WASHINGTON – Entre miércoles y jueves, los jueces federales de Hawai y Maryland suspendieron el veto migratorio revisado del Presidente Trump, dos derrotas significativas, bloqueando secciones críticas de la orden ejecutiva unas horas antes de que esta fuera puesta en vigencia. Poco después de la primera sentencia, Trump prometió en una concentración que llevaría el caso a la Corte Suprema, si es necesario, al mismo tiempo que declaró que “debería” restablecer su prohibición de viaje original y luchar por ello en los tribunales.
Trump ha estado en una situación similar antes, después de que un juez federal en el estado de Washington suspendiera su primer veto migratorio. Sus opciones ahora, sin embargo, parecen aún más limitadas. Ya ha revocado y reescrito la orden – e incluso los cambios significativos que hizo no fueron suficientes para convencer al poder judicial de que su decreto debería permitírsele entrar en vigencia, al menos por ahora.
Él tiene dos sentencias en su contra en dos circuitos federales diferentes, lo que significa que ahora tendrá que convencer a dos diferentes tribunales de apelación para revocar la decisión de los jueces inferiores para levantar inmediatamente la medida que dejó sin efecto su veto migratorio, dijo Stephen W. Yale-Loehr, profesor práctica legal sobre inmigración en la Facultad de Derecho de Cornell. También se espera que un juez federal en Washington se pronuncie al respecto.
Todos los caminos, dicen los analistas legales, ahora pueden conducir al Tribunal Supremo, aunque el Departamento de Justicia se ha comprometido sólo a que “continúe defendiendo este decreto en los tribunales”.
Aquí están las opciones que tiene el gobierno, y el camino que los analistas dicen que los funcionarios de la administración son más propensos a tomar a medida que tratan de restablecer el nuevo veto migratorio de Trump.
– (1) Pedir la intervención de la corte de apelaciones, y hacerlo rápidamente
La última vez, los abogados del Departamento de Justicia presentaron ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito una moción de emergencia para detener el bloqueo que un juez inferior hizo de su decreto migratorio. Esa apelación fue rechazada y, en última instancia, un panel de tres jueces dictaminó por unanimidad que la prohibición debería permanecer suspendida.
Hawái, donde el juez federal Derrick K. Watson emitió la suspensión más radical de la nueva prohibición de Trump el miércoles, se encuentra en el noveno circuito, por lo que la apelación de Trump volvería a tener que pasar por ese tribunal. El tribunal tiene fama de ser liberal, y Trump se ha referido a él como un circuito “en caos”.
El cuarto circuito ─ del cual Maryland forma parte ─ tenía una reputación de ser más conservador, aunque en los últimos años, parece que se ha hecho más liberal, dijo a León Fresco, subprocurador general adjunto de la Oficina de Litigación sobre inmigración en el otrora Departamento de Justicia, en la administración de Barack Obama.
Yale-Loehr dijo que el primer paso del gobierno probablemente sería apelar en ambos lugares, ya que un fallo favorable en un caso no va a deshacer la restricción de la orden en el otro. El juez de distrito estadounidense Theodore D. Chuang, el juez federal en Maryland, emitió una orden de restricción con menor alcance que la de Hawái, pero aún era significativa. Chuang bloqueó la sección clave de la orden ejecutiva que impidió la emisión de nuevas visas a los residentes de seis países de mayoría musulmana, mientras que Watson, el juez de Hawái, bloqueó esa y la sección que suspendió el programa de refugiados de los Estados Unidos.
Si el Departamento de Justicia presentara otra vez una moción de emergencia para detener el fallo de Watson, tendrían tres jueces diferentes para considerarlo. El panel de mociones para el mes de marzo está compuesto por Milan D. Smith, Jr., un juez nombrado por el ex presidente George W. Bush; Morgan Christen, nombrado por Obama, y John B. Owens, otro nominado por Obama. Los jueces que rechazaron la última apelación fueron Michelle T. Friedland, quien fue nombrada por Obama; Richard R. Clifton, quien fue designado por George W. Bush; y William C. Canby Jr., quien fue nombrado por el ex presidente Jimmy Carter.
Las consideraciones esta vez son algo diferentes. La primera orden ejecutiva de Trump prohibió la entrada a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana, y resultó en la revocación provisional de decenas de miles de visas. El nuevo veto migratorio no afecta a los actuales titulares de visados, afecta sólo a seis países y detalla una sólida lista de personas que podrían solicitar excepciones. Ambos decretos suspendieron el programa de refugiados.
La decisión anterior del Noveno Circuito, sin embargo, es instructiva en muchos aspectos. El panel de tres jueces escribió, por ejemplo, que incluso un decreto que eximiera a los residentes permanentes y otros no abordaría sus preocupaciones acerca de los ciudadanos estadounidenses con interés en el derecho a viajar de los que no ciudadanos. Y los fallos de la corte de distrito sobre el nuevo veto migratorio apuntaron ampliamente a los comentarios del Presidente Trump y los principales asesores que indicaban que querían impedir que los musulmanes ingresaran a Estados Unidos.
El Departamento de Justicia tendría que convencer a los tribunales de apelaciones de que esa evidencia -que según escribieron los jueces de Hawái y Maryland son una fuerte indicación de que el decreto podría desfavorecer a una religión y violar la Cláusula de Establecimiento de la Primera Enmienda- no debe ser considerada, no es relevante o no representa una muestra de lo que los demandantes afirman que hace.
Cabe destacar que el Noveno Circuito reveló el miércoles pasado que la mayoría de sus jueces no habían votado a favor de reconsiderar la opinión del panel de tres jueces sobre el primer veto migratorio. Cinco jueces, sin embargo, disintieron, declarando que Trump estaba bien dentro de su autoridad, incluso la primera vez, y que la controversia sobre la aplicación de la medida podría haber llevado a una decisión errónea.
“Todos somos muy conscientes de la enorme controversia y el caos que siguieron a la emisión de la Orden Ejecutiva. La gente impugnó el alcance de los intereses de seguridad nacional que están en juego y debatieron el valor que el decreto añadió a nuestra seguridad contra el sufrimiento real de emigrantes potenciales”, escribió el juez Jay S. Bybee por los disidentes. “Tan tentador como es usar el poder judicial para equilibrar esos intereses en competencia como mejor nos parezca, no podemos dejar que nuestras inclinaciones personales estén por encima de los principios importantes y generales sobre quién puede tomar decisiones en nuestra democracia”.
Fresco, que ahora trabaja en el bufete de abogados de Holland & Knight, dijo que aunque “no estaba personalmente a favor del veto migratorio”, los disidentes plantearon algunos puntos importantes, y la decisión de Hawái estaba lejos de ser una “cosa segura”. En particular, dijo, no abordó directamente la cuestión de si los comentarios del presidente pueden “manchar irrevocablemente la capacidad de emitir nunca una orden como esta”.
“En realidad creo que la Corte Suprema será la primera legítima lucha sobre estos temas”, dijo Fresco.
– (2) Revisar los procedimientos de investigación, con miras a publicar algo que no sea un veto
La siguiente orden ejecutiva, como la anterior, se supone que es una medida temporal, implementada para que el secretario de Seguridad Nacional y otros jefes de agencia puedan revisar los procedimientos de inspección de los Estados Unidos y la información proporcionada por otros países acerca de los ciudadanos que quieren venir a Estados Unidos.
La orden ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que, en un plazo de 20 días a partir de la fecha de entrada en vigor de la orden, determinara la información que Estados Unidos necesitaría para examinar a los viajeros y una lista de países que no proporcionaban datos adecuados. A esos países se les daría entonces 50 días para comenzar a proporcionar la información, de acuerdo con la orden.
Se suponía que la administración debía haber estado trabajando en esa revisión la primera vez, aunque con un nuevo decreto llegaron nuevos plazos. Aunque es probable que quieran ganar en los tribunales para evitar un precedente que restrinja la autoridad, Fresco dijo que el gobierno también podría terminar su revisión e implementar nuevos procedimientos de investigación que no impusieran una prohibición absoluta. Eso podría cuestionar el litigio, dijo.
– (3) ¿Restaurar el vieja decreto? No si Trump quiere ganar, dicen los analistas
En una manifestación el miércoles pasado, no mucho después de que el juez de Hawái fallara contra el decreto, Trump lanzó una solución completamente diferente.
“Creo que deberíamos volver al primero [decreto] y seguir todo el camino, que es lo que quería hacer en primer lugar”, le dijo a una animada multitud.
Es técnicamente posible que pueda hacer eso. Yale-Loehr dijo que Trump “podría restablecer su orden ejecutiva anterior, pero sería una tontería hacerlo”, sobre todo teniendo en cuenta las decisiones del Noveno Circuito. Fresco dijo que su única opción sería la Corte Suprema, donde tendría que lidiar con todos los problemas legales que su orden revisada buscaba eliminar.
“Creo que [el primer decreto] va a tener una muy fea recepción en la Corte Suprema, donde no creo que sea necesariamente el caso con este nuevo veto migratorio”, dijo Fresco.
(Traducción El Tiempo Latino/El Planeta Media)
