GRUPO. Concejales en Montgomery presentan resolución contra la decisión de la Corte Suprema respecto a la Carga Pública. | FOTO: Milagros Meléndez – ETL
El concejal del condado de Montgomery, Gabe Albornoz lideró el pasado martes, una emotiva conferencia de prensa denunciando la decisión de la Corte Suprema sobre la regla migratoria de “carga pública”.
Albornoz, junto a la concejal Nancy Navarro, presentaron una resolución rechazando la medida y urgiendo al Congreso de EE.UU. aprobar una reforma migratoria que proteja a los inmigrantes.
El 27 de enero, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dio luz verde a la polémica regla de “carga pública”, con la que el gobierno de Trump busca condicionar la residencia permanente y otros beneficios migratorios a las personas que hayan recibido cierto tipo de ayudas federales o tengan la posibilidad de requerir asistencia del gobierno en el futuro.
Albornoz rompió en llanto al hablar sobre la decisión de la Corte Suprema y el impacto de esta en las comunidades más vulnerables. “Estamos aquí… en nombre de tantas familias… que están bajo ataque”, dijo al derramar lágrimas y quebrándosele la voz, sin poder hablar por segundos. Recordó los sacrificios que hicieron sus abuelos y padres que emigraron desde Chile. “Ellos pasaron por muchas cosas pero nos dieron un mejor futuro. Quisiera que estas familias tengan las mismas oportunidades que yo tuve”, expresó a El Tiempo Latino.
La nueva regla migratoria de “Carga Pública”, que entrará en vigor el 24 de febrero crea un ambiente de miedo y confusión entre la comunidad inmigrante, dicen concejales del condado de Montgomery, en Maryland.
“Esta administración está buscando sembrar el temor en la gente y persuadirla de que no acceda a los beneficios para los cuales son elegibles”, expresó la concejal Nancy Navarro. “Cuando la realidad es que hoy en día la gran mayoría de inmigrantes no tienen acceso a los beneficios del gobierno federal. Tienen que ser residentes permanentes, salvo con algunas excepciones”, dijo. “Se trata de asustar a nuestra comunidad para que personas que no saben cuáles son esas exclusiones, no quieran acceder a este tipo de ayuda”, puntualizó la funcionaria.
Los concejales de Montgomery instaron a miembros de la comunidad a que no dejen de usar los servicios que ofrece el condado, pese a la decisión de la Corte Suprema. “Este condado le dice a la Corte Suprema que se equivocó. Y se declara en contra de ese tipo de ataques”, añadió Navarro.
“Protegeremos a quienes obtienen beneficios”
El director del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Montgomery, Raymond Crowel aseguró que el condado está comprometido a servir a todos los miembros de la comunidad y señaló que protegerán la identidad de quienes reciben asistencia.
Al optar por una medida contraria al gobierno, el condado Montgomery podría verse afectado con menos fondos federales, dicen los concejales.
“Nosotros enfatizamos que el condado de Montgomery sí va a ofrecer servicios a los inmigrantes que lo necesiten, pero reconocemos que se nos va a pasar factura. Porque significa que nosotros vamos a tener que financiar estos servicios”, dijo Navarro.
La regla impactaría a cualquier extranjero que haya recibido uno o más beneficios públicos por más de 12 meses en total dentro de un período de tres años.
Beneficios que se considerarían como carga pública
Corresponden a cuatro rubros:
1.- Salud: Medicaid financiado por el gobierno federal, con ciertas excepciones.
2.- Alimentos: Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (SNAP o “Food Stamps”).
3.- Dinero en efectivo: Asistencia temporal para Familias Necesitadas (TANF, por sus siglas en inglés). También el ingreso suplementario del Seguro Social (Supplemental Security Income, SSI).
4. Vivienda: Programa de la Sección 8 que otorga vales para el alquiler de viviendas. También el de la asistencia para la Vivienda Pública de la Sección 9.
Por temor no acceden a beneficios que sí son válidos
Los concejales lamentaron que, por temor, un sector de inmigrantes no está accediendo a los beneficios para los que sí son elegibles y no les afectaría en sus procesos migratorios. En la lista se encuentran:
- El Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, en inglés), referente a la ayuda que se les otorga hasta que el niño cumple 5 años.
- También el seguro médico para niños, Children’s Health Insurance Program (CHIP).
- Además, El programa Head Start de apoyo educativo a familias de bajos ingresos con niños menores de 5 años.
- También el programa de alimentos subsidiados en las escuelas. “Pero hemos visto que hay menos familias que solicitan el subsidio para los alimentos de los niños en las escuelas”, dijo Albornoz al añadir que las solicitudes de acceso a programas ha disminuido.
“Las consecuencias de la nueva regulación de carga pública no solo impactan a los inmigrantes que buscan regularizar su estatus sino que en última instancia tendrán un efecto escalofriante en aquellas personas que ahora elegirán entre renunciar a servicios que son críticos para sus familias o para ellos mismos, a los cuales podrían ser elegibles, debido al temor de que pueda poner en peligro su estatus migratorio”, dijo Navarro.
Hay que tomar en cuenta que además de ampliar la lista de beneficios que serían condicionados, la medida cambia la definición de “carga pública” considerando como factores para condicionar la residencia: La edad, estado de salud, nivel de educación, dominio del inglés y el nivel de ingresos.
Educando a la comunidad
Organizaciones como CASA de Maryland educan a la comunidad para que se informe sobre los beneficios a los cuáles tienen derecho sin que se cuenten como “carga pública”. “Estamos llevando a cabo una campaña de información no solo para la gente sino también para las organizaciones que prestan servicios comunitarios”, dijo la doctora Michelle LaRue, quien preside la división de Servicios de Salud de CASA.
Maryland es uno de 13 estados que demandó al gobierno el año pasado para frenar la regulación de Carga Pública. La demanda todavía continúa su curso, pero mientras tanto los estados sometieron una acción temporal para bloquear la medida.
La Administración llevó el caso a la Corte Suprema y esta levantó el bloqueo. “Pero los casos de las demandas continúan”, dijo LaRue. “Esperamos ganar”, concluyó la activista.
