El pasado viernes, Fernando Albán, un concejal del municipio Libertador de Caracas, la capital venezolana, llegaba de un viaje familiar, donde aprovechó de reunirse con el exiliado y expresidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges. El recibimiento no fue el esperado, eran funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), quienes lo detuvieron y fue hasta el domingo, cuando la defensa, familiares y políticos, pudieron saber de él.
La denuncia de una nueva violación a los derechos humanos era constante desde el momento de la desaparición del concejal Fernando Albán. El domingo pudieron verlo y allí dijo que estaba bien, pero estaba siendo sometido a presiones para que declarara en contra de Julio Borges e inculparlo en el atentado que denuncia el régimen de Maduro desde el pasado 4 de agosto.
Llegó el lunes y Albán debía ser presentado, pero pasado el mediodía, la noticia de un supuesto suicidio en la sede del SEBIN de Plaza Venezuela, se hacía ver en medios digitales. Era el concejal Fernando Albán, fiel creyente de Dios y católico practicante. Aunque el régimen sostiene la hipótesis de suicidio, sus allegados aseguran que fue asesinado.
Una investigación independiente y seria es la solicitud de la comunidad internacional. La Unión Europea, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, España, Brasil y Estados Unidos, han exigido que se aclare la razón de la muerte de un preso político que debió estar bajo custodia policial.
“Hay mucha especulación sobre lo qué pasó, si se suicidó, si lo lanzaron, si fue maltratado, hay mucha especulación y es por ello que necesitamos una investigación independiente y transparente para aclarar las circunstancias de su muerte”, afirmó en rueda de prensa Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina.
Shamdasani explicó que pidieron a Venezuela acceso al país para hacer una investigación profunda y que aún están esperando una respuesta. La Oficina del Alto Comisionado mostró preocupación porque el concejal no había sido presentado ante un juez en las primeras 48 horas tal y como establece la ley venezolana”.
Otras reacciones
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil envió condolencias a los familiares y amigos de Albán, a quien las autoridades acusaban de estar supuestamente implicado en el atentado fallido en contra de Nicolás Maduro.
También, la Embajada de Estados Unidos en Venezuela rechazó la muerte. “Nuestras más profundas condolencias a la familia de Fernando Albán. Condenamos fuertemente esta nueva violación de los Derechos Humanos que forma parte de una letanía que llevaron a esta tragedia”, se pudo leer a través de Twitter.
Llamado a embajador en España
Por este caso, el ministro español de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, convocó al embajador de Venezuela en España, Mario Isea, para pedirle explicaciones por las extrañas circunstancias que han rodeado la muerte de Albán. El diplomático mostró preocupación por este hecho.
Tras esta sospechosa muerte que conmociona la política venezolana, el defensor del Pueblo, Alfredo Ruíz, lamentó lo y recordó a los organismos de seguridad que el Estado es responsable de proteger la vida, integridad y salud de las personas que se encuentran privadas de libertad.
La política venezolana permanece en la noticia internacional. La coyuntura país ha generado una división entre sectores de oposición y de Gobierno; tanto que el número de presos políticos se ha incrementado y seguido de ello, la denuncia de tortura, es permanente.
