Activistas colombianos denunciaron en el área metropolitana de Washington los violentos atropellos que sufrieron los habitantes de Buenaventura, Colombia, durante las tres semanas en las que se realizó un paro cívico en esa ciudad del Departamento de Valle del Cauca, y que dejó centenares de víctimas, entre ellas 2 muertos y más de 300 heridos.
Los habitantes de Buenaventura, una de la ciudades-puerto con mayor movimiento de carga en Latinoamérica, pero con los mayores índices de pobreza en Colombia, realizaron por 22 días un paro cívico que el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos —galardonado como Premio Novel de la Paz en 2016— reprimió con la fuerza militar.
Esas acciones fueron fuertemente fustigadas por ciudadanos colombianos en DC “por atentar contra la integridad de las personas y la propiedad”.
Las acciones represivas en Buenaventura generaron reacciones en defensa de las víctimas en el exterior, entre ellas la de un grupo de colombianos en Washington que, dijeron, representan en esta ciudad al Comité Organizador de la protestas
Miembros del Comité se manifestaron el 20 de mayo enfrente de la residencia del Embajador de Colombia en DC, Camilo Reyes, denunciando la violencia a la que sus compatriotas estaban siendo sometidos.
La solidaridad de los colombianos desde DC se materializó en ese entonces mediante las denuncias ante las organizaciones de Derechos Humanos y el Congreso de EE.UU. sobre los excesos cometidos por el gobierno contra la protesta pacífica de los habitantes de Buenaventura.
“En Colombia hay un informe de la Comisión de Derechos Humanos, donde se evidencia que la respuesta bélica del Presidente, ha dejado 300 heridos, 10 con armas de fuego por el uso excesivo de la fuerza, policías infiltrados y menores intoxicados. Todo esto como saldo de la represión de más de 3.000 uniformados del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios), aprobada por Santos, para militarizar la ciudad ante el clamor de una población que ha vivido solo viendo entrar y salir el 60% de los productos que mueven la economía de Colombia”, dijo Divalizeth Murillo, integrante del Comité Cívico creado en Washington para denunciar la situación.
Murillo aseguró que “el gobierno colombiano utilizó la fumigación con gas lacrimógeno” —un elemento considerado como un arma química por la Organización de Naciones Unidas— para dispersar a los moradores alrededor de las vías por donde entran y salen los camiones en el puerto y así “impedir que la población saliera y pudiera bloquear el tránsito de estos vehículos”, que mueven los productos de importación y exportación.
Para el Comité en Washington, “la deficiente prestación de servicios básicos que históricamente ha padecido la población, además del bajo nivel de desarrollo y desempleo, que hoy alcanza el 62%, fue una justa motivación de la protesta para los bonaverenses”.
“Vamos a ser la voz del pueblo ante el Congreso de Estados Unidos y los organismos internacionales, para que ellos sirvan de mediadores ante el gobierno de Santos y que cesen las violaciones de los derechos humanos y al derecho internacional humanitario por todas las muertes a manos del Estado”, aseguró Humberto Garcés, del Comité Cívico en Washington.
Ante tanta presión y necesidad de reactivar el puerto y la ciudad, el paro en Buenaventura se levantó este martes 6 de junio cuando el gobierno y los líderes del paro firmaron un acuerdo para detener las hostilidades, que dejaron pérdidas económicas estimadas en unos 300 millones de pesos colombianos.
En tal sentido, el Director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, expresó este miércoles 7 que “si bien los índices de violencia han disminuido, Buenaventura sigue encabezando los índices nacionales de abuso (como el desplazamiento forzado)”. Vivanco aseguró a periodistas en Washington que menos del 6% de la población de Buenaventura “logra cubrir sus necesidades básicas” y reconoció que ante la situación de pobreza extrema y “el abandono por parte del estado” ellos decidieron seguir de cerca el paro en esa ciudad.
Según informaron miembros del Comité en DC, este miércoles 7 el Congreso de EE.UU. envió carta al gobierno colombiano, dirigida a la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, Paula Gaviria, presionando al gobierno pare encontrar a los culpables de los ataques.
Los activistas destacaron que por el puerto de Buenaventura se mueve el 60% de la economía de Colombia y lamentaron que “paradójicamente no cuenta con un hospital de segundo nivel”. Ellos afirman que el 61% de la población urbana y el 91% de la rural son considerados pobres según el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas en Colombia (DANE).
En un comunicado, dirigentes del Comité subrayaron que, en los más de 50 años de conflicto armado en Colombia, del cual el 50% de la población en Buenaventura se reconoce como víctima, “este puerto ha sido un botín para los grupos armados ilegales que se han disputado este corredor por ser la puerta de entrada y salida al Pacifico, la conexión entre Colombia y Latinoamérica”. “Por esto, la violencia, inseguridad y el desplazamiento han sido una constante en el principal puerto de Colombia”.
Según cifras extraoficiales, durante el paro cívico, el puerto de Buenaventura experimentó pérdidas de al menos $4 millones diarios, lo que motivó a sentar en una mesa de negociación a representantes del Gobierno Nacional y el Comité Cívico del paro, que representa a diferentes gremios sociales.
Tras fallidos intentos de acuerdo en la mesa de diálogos, la manifestación pacífica se tornó en enfrentamientos debido al accionar violento del Escuadrón Móvil Antidisturbios ESMAD sobre la sociedad civil. A lo que se sumaron saqueos por parte de algunos delincuentes y la desestabilización de la seguridad.
Recientemente, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del programa “Paz Colombia”, para apoyar la lucha contra el narcotráfico y el post-conflicto, aprobó $251,4 millones para ese país, dentro de los cuales —según los miembros del Comité—, Buenaventura como un foco de víctima “no tiene prioridad en esta inversión, debido a que la fuente se enmarca para todo el corredor de la Costa Pacífica” al que pertenece este importante municipio, por lo que la ayuda “no refleja la verdadera inversión” que necesita la ciudad.
“Ante la negativa del Presidente Santos de tomar decisiones efectivas e inmediatas sobre la población de esta ciudad, que incluso también solicitó el pleno del Senado en el Congreso de Colombia, el Comité del Paro Cívico se articuló en Washington para denunciar la violación de Derechos Humanos, exponer la necesidad de una declaratoria de Emergencia Humanitaria y contextualizar el vacío que está dejando el Acuerdo de Paz que actualmente se está implementando en Colombia”, concluyen.
Según medios de prensa colombianos, de acuerdo al pacto refrendado este martes, se elaborará un proyecto de ley para la creación de un plan de desarrollo especial a 10 años que beneficie a Buenaventura con la ejecución de proyectos, programas e iniciativas financiadas a través de un patrimonio autónomo. De acuerdo con el Presidente de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Alexander Micolta, el pacto representa un momento histórico. “Tener en un periodo de 10 años la posibilidad de cristalizar y solucionar los problemas estructurales de Buenaventura, acueducto alcantarillado, salud, nos permitirá atraer inversión y a los que están aquí expandirse”.
Igualmente se creará un Fondo Autónomo, como lo habían pedido los líderes del paro, para la creación de un plan de desarrollo especial a 10 años que beneficie al Distrito de Buenaventura con la ejecución de proyectos y programas.
