de la custodia de ICE. Pronto, una ampolla se transformó en una infección que le hinchó el tobillo, dijo Escobar Villalta. Pero cuando llamó a Libre, la compañía le dijo que no fuera al hospital porque los médicos cortarían el dispositivo, recordó.
Cuando su hermano finalmente lo llevó al hospital, los doctores cortaron el dispositivo.
“Podría haber perdido el pie”, dijo. “Eso es lo que me dijeron los doctores”.
Al igual que Martínez Pérez, Escobar Villalta dijo que firmó un documento acordando no demandar a Libre a cambio de unos cuantos meses de no pagar la cuota. Y como Martínez Pérez, dijo que la compañía no había cumplido su promesa de pagar su factura de hospital de 1.500 dólares.
La empresa dijo en un correo electrónico que su dispositivo no era culpable de su hospitalización y “si la factura del hospital del cliente no se pagó fue porque nunca recibimos una copia”.
Una semana después de que Escobar Villalta regresara del hospital, los empleados de Libre aparecieron con otro dispositivo.
“Voy a tener que usar el grillete para siempre”, dijo. “Ahora está en el otro pie”.
Todavía temeroso
Para Nefi Flores, su penosa experiencia con Libre podría terminar en pocos meses.
Su demanda por fraude está programada para ir a juicio en mayo. Libre ha contrademandado, alegando incumplimiento de contrato después de que Flores dejó de enviar el dinero a la compañía en agosto de 2015.
Aunque ya no paga, todavía lleva el dispositivo GPS después de casi tres años, temiendo que pueda ser arrestado por dañar la propiedad de otra persona o que lo vuelvan a arrestar si lo corta.
Flores, que espera recibir asilo en una audiencia de inmigración en agosto, trabaja dos veces, a menudo siete días a la semana, como chofer parqueando vehículos (o coches) y en una fábrica de lámparas.
Está tan ocupado que a veces se olvida del dispositivo en el tobillo, sólo se acuerda cuando se engancha a la puerta de un coche que está estacionando o cuando lo golpea con un pedazo de maquinaria.
Cada noche, cuando se desviste, ver el dispositivo es un recordatorio de su futuro incierto en Estados Unidos. Y todas las mañanas, cuando mueve sus piernas de la cama, siente su peso.
