Un sistema escolar en el suroeste de Virginia presentó una demanda en la que se impugna la decisión del estado de impedir que los empleados de la localidad lleven armas de fuego.
Las Escuelas Públicas del Condado de Lee pidieron a un juez de circuito que ordene al Departamento de Servicios de Justicia Criminal de Virginia permitir que el superintendente del sistema se convierta en un conservador especial de la paz, una designación que los funcionarios del condado creen que le permitiría llevar un arma en la propiedad escolar.
“Creemos que tenemos fundamentos legales para proporcionar esto como una opción a nuestro personal y para proporcionar un nivel adicional de seguridad para nuestros estudiantes”, dijo el superintendente Brian Austin.
La demanda nombra a Shannon Dion, director del Departamento de Servicios de Justicia Criminal de Virginia; y a Brian Moran, secretario de estado de Seguridad Pública y Seguridad Nacional, como acusados. Dion no respondió a solicitudes de comentarios y Moran se negó a declarar sobre los litigios pendientes.
Michael Kelly, portavoz del fiscal general Mark R. Herring (D), reiteró la opinión de esa autoridad de que el plan del condado es ilegal.
“El fiscal general Herring ha explicado en una opinión oficial que la ley del estado de Virginia no permite maestros armados y por una buena razón (…) Trabajaremos con nuestra agencia cliente para responder a la demanda en el tribunal”, dijo Kelly.
El plan para formar un grupo de voluntarios de empleados escolares armados, los cuales se someterían a una evaluación psicológica, exámenes de antecedentes y entrenamiento con armas de fuego, fue aprobado por la junta escolar del condado de Lee en julio.
Las autoridades de las escuelas dijeron que pasaron más de un año desarrollando el plan. Varios sucesos, incluido el tiroteo en febrero en la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas en Parkland, Florida, los empujaron a implementarlo.
Austin presentó una solicitud ante el Departamento de Servicios de Justicia Criminal el año pasado para registrarse como conservador especial de la paz, una clasificación que el distrito creía que le permitiría equipar a maestros y otros empleados escolares con armas.
El Departamento de Servicios de Justicia Criminal rechazó la solicitud de Austin en septiembre y el viernes reiteró la decisión luego de una apelación.
La agencia estatal se basó en una opinión consultiva de Herring que diferenció entre “conservadores de la paz”, como jueces y otros empleados estatales o federales; y “conservadores especiales de la paz”, que son nombrados por un tribunal de circuito.
Los conservadores de la paz, escribió Herring, pueden llevar armas de fuego en las escuelas, pero los conservadores especiales de la paz no pueden.
“La ley de Virginia limita expresamente quién puede poseer armas de fuego en los terrenos de la escuela por motivos de seguridad. La Asamblea General se negó a promulgar los proyectos de ley presentados cada año desde 2013 hasta 2017 para extender esta autoridad a los maestros y administradores de escuelas”, sentenció.
La demanda enfrenta la interpretación de Herring de la ley estatal contra la del ex fiscal general Ken Cuccinelli II, que representa a Austin. Argumenta que el estado está “tratando de interponerse en el camino” de un sistema escolar que toma una decisión política.
“La Junta Escolar del Condado de Lee tiene el derecho legal de decidir utilizar empleados armados, capacitados y examinados para proteger a los niños bajo su cuidado”, plantea Cuccinelli.
Austin cumplió con los requisitos para convertirse en un conservador especial de la paz, lo que significaba que el estado “no tenía autoridad” para rechazar su solicitud, según el demandante.
Traducción libre del inglés por El Tiempo Latino.
Más información en The Washington Post.
