Seis días después que Cámara Primero de lo Penal de San Salvador resolvió que el magistrado Eduardo Jaime Escalante Díaz sea procesado en libertad a pesar de estar acusado de haber agredido sexualmente a una menor de edad, este lunes la Fiscalía General de la República ha interpuesto un recurso de apelación, demandando que el funcionario sea enviado a prisión.
El pasado 26 de marzo, la Cámara Primero de lo Penal resolvió que Escalante Díaz puede gozar de la libertad en el proceso, solamente pagando una fianza de $10,000, como garantía de que no escapará y además debe presentarse cada 30 días a firmar al tribunal.
El recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía es “por la denegatoria de imponer la medida cautelar de la Detención Provisional al imputado Eduardo Jaime Escalante Díaz, en un delito grave como es la agresión sexual en menor de edad o incapaz agravada”.
Según las investigaciones de la Fiscalía, el imputado manoseó a una menor de edad, mientras ella se encontraba con otro menor de edad, afuera de una vivienda en la Residencial Altavista en el municipio de Tonacatepeque, San Salvador. Este hecho sucedió el 19 de febrero de este año.
De acuerdo con la Fiscalía, la apelación ante la medida que favorece a Escalante Díaz es acorde acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Política de Persecución Penal, y al artículo 341 del Código Procesal Penal, en virtud de que afecta gravemente el interés público, el acceso a la justicia, y al interés superior de la víctima, al otorgar medidas a favor del imputado, cuando no procedía, asegura el ministerio Público.
De hecho, demandan que en este tipo de caso se pondere a las víctimas y se ejerza justicia a favor de ellas
La Fiscalía espera que con la interposición de este recurso, el tribunal superior haga un análisis jurídico y pondere integralmente también los derechos relacionados a la menor afectada, tomando en cuenta las declaraciones y convenios Internacionales suscritos por el país en favor de la niñez.
Por su lado, la FGR, paralelamente a la investigación del caso, ha otorgado asistencia psicológica y legal a la afectada.
Con información de El Salvador
