Las denuncias de acoso y agresión llegaron a la pequeña ciudad de Maryland el año pasado, cuando el aluvión de acusaciones inspiradas por el movimiento #MeToo seguía acaparando los titulares.
Una empleada de registros del departamento de policía dijo que dos agentes le mostraban regularmente fotos explícitas y le hacían preguntas gráficas, incluyendo si tendría relaciones sexuales por dinero. Un tercer oficial la presionó para que realizara actos sexuales, informó la mujer e hizo que temiera por su trabajo si se negaba.
Los funcionarios en Mount Rainier, con una población de 8 mil habitantes, contrataron a un abogado para que investigara. Sin embargo, los tres oficiales dejaron el departamento con los registros limpios y al poco tiempo se encontraban trabajando en Seat Pleasant, un pueblo cercano de 4.800 habitantes.
Cuando se le preguntó al jefe de policía por qué los contrató, este informó que cuando lo hizo desconocía las acusaciones y las denuncias que los rodeaban.
Expertos aseguran que la historia del secretario del tribunal ofrece una ventana a los desafíos de probar la mala conducta de los oficiales, especialmente en los departamentos de policía pequeños y la facilidad con la que los oficiales acusados pueden moverse de una agencia a otra sin ser procesados.
La empleada de registros habló con la condición de que solo se utilizara su nombre de pila, María, citando las preocupaciones sobre la privacidad. Ninguno de los agentes a los que acusó respondió a las reiteradas solicitudes de comentarios.
La vacante de María fue eliminada este verano, mientras estaba de permiso por depresión y ansiedad y buscaba compensación de la ciudad. Está desanimada por haber perdido un trabajo que le gustaba y frustrada porque los agentes -incluido el que ella dice que la manoseó sin su consentimiento- han continuado su trabajo.
Traducción libre de The Washington Post
