“Los salvadoreños que se benefician del Estatus de Protección Temporal (TPS) tienen diferentes opciones si desean permanecer en este país después de septiembre de 2019 pero tienen que hacer una consulta sobre su caso particular porque para cada persona puede haber una solución distinta”.
Así lo expresó el salvadoreño Abel Núñez, Director Ejecutivo del Centro de Recursos para Centroamericanos (CARECEN), en una entrevista con El Tiempo Latino en la que aseguró que “sí hay opciones” para tratar de encontrar alternativas de seguir viviendo en los Estados Unidos, después de que venza la última prórroga de 18 meses otorgada por el gobierno a los beneficiarios salvadoreños de este programa.
Núñez reiteró que lo primero y principal en este momento es “reinscribirse para la prórroga, consultar su caso individualmente con especialistas de alguna organización comunitaria o privada y seguir la lucha en el Congreso para sacar adelante algunos de los proyectos de ley que beneficiarían a los salvadoreños” amparados por este régimen.
Muchos beneficiarios del TPS se sienten optimistas de que en un plazo máximo de 18 meses puedan encontrar opciones migratorias que les brinden un camino a la residencia permanente y más adelante a la naturalización.
La mayoría de los más de 30 mil “tepesianos” que hay en el área metropolitana de Washington llegaron a este país después de los terremotos que azotaron a El Salvador en 2001. Ellos tienen hijos nacidos aquí, empresas, casas y han hecho sus vidas aquí.
Además, han expresado abiertamente que regresar a El Salvador sería un problema grave por la violencia y el crimen que afectan a esa nación por lo que “comenzar de nuevo” sería muy complicado y arriesgado.
“Lo principal ahora mismo es que se vuelvan a registrar en el programa (TPS) porque eso es importante. Hay un tiempo límite y solo son 60 días desde que el anuncio se publica en el Registro Federal y ya el calendario corre. Nos alegra que en esos primeros días se han registrado el doble de personas si se compara con procesos previos. Eso quiere decir que la gente está oyendo los consejos y está yendo no solamente a CARECEN sino al Consulado, a otras organizaciones comunitarias, a los privados. Ese es el primer paso”, dijo Núñez, quien admitió que no solamente en CARECEN los salvadoreños pueden buscar ayuda sino en otras organizaciones comunitarias y despachos de abogados dispuestos a prestar sus servicios a los interesados.
“El segundo paso es que ellos vayan a consultas para ver cuáles son sus opciones a nivel individual porque en este momento cuando termine la protección colectiva, lo único que queda es la opción individual. Sabemos que no todos van a calificar porque ya cada caso es específico, pero es mejor conocer para prepararse en estos 18 meses en vez de dejarlo para el último minuto”, alertó Núñez.
El mes pasado, el Gobierno de Trump anunció el fin del TPS para los salvadoreños y otorgó una última prórroga de 18 meses que vencerá en septiembre de 2019.
Sin embargo, según Núñez, hay varios proyectos de ley en el Congreso y hay que seguir cabildeando para meter presión a los legisladores y a la administración Trump.
“Creo que lo mejor es seguir el trabajo de incidencia. Tenemos cinco propuestas en el Congreso que amparan a la comunidad TPS de diferentes maneras, pero yo creo que el trabajo de desarrollar relaciones en el Congreso, en las municipalidades, para que haya más prestaciones en el momento que termine este programa creo que sería sumamente importante”, dijo.
En realidad, solo son tres cosas las que se pueden hacer, dice Núñez: “Aprovechar el último registro en el TPS, asegurarse de realizar consultas individuales para que las personas sepan cuáles posibles caminos puedan seguir y continuar luchando para ver si se logra un proyecto de ley que los ampare y resuelva el problema permanentemente”.
Una de las problemáticas que han manifestado portadores del TPS es que tienen hijos menores de edad nacidos aquí y aunque no quisieran llevarlos a vivir a El Salvador, tampoco pueden dejarlos solos acá. Pero, ¿sería posible que los padres no tengan que irse por la necesidad de cuidar a sus hijos?
“Eso se llama suspensión de la deportación. Cuando una persona es arrestada, uno puede pedir que le suspendan la deportación, pero eso es algo complicado porque la persona detenida tiene que demostrar de que ellos están apoyando a un ciudadano americano”, relató.
“Si son los hijos que no tienen más familia aquí, ni manera de existir, hay una posibilidad que se tiene que luchar en corte para que les suspendan la deportación y a la misma vez le otorguen la residencia permanente, pero ese camino se puede tomar es cuando la persona ya está y en proceso de deportación”, explicó Núñez. “En el caso de que sean hijos que están cerca de cumplir los 21 años puede ser que ellos pueden pedir a sus padres, hijos o conyugues”, anotó.
Afirmó que otra posibilidad es que “algunas personas puedan ser patrocinadas en sus trabajos”, debiendo el empleador de hacer la petición de certificación del trabajador.
Todos estos procesos son propios, tienen sus beneficios y cada individuo tiene que saber a cuál califica porque todos dependen de que alguien los pida, los hijos, el conyugue o el empleador.
En cambio, ellos como beneficiarios no tienen ningún camino directo”, anotó.
Finalmente, Núñez advirtió que una opción que sí es propia del beneficiario “es la petición de asilo” que sería otro camino.
“Por eso es importante la consulta cada quien va a tener que exponer cuál es su situación y de ahí determinar cuál es el mejor camino para ellos”, concluyó.
