De acuerdo al relator especial de la ONU, debe haber una acción más decidida para ayudar a reparar el legado de abusos y acelerar los procesos de justicia transicional en El Salvador, ya que luego de 30 años, las víctimas del conflicto armado de ese país no han recibido justicia.
Las autoridades de El Salvador deben acelerar la agenda de justicia transicional para dar respuestas inmediatas a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos durante el conflicto armado de 1980 a 1992, dijo un experto de las Naciones Unidas.
El relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli aseguró que se necesita una acción más decidida para ayudar a reparar el legado de abusos que dejó el conflicto a pesar de que se hayan tomado medidas en la última década, entre ellas la declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía.
Salvioli sostiene que “La violencia actual y el desgarro del tejido social son ejemplos fehacientes de que la sociedad no puede dirigirse a un futuro de paz y progreso sin abordar las dificultades pasadas y aprender de sus errores”.
El relator especial agregó que las violaciones que sufrieron las víctimas del conflicto armado son inaceptables, así como el desamparo en que se encuentran más de 30 años después.
“Si bien reconozco los pasos dados en el último decenio en materia de justicia transicional, aún queda mucho más por hacer, y debe hacerse ya”acotó.
Vale destacar que en 1993, el informe de la Comisión de la Verdad respaldada por la ONU documentó 75.000 víctimas de torturas, ejecuciones extrajudiciales o desapariciones forzadas durante el conflicto armado de 1980 a 1992.
Salvioli dio la bienvenida a la creación de las dos comisiones de búsqueda de desaparecidos niños y adultos, algunos pedidos de disculpas públicas, la adopción de la Política de investigación penal de crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos en el conflicto armado, y los avances judiciales en el caso de la masacre de El Mozote de 1981, en la que casi 1000 personas fueron asesinadas.
El experto en derechos humanos instó al El Salvador, tanto a la administración saliente como a la entrante, a la búsqueda efectiva de la verdad sobre violaciones pasadas, el encuentro de personas desaparecidas, la sanción de los responsables, la reparación a las víctimas, el debate intersectorial e intergeneracional sobre los hechos del pasado, y el reconocimiento de una memoria histórica común a toda la sociedad salvadoreña.
