La decisión de la administración Trump de otorgarles a los estados el poder de imponer requisitos de trabajo a los beneficiarios de Medicaid acaba de enfrentar un reto en los tribunales.
La demanda ante una corte de Washington, D.C., determinará si decenas de miles de adultos de bajos ingresos en Kentucky tendrán que encontrar trabajo o ser voluntarios para conservar su cobertura de salud.
Pero el fallo podría tener consecuencias de largo alcance que afectarían a millones de personas en todo el país, al mostrar qué tan lejos puede llegar la administración Trump para cambiar Medicaid sin la acción del Congreso.
Kentucky fue el primero de cuatro estados que, hasta el momento, obtuvieron la aprobación federal para avanzar con el requisito de trabajo. Indiana, Arkansas y New Hampshire son los otros. Cada uno está ahora en las primeras etapas de implementación.
Siete estados más: Arizona, Kansas, Maine, Mississippi, Ohio, Utah y Wisconsin, tienen solicitudes pendientes y varios otros están preparados para unirse a ellos.
El desafío legal de Kentucky encapsula un debate sobre dos puntos de vista opuestos acerca del rol de Medicaid, el programa de salud más grande del país que cubre a casi 75 millones de estadounidenses de bajos ingresos.
La administración Trump y muchos conservadores lo ven como un programa de bienestar que debería proporcionar solo ayuda temporal y preparar a los inscriptos para obtener empleo y negociar un seguro de salud privado.
Los demócratas, defensores de los necesitados, y la mayoría de los expertos legales ven a Medicaid como un programa de salud destinado a ayudar a los ciudadanos más pobres del país a acceder a cobertura de salud. Dicen que el enfoque de la administración de exigir a sus beneficiarios que trabajen para obtener cobertura de salud es absurdo, porque los inscriptos necesitan cobertura de salud para estar lo suficientemente sanos para trabajar.
La Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA) de 2010 estimuló a 33 estados a expandir Medicaid a adultos sin discapacidades, y sin hijos. Antes de eso, el programa atendía principalmente a niños, mujeres embarazadas y personas con discapacidades.
Esa expansión, que proporcionó miles de millones de nuevos fondos federales a los estados, desencadenó una caída sin precedentes en las tasas de no asegurados en todo el país y tentó a algunos gobernadores republicanos a buscar dólares adicionales de atención médica. Pero algunos de estos estados controlados por los republicanos también buscaron agregar el nuevo requisito de trabajo, en parte para mostrar a los votantes conservadores que no estaban simplemente entregando un folleto del gobierno a los adultos pobres.
Aquí hay cinco cosas que debes saber, a medida que se desarrolla este caso en la corte:
1. ¿Por qué la administración Trump y los estados quieren agregar el nuevo requisito de trabajo
Los principales funcionarios de Trump dicen que el requisito de trabajo está destinado a ayudar a los afiliados a encontrar empleo. Dicen que las personas que trabajan o hacen servicio voluntario son más saludables. Según los Centros para Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), si bien el requisito de trabajo es un cambio en la política, todavía se ajusta a las misiones de larga data de la agencia de promover y mejorar la salud.
2. ¿Cómo funciona el requisito de trabajo?
El programa de Kentucky requeriría que los adultos sin discapacidades cumplieron 80 horas al mes ya sea trabajando, en capacitación laboral, educación u otro “compromiso comunitario” que califique.
Los que estarían eximidos de este requisito son: las embarazadas, los adultos mayores, las personas que son principales cuidadoras de un niño o un adulto discapacitado; aquellos que son considerados médicamente frágiles o los que hayan sido diagnosticados con una condición médica aguda que les impediría trabajar; así como también estudiantes de tiempo completo.
Los estados han establecido diferentes reglas sobre cuántas horas al mes Medicaid debe inscribirse para trabajar o ser voluntario, y quién está exento.
En Arkansas, todos los inscriptos en Medicaid deben documentar sus horas de trabajo a través de un portal en línea creado por el estado, sin opción de enviar información en persona, por teléfono o por correo. Los críticos del requisito de trabajo temen que eso sea una barrera, teniendo en cuenta que el estado tiene la segunda tasa más baja de acceso a Internet en el país.
3. ¿Cuáles son las principales objeciones al requisito de trabajo desde un punto de vista legal y práctico?
Los críticos dicen que el requisito llevaría a muchas personas de bajos ingresos a perder su cobertura de salud y, por lo tanto, obstaculizar su capacidad para obtener atención médica. Señalan que las propias proyecciones de Kentucky muestran que 95,000 personas inscritas en Medicaid perderían la cobertura dentro de los próximos cinco años.
Por último, los opositores al requisito de trabajo observan que la mayoría de las personas con Medicaid ya trabajan, o van a la escuela, tienen una discapacidad o cuidan a parientes.
4. ¿Cuándo se espera que el tribunal dictamine, y podría este asunto ir a la Corte Suprema?
Ambas partes esperan una decisión rápida, probablemente a fines de junio. Pero una apelación es probable sin importar quién gane.
Si la administración Trump gana, no está claro si los demandantes podrán obtener una suspensión del requisito de trabajo que entre en vigencia mientras se está llevando a cabo una apelación.
5. Si bien el requisito de trabajo es la estrella, ¿qué más está en juego en este proceso judicial
La demanda presentada por defensores en nombre de los inscritos en Medicaid busca revocar toda la exención de Medicaid de Kentucky aprobada por la administración Trump en enero.
La renuncia de Kentucky también sienta un precedente porque se convertiría en el primer estado en cobrar primas de Medicaid de hasta el 4% de los ingresos de una persona. El límite actual ha sido del 2%. Además, Kentucky se convertiría en el primer estado en excluir a los afiliados de Medicaid de la cobertura por hasta seis meses por no renovar oportunamente su cobertura o por no alertar al estado si sus ingresos o circunstancias familiares han cambiado.
