El impacto del coronavirus Covid-19 no solo se mide en vidas. Sus efectos en materia económica son incalculables; sin embargo, autoridades hacen todo lo posible por evitar más desgaste en el bolsillo del consumidor.
Este martes, el Consejo de D.C. aprobó un proyecto de ley para el congelamiento del incremento de alquileres y protección al consumidor, todo esto para aliviar la crisis financiera que causó la pandemia.
Por primera vez en más de 40 años, el Consejo sesionó de una manera bastante particular. Como la expansión del virus supuso la aplicación de medidas extremas para evitar que el número de contagios ascienda, los representantes dijeron presente a través de la popular plataforma Zoom.
La reunión, hecha en un plano virtual, arrojó como resultados el freno al pago de alquileres, así como el aumento de estas rentas mientras se mantenga el estado de emergencia en el área.
Además, los pagos hipotecarios cuentan con un aplazamiento de hasta 90 días.
Las medidas se convierten en un salvavidas a los residentes de Washington D.C. que vieron sus finanzas agrietadas en medio del caos económico que despertó el arribo de la pandemia. Pese a la aprobación del estímulo económico por parte del Ejecutivo, no todos se vieron beneficiados, de ahí que esta normativa cae de la mejor manera posible a muchos.
El Consejo también prohibió las demandas por cobro de alquiler en un lapso de 60 días después de levantada la emergencia.
Asimismo, se prohibió el corte a servicios de internet y telefonía.
Durante la sesión, Robert White, miembro del Consejo, aseguró que se estaban haciendo “muchas cosas para mucha gente”; sin embargo, aclaró que “no podemos hacer todo por todos. Quiero señalar mi decepción por no haber podido crear un fondo para los trabajadores que no están cubiertos”.
White hizo referencia al decreto que dejó por fuera a indocumentados, dejando a la deriva a miles de personas.
En cuanto al cobro del seguro por desempleo, los miembros aprobaron ampliar la definición del término e incluir a aquellos profesionales que trabajan por su propia cuenta, así como aquellos que se rigen bajo contrato y los que “de otra manera no calificarían”.
Desde que se aprobó el estímulo económico, cientos de miles de personas han optado para recibir ayuda del Estado.
