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Piden a Fairfax limitar colaboración con ICE

Una coalición conformada por siete organizaciones de derechos civiles y de apoyo a los inmigrantes expusieron el martes 30 de octubre a la Junta de Supervisores del condado de Fairfax, la necesidad de poner límites a la policía local para que no comparta información sensible de las personas detenidas con el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, y su brazo operativo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, ICE.

Los aglutinados en la petición, que fue escuchada por el pleno del Concejo en la reunión semanal, llevaron más de 500 cartas de ciudadanos del condado que piden se protejan a los residentes de esta jurisdicción sin importar el estatus migratorio.

Por más de un año esta coalición ha gestionado con los concejales de Fairfax para canalizar peticiones uno a uno; sin embargo, los funcionarios electos les habían acotado que la postura de los activistas no convencía del todo al no mostrar un sólido respaldo de la comunidad. En respuesta a esa observación, Michelle LaRue, en representación de CASA, Virginia explicó que la coalición en esta oportunidad llevó testigos y archivos llenos de peticiones.

AUDIENCIA. El pasado martes Una coalición conformada por siete organizaciones de derechos civiles y de apoyo a los inmigrantes pidió a la Junta de Supervisores de Fairfax que limite la interferencia de ICE en esa comunidad.


           
   

Tomás Guevara

AUDIENCIA. El pasado martes Una coalición conformada por siete organizaciones de derechos civiles y de apoyo a los inmigrantes pidió a la Junta de Supervisores de Fairfax que limite la interferencia de ICE en esa comunidad.

“Hoy les presentamos las 500 peticiones que tenemos de la comunidad, porque nos han dicho: ustedes son los que vienen a hablar un día tras otro, pero no hemos escuchado de la comunidad en general, así que hoy les demostramos que si tenemos apoyo”, comentó LaRue durante la audiencia.

Los organizadores también expusieron sus puntos de vista durante una conferencia de prensa instalada frente al edificio de gobierno en Fairfax. Expresaron que sus indagaciones de la problemática les muestran que al menos unas 9 personas en condición de indocumentados terminan en manos de ICE cada semana en Fairfax,  donde hay una fuerte población inmigrante, no solo hispana sino de otras partes del mundo.

Según ellos el problema radica en que la Policía, cuando actúa en procesos de rutina por infracciones menores, obtiene la información sobre la persona citada y esta información termina en una base de datos a la que tiene acceso ilimitado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

La coalición denunció que una parada de tránsito puede llegar a ser tan devastadora para un inmigrante sin documentos porque en algunos casos, una indagación que para un ciudadano o residente terminaría en una multa o infracción, para un indocumentado conlleva a la detención y hasta a un proceso de deportación.

“Estamos representando a la comunidad de inmigrantes del condado de Fairfax porque desde que inició la administración de Donald Trump estamos teniendo día tras día ataques a nuestra comunidad; es la razón por la que estamos pidiendo al condado de Fairfax que nos apoyen y nos protejan”, explicó Michelle LaRue a la prensa en las afueras del edificio de gobierno.

CASA Virginia,  Foro Inmigración de Centreville, DMV Santuary Congregation Network Herdon–Reston, Comité de Asuntos de Inmigración Invisibles, Inquilinos y Trabajadores Unidos, y La CollectiVA estuvieron entre las organizaciones que presentaron sus alegatos al Concejo de Gobierno, justo en el primer aniversario de haber formalizado una petición para que esta jurisdicción actúe en favor de los indocumentados.

La propuesta de las organizaciones tiene cuatro componentes: el principal y más urgente es que el condado termine toda cooperación voluntaria con ICE, seguido de proteger la información individual de los residentes en todas las agencias del condado, para que no sea accesible al DHS. También piden que se cree un fondo de representación para litigar casos ante las cortes civiles, y finalmente peticionan que el condado acepte identificaciones personales de los residentes que no tienen acceso a documentos emitidos por el gobierno federal.

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