SEMANA: Presentaron una solicitud para que Odebrecht quede inhabilitado por 20 años para contratar en Colombia, ¿por qué hasta ahora?
Camilo Gómez: Por qué no se hizo antes habría que preguntarle al gobierno Santos. Yo, tan pronto llegué, encontré la situación y la primera actuación de la Agencia en Defensa de los intereses de los colombianos es precisamente pedir que se inhabilite a Odebrecht porque es el caso más claro y evidente en el mundo de soborno trasnacional. Si Colombia tiene una ley que sanciona el soborno trasnacional con una inhabilidad hasta de 20 años para las empresas, lo lógico es que esa norma se aplique. Las discusiones jurídicas existen, pero creo que son absolutamente claros los hechos. Hay dos elementos a resaltar: el soborno cometido por Odebrecht no es solamente en unas fechas, sino que el soborno tiene efectos durante toda la vigencia del contrato. El segundo, los hechos que se han ido descubriendo generan un nuevo escenario para que la Superintendenica de Sociedades analice la sanción que debe imponer.
Por otro lado, las mismas normas definen que cuando un representante legal, administrador, miembro de junta, aquellos que toman decisiones o administran una sociedad, han sido sancionados por corrupción, la inhabilidad que les cabe a ellos se extiende a la sociedad también. Es decir, el gerente o administrador de una sociedad soborna a un funcionario público para obtener un contrato, y una vez lo sancionen esa inhabilidad sube a la sociedad de la que hace parte. En el caso de Odebrecht hay varios directivos que están presos, algunos condenados en el exterior. Y además de eso, han confesado su delito en el caso colombiano.
SEMANA: Esta solicitud que hacen a la Supersociedades incluye al socio de Odebrecht -Episol-en el contrato celebrado con corrupción?
C.G.: Incluye a Odebrecht, sus filiales y sucursales únicamente porque eso es lo que jurídicamente se conoce hoy por hoy como el sujeto activo de los sobornos. Ellos son los que están en este momento sancionados penalmente por el soborno y son los que han confesado el soborno.
SEMANA: La investigación de la Superintendencia de Industria apunta a que Corficolombiana sí sabía del soborno, ¿podría uno entender que si esto llega a ser una verdad judicial, estaría inhabilitados también para contratar en Colombia?
C.G.: No puedo dar una opinión sobre hechos que no han sucedido. En el caso de Odebrecht, sus filiales y sucursales, el hecho ya sucedió, está probado y está confesado. Ya miraremos el elemento correspondiente, si hay desarrollo nuevo al respecto.
SEMANA: Odebrecht no ha sido condenada en Colombia por estas acciones de soborno. ¿Cuál es el fundamento legal para sí aplicarle la inhabilidad a Odebrecht y no al socio?
C.G.: Odebrecht ha confesado, y esto tiene todo el peso del caso. Segundo, es un hecho notorio y público, está en las declaraciones, se ha hablado de los sobornos en Colombia. Tercero, aquí mismo hay administradores y representantes de Odebrecht que han confesado esos hechos y que estaban dentro del proceso penal. Es decir, no existe una sola duda de que Odebrecht, multinacional, cometió hechos de soborno trasnacional. Es el caso más famoso que hay. No hay duda. No entendería que la ley de soborno trasnacional no se aplique al caso de soborno trasnacional más famoso del mundo.
SEMANA: ¿Por qué Colombia sí los inhabilita y otros países en donde también hubo corrupción de Odebrecht siguen funcionando como si nada?
C.G.: Eso es una decisión de cada país. Aquí el presidente Duque y los demás funcionarios tenemos la decisión de aplicar todos los mecanismos legales. Si hay lago que tenemos que combatir todos es la corrupción y este es el claro ejemplo de la corrupción. Es que la plata que se llevó Odebrecht y que está reclamando ahora es la plata que cada colombiano pone de sus impuestos. La retención en la fuente, el IVA, etc.. De ahí sale la plata para pagarle a Odebrecht.
SEMANA: A pesar de la evidente corrupción, hay varios frentes jurídicos que están abiertos en reclamaciones de Odebrecht al Estado colombiano. ¿Cuál es ese panorama?
C.G.: Colombia tiene el tribunal de arbitramento Ruta del Sol II, el tribunal de Navelena, un anunció de demanda internacional de inversión por 3.6 billones de pesos, tiene en curso procesos administrativos en la Superintendencia de Industria y Comercio, ha desarrollado procesos en la Superintendencia de Sociedades para declarar el grupo empresarial, están los procesos penales, y también se adelantan acciones jurídicas en la superintendencia de Puertos y Transportes en defensa de los intereses de la Nación.
SEMANA: ¿Vendrán más acciones jurídicas en contra de Odebrecht que se estén estudiando desde la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la Presidencia?
C.G.: Vamos a usar todos los instrumentos jurídicos para defendernos de Odebrecht y hacer cumplir las leyes colombianas.
SEMANA: Un tema enredado desde hace años es el del tribunal de arbitramento de Ruta del Sol II. ¿En qué estado esta este tribunal y cuál es la postura de Colombia?
C.G.: El tribunal ha avanzado, se han desarrollado varias etapas. Lamentablemente falleció quien ejercía la presidencia del tribunal, y ya se designó un nuevo árbitro para completarlo. Se debe reinstalar en los próximos días. Hay una solicitud de prórroga del tribunal por la llegada de un nuevo árbitro y el tribunal estará decidiendo eso próximamente.
SEMANA: La senadora Angélica Lozano mencionó en el debate de control político la sospecha de que 4.000 millones de pesos hubieran ido para pagos ilegales a este tribunal, al parecer es uno de los montos que mencionan en su carta los expresidentes Uribe y Pastrana. ¿Tienen noticias sobre esto?
C.G.: La agencia no tiene noticias específicas sobre eso. Pero sin duda, la Fiscalía debería estar investigando lo que los dos expresidentes presentaron hace más de un año. Ahí hay unas preguntas que ellos formulan que siguen sin respuesta.
SEMANA: Paralelo al tribunal hay una discusión que se está dando en la Corte Constitucional que tiene que ver con la Ley 1882. ¿Puede afectar esto la decisión del tribunal?
C.G.: Ojalá saliera antes del laudo, la decisión definitiva de la Corte Constitucional porque esa Ley, el artículo 20, obligaría al Estado colombiano a asumir un montón de gastos y a hacer una serie de pagos a Odebrecht. El artículo no es afortunado y por eso hay una acción de inconstitucionalidad en curso que esperemos que la corte resuelva relativamente pronto.
SEMANA: Si no se alcanzara a fallar, ¿Colombia está en riesgo de terminar pagándole al consorcio cuánto?
C.G.: Esperemos que se tome la decisión y con base en eso se harán los cálculos, eso lo definirán los tribunales de arbitraje correspondientes. Creo que el tribunal está conformado por personas de buenas condiciones jurídicas y morales, esperemos que interpreten las normas de la mejor manera.
SEMANA: ¿Cómo llega esto a nuestro ordenamiento jurídico?
C.G.: Esa es una excavación de arqueología jurídica que tocaría realizar, pero sin duda esa Ley pone al Estado en una situación de desequilibrio en los casos de los contratos y particularmente en aquellos que se han celebrado con una causa ilícita.
SEMANA: Comentaba que hay un tribunal de arbitramento para el caso de Navelena ¿En qué estapa va?
C.G.: Navelena convocó un tribunal de arbitramento el cual aún no se ha instalado, se están nombrando los árbitros. Esa es otra parte de la batalla jurídica de Odebrecht contra Colombia.
SEMANA: ¿En este tribunal, Colombia de que se estaría defendiendo?
C.G.: Navelena alega perjuicios aparentemente causados. Vamos a esperar las notificaciones correspondientes, no me quiero anticipar a juicios sin tener las piezas procesales.
SEMANA: Hay rumores acerca de que pronto se va a definir la acción popular en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ¿qué alcance puede tener?
C.G.: Esta es una acción para defender los intereses colectivos y la moralidad pública y esperemos que el Tribunal de Cundinamarca falle lo más pronto posible, en esa acción ya se ha discutido el daño causado a la moralidad pública por parter de Odebrecht. Esperemos el sentido del fallo, es imposible anticiparse a él pero yo confío que el fallo se produzca pronto. Creo que es una acción de enorme importancia y de interés nacional.
SEMANA: ¿Cuál sería en la práctica la reparación moral?
C.G.: Estamos discutiéndola. La reparación más que moral, es la reparación por los efectos sufridos por el público en general. La acción popular es una acción de interés colectivo, mientras que la acción contractual o las demás acciones que pueda iniciar el estado, buscan una reparación de manera directa a los daños causados por la mala ejecución del contrato o por haber causado en algún momento daño antijurídico al estado. Es una reparación de carácter individual mientras que la otra es de carácter colectivo.
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