Un grupo de abogados expertos en inmigración y funcionarios policiales y gubernamentales participaron el viernes 19 de mayo en el foro “Sanctuary Cities: Legitimate Law Enforcement Policy or Rogue Action?” organizado por la American Bar Association, para debatir sobre las competencias de autoridades locales y nacionales sobre las ciudades santuario.
Entre los panelistas estuvieron Tracy Short, Asesor Legal de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), J. Thomas Manger, Jefe de la Policía del Condado de Montgomery y Chad R. Mizelle, Consejero del Procurador General Adjunto del Departamento de Justicia.
Otros panelistas fueron Betsy Cavendish, Consejera General de la Alcaldesa del Distrito de Columbia, Muriel Bowser, Michele Waslin, Investigadora y Analista del American Immigration Council, Paromita Shah, Directora Asociada del National Immigration Project y Michael Neifach, ex asesor de ICE.
Moderado por Karen T. Grisez, en el foro los panelistas fijaron sus posiciones sobre las ciudades santuario, en el contexto del actual clima migratorio, derivado de las órdenes ejecutivas y políticas del Presidente Donald Trump, quien prometió en su campaña deportar a los indocumentados y eliminar fondos federales a las ciudades que los protejen.
“Contrariamente a lo que muchos creen, las pólizas de las ciudades santuario no son hechas para proteger a quienes cometen delitos. Las ciudades santuario sí cooperan con las autoridades policiales o de inmigración para identificar a presuntos criminales”, dijo Michele Waslin, quien por 20 años ha conducido investigaciones sobre el tema migratorio y ha colaborado con quienes promueven una reforma migratoria efectiva.
“Si mi casa se está quemando o la están robando y el único testigo es una persona que no tiene documentos en regla, yo voy a estar feliz de que esa persona llame a los bomberos o a la policía”, ejemplificó Waslin sobre la ayuda que puede prestar un miembro de una determinada comunidad independientemente de su estatus migratorio.
Los panelistas también exploraron cómo varían las políticas de ciudades santuario entre las diferentes jurisdicciones; el impacto en la policía local; las potenciales represalias contra las ciudades santuario, incluyendo la pérdida de fondos federales y la constitucionalidad de la cooperación voluntaria u obligada con las autoridades federales de inmigración y si las ciudades santuario en última instancia crean comunidades más seguras y más prósperas.
A su turno, Betsy Cavendish, reafirmó las políticas del Distrito de Columbia en cuanto a las ciudades santuario.
“DC es una ciudad, un condado y un estado”, dijo Cavendish al iniciar su intervención.
“Ser una ciudad santuario es una manera de hacer más seguro y fuerte al Distrito de Columbia y nosotros sabemos que la gente se siente más segura cuando todos pueden reportar un crimen”, agregó. “La Policía Metropolitana no pide documentos a nuestros residentes para conocer su estatus migratorio al menos que estén envueltos en un caso criminal”, afirmó la asesora, ratificando las políticas del gobierno que encabeza Muriel Bowser.
Washington, DC, ha sido una ciudad pro inmigrante por muchos años y este año destina $500 mil de su presupuesto para financiar a organizaciones comunitarias, privadas, sin fines de lucro, asociaciones y firmas de abogados que presten servicios legales a los inmigrantes, legales o no, que residen en el Distrito de Columbia, confirmando a la capital como una ciudad santuario, que protege generosamente a los indocumentados.
Luego de aclarar que no es abogado pero sí tiene una amplia experiencia como policía, Thomas Mager hizo un llamado a la comunidad para que “no se abstenga de solicitar ayuda en cuanto se requiera, en casos de ser testigos o víctimas de crímenes”.
“Nuestra política es que no preguntamos sobre el estatus migratorio de víctimas o testigos de crímenes”, dijo Manger.
Luego de la divulgación de las medidas ejecutivas del Presidente Donald Trump en materia de inmigración, el miedo se ha generalizado en la comunidad inmigrante que reside en el área metropolitana de Washington, especialmente en las personas que no tienen documentos.
“Nosotros no trabajamos con Inmigración, somos una oficina del gobierno del Condado de Montgomery. Inmigración es una oficina del gobierno federal”, explicó el Policía
A su turno, Chad Mizelle expresó:
“Todo inmigrante que esté en este país ilegalmente y viole las leyes debe ser deportado. Una jurisdicción local o estatal no puede establecer sus propias políticas para proteger a los indocumentados”.
Por su parte, Tracy Short, confirmó lo expresado por el Presidente Trump en el sentido de que el gobierno “tiene que velar con el cumplimiento de la Ley de Inmigración para garantizar la seguridad de las personas y evitar el terrorismo”
