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MÉDICOS. El Comité de Santa Marta, Cabañas reunió $2 mil para contratar a un médico para la comunidad salvadoreña. | FOTO: Cortesía Comités
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TRANSPORTE. Debido al COVID-19, desplazarse es difícil para la Comunidad Milagros Segundo Montes en Jiquilisco, Usulután. | FOTO: Cortesía Comités
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FAMILIAS. El comité de ayuda para El Bajo Lempa Tecoluca activó esfuerzos en el DMV para ayudar a más de 130 familias. | FOTO: Cortesía Comités
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LLUVIAS. La zona del Bajo Lempa en El Salvador ha sido fuertemente afectada por las lluvias además de las restricciones por el COVID-19. | FOTO: Cortesía Comités
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COMIDA. Desde el DMV, el Comité Monseñor Romero y el Comité Pro-Guatajiagua, Morazán, han hecho llegar comida a sus comunidades. | FOTO: Cortesía Comités
Las severas tormentas que causaron muerte y destrucción en El Salvador la semana pasada sumaron a la tragedia del país centroamericano, en medio de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y la cuestionada gestión del gobierno de Nayib Bukele. El gobernante por más de 80 días mantiene en cuarentena rígida a la población que ya ve escasez de alimentos ante la falta de trabajo y el impacto de las lluvias ha agudizado la crisis.
Los cuadros de personas sacando banderas blancas o carteles en señal de auxilio por falta de comida en medio de la tormenta, han tocado hondo en numerosos comités de apoyo de diferentes localidades de El Salvador que mantienen una constante cooperación con sus comunidades desde el Área Metropolitana de Washington.
Así la evaluación de lo que pasaba durante la cuarentena que inició el 21 de marzo les ha mantenido activos, pero lo que los movió a actuar de manera coordinada fue lo desatado por las tormentas Amanda y luego Cristóbal durante una semana continua de lluvias que dejó al menos 27 fallecidos, millones de pérdidas en infraestructura de viviendas y la red pública.
Los miembros del Comité de ayuda para El Bajo Lempa Tecoluca (una zona de las riberas del Río Lempa, que parte el territorio salvadoreño de norte a sur desde la frontera de Honduras hasta desembocar en el Océano Pacífico), activaron en el DMV esfuerzos para ayudar a más de 130 familias, que están paralizadas por la serie de prohibiciones que ha impulsado el gobierno para evitar contagios por COVID-19, y que hoy han sido golpeados por las inundaciones.
Lucía Martínez, representante de ese Comité en esta región comentó a El Tiempo Latino que las ayudas han sido dirigidas directamente para apoyar con alimentos y ropa a las familias afectadas. Martínez también apunta que desde el área de DC se ha iniciado un proyecto de cooperativa de agroindustria para generar empleo entre los habitantes de aquella comunidad que con las lluvias se vieron amenazados.
“Nosotros empezamos este proyecto de generar fuentes de empleo para 200 mujeres que quedaron desempleadas el año pasado, ellas trabajaban en un programa de reforestación de las riberas del río Lempa del gobierno anterior y que fue cortado, así que con la crisis de la pandemia y la paralización de toda la actividad, se han agudizado las necesidades”, comentó.
Por iniciativa personal Martínez empezó haciendo pan y repostería para recaudar fondos y sumarlos a las donaciones que otros miembros lograron recolectar. Así lograron reunir más de dos mil dólares que fueron destinados para proporcionar alimentos, además de una dotación de ropa que gestionaron con una iglesia.
En la comunidad salvadoreña el proyecto cooperativo les ha servido para gestionar un permiso para movilizarse por ser un sector productivo, con lo que algunos de sus miembros han podido viajar hasta fuera del departamento para lograr vender productos como frutas y derivados que han servido de sustento mínimo.
Al principio no se podía trabajar, después han estado organizando para que los lugareños tengan al menos uno o dos días laborales a la semana con lo que puedan tener algunos dólares para llevar la crisis.
Por ser una zona de fuerte recarga hídrica, además de las descargas periódicas que hace la Presa Hidroeléctrica 15 de Septiembre, cuando se enfrenta al límite de su capacidad de embalse, en esa zona del Bajo Lempa con fuerte saturación puede incluso causar erupciones de agua dentro de las viviendas
“Es muy difícil aportar en estas circunstancias, pero nosotros hemos ayudado con nuestros miembros de manera personal haciendo pequeños aportes con lo poco que podemos, porque aquí en el DMV también hay dificultades por el desempleo que ha causado el coronavirus”, comentó Martínez.
Respuesta del Comité Monseñor Romero
Sin ventas de semillas de marañón las 80 familias de la Comunidad Milagros Segundo Montes en Jiquilisco, Usulután, están literalmente a merced del hambre, y los más de dos meses de cuarentena obligatoria han pasado factura a estos trabajadores informales, que además de ver bloqueado el mercado, tampoco pueden desplazarse para otros lugares del país al estar paralizado todo el transporte público por orden del gobierno.
La familia Granados trabaja con el Comité Pro-Guatajiagua, Morazán, donde también sus miembros han enviado ayuda por las necesidades que enfrenta la población del municipio.
Pero Bessy Granados, como portavoz de Comité Monseñor Romero, comentó a El Tiempo Latino que con la Comunidad Milagros Segundo Montes han trabajado durante muchos años, incluso fue esta organización quien ayudó desde Washington para completar algunos proyectos de vivienda esencial en el año 2011.
Con la doble emergencia, tanto de la pandemia como de las tormentas, esas ochenta familias que suman unas 425 personas, entre adultos y niños, se avocaron a este Comité con el llamado de ayuda.
“Las dificultades que estamos enfrentando aquí en el DMV por la situación de pandemia no se comparan a lo que están pasando nuestros hermanos salvadoreños allá. Nosotros hemos organizado de manera bastante rápida donaciones de miembros para comprar alimentos para estas familias y logramos reunir cerca de tres mil dólares para hacer las compras allá con una persona que se movilizó para la entrega, además entregamos 400 mascarillas lavables”, comentó Bessy Granados.
La ventaja, dijo esta salvadoreña residente en Washington, es que el Comité tiene una relación de larga data con esta comunidad y su directiva, por lo que todo se maneja con total transparencia, tanto el conteo de familias como el envío de cada factura y hasta el mínimo detalle de las compras y los beneficiarios.
El lugar también ubicado en la franja costera del país se ha visto impactado por las inundaciones de los últimos días que han destruido algunas viviendas, por ahora el reto está en seguir ayudando, pero también este Comité con 19 años de trabajo desde Washington buscará ampliar las redes de donantes para seguir apoyando a El Salvador.
DMV, siempre solidario
Bessy Granados recordó que la solidaridad de la comunidad salvadoreña desde el área de la capital nacional ha sido permanente por décadas y ante diversas tragedias siempre ha respondido con prontitud. Granados también alertó que el impacto por la respuesta a la pandemia de COVID-19 del gobierno salvadoreño vaticina una crisis profunda que se suma a los estragos causados por los desastres naturales, por lo que dijo que “habrá que estar muy preparados y dispuestos a luchar por el país”.
La Asamblea Legislativa de El Salvador con el consenso de todas las fuerzas políticas de mayor representación en el aparato legislativo había diseñado una Ley de Emergencia que contemplaba la apertura gradual de la economía del país para minimizar el impacto de pandemia. El presidente Bukele la vetó y amenazó con cerrar negocios y empresas que trabajen sin su autorización desde este lunes 9 de junio, que se contemplaba la primera fase de la desescalada gradual para pequeños negocios no esenciales, según la ley vetada.
Por ahora diferentes centros de análisis tanto económicos como jurídicos del país miden los daños sin precedentes al sistema económico, y de la institucionalidad democrática del país bajo el gobierno de Bukele.
Los analistas ven el gran riesgo de hacer colapsar a miles de familias trabajadoras que logran su sustento con pequeños negocios y otra parte en el sector informal. Según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, BID, más de un 60 % de la fuerza productiva del país la constituyen estos sectores, por lo que el impacto a nivel nacional adquiere dimensiones sin precedentes.
A la fecha, el gobierno de Bukele no ha presentado ningún plan concreto sobre la reactivación económica, y ha basado su estrategia en perpetuar la cuarentena; además la ciudadanía ha comenzado a cuestionar la falta de transparencia sobre la situación.
Donde hay comida, faltan médicos
Por el Comité de Santa Marta, Cabañas, conversó con ETL el representante Francisco Ramírez, desde Virginia, quien a la vez preside el conglomerado de organizaciones de salvadoreños con Comunidades Transnacionales Salvadoreñas–Americanas, COTSA, que aglutina a 17 comités. Cada uno de estos sigue de cerca las necesidades de los suyos y están apoyando con necestades urgentes.
Ramírez explicó que su comunidad en El Salvador es una zona rural donde el abastecimiento de alimentos básicos lo prevé la familia con un año de antelación, así que durante la emergencia por la pandemia, en esa zona no han sufrido falta de provisiones. Tampoco las lluvias han generado mayores estragos, por estar en la franja central del país con suelos más estables y de mayor capacidad de absorción hídrica durante ciclos de lluvias intensas.
No obstante, para cubrir los parches en otras zonas del país, el gobierno desplazó el personal asignado para salud en esa zona hacia otras regiones, y con ello la comunidad quedó sin servicio médico.
Ahí el Comité gestionó desde Washington donaciones para contratar de manera temporal a personal durante esta emergencia, con lo que han hecho una donación de $2 mil, para que haya un médico para atender en salud primaria a la comunidad y para orientarles sobre el efecto de la pandemia de coronavirus.
“A manera personal, yo creo que lo más importante es que las personas conozcan sobre la enfermedad y para ellos lo mejor es un médico para orientar, yo no estoy de acuerdo en poner retenes militares y de policías, ellos pueden tener buenas intenciones, pero no saben de salud, así que pueden estar para apoyar, pero no para dirigir ante un problema como ese”, comentó Ramírez.
Hasta el lunes 9 de junio El Salvador tenía contabilizados 2 mil 939 casos confirmados causados por COVID-19, de estos 53 personas han fallecido. Los principales focos de contagio se han dado en los centros de contención ideados por el gobierno para encerrar a personas que violan la cuarentena. También en los últimos días ha transcendido que el cuerpo de la Policía Nacional Civil, PNC, representa un foco activo de contagios, pero desde este lunes miles de policías han sido desplegados en 800 puntos de control y retenes, para revisar la documentación de los ciudadanos y evitar que rompan las imposiciones de la cuarentena ordenada por el gobierno.
