La confianza de los inmigrantes que residen en el condado de Prince William (Virginia) con la policía local se vino a menos desde 2007, cuando se aprobó el programa 287g, un acuerdo entre las autoridades y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés). Bajo sus políticas, 579 personas ubicadas en centros de detención de la zona y Manassas han sido deportadas, según el Prince William Times; sin embargo, para CASA esto podría cambiar a corto plazo.
La organización encargada de velar por los derechos de inmigrantes en el DMV estaba a la espera de lo que suceda el miércoles en la Junta de Cárceles del condado de Prince William, donde se votó por la cancelación del programa.
Sobre el tema, Ricardo Sánchez-Silva, director web de El Tiempo Latino, entrevistó en exclusiva a través de Facebook Live a Jonathan Cano, especialista en derecho del mencionado grupo, quien se refirió al 287g como una política basada “en la discriminación y el racismo”.
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Cano denunció que bajo este formato “lo que está en práctica es que inmigración está agarrando a todas las personas, separando a las familias y creando más tensión y desconfianza con la policía local”.
Actualmente, ICE opera bajo 140 acuerdos en 22 estados; no obstante, en Prince William la situación despertó la molestia de la comunidad, la cual protagonizó el viernes 12 de junio una manifestación frente a la oficina del sheriff del condado, donde activistas promigrantes expresaron su rechazo a las labores de cooperación entre autoridades locales y la policía de inmigración.
El especialista en derecho de CASA reclamó que desde el inicio del programa la policía comenzó a discriminar a la comunidad “simplemente por ser hispanos”. Expresó que antes de que se aplicara el 287g, la población latina tenía un buen punto de vista de los uniformados, pero bajó de 90% a 70%.
En cuanto a un posible repunte en los índices de criminalidad en el condado -en caso de que se elimine la política-, indicó que los números no aumentarán y “eso habla de que este programa no es necesario y la policía puede tener de vuelta la confianza con la comunidad”.
Economía por encima de la salud
Sobre la segunda fase de la reapertura económica en el norte del estado, etapa que dio inicio el pasado viernes, Cano denunció que el gobierno local no hace lo suficiente “para preparar y proteger a nuestra comunidad”. Asimismo, señaló que para las autoridades la prioridad es la economía más que la salud.
De acuerdo con el representante de CASA, “el virus ha demostrado las desigualdades por las que atraviesa la comunidad. El gobierno debía aplicar más pruebas accesibles antes de entrar en la fase 2”.
El lunes, el Departamento de Salud de la entidad reveló que los latinos conforman el grupo étnico con más casos de Covid-19, con el 45.3% de los afectados. Para este miércoles, los positivos en todo el estado eran 55.775 y 1.583 muertos.
Aunque la fase 2 de la reapertura permite a los restaurantes recibir en un 50% de su ocupación interna a comensales y los gimnasios operan a un 30% de su aforo, Cano indicó que el gobierno debía brindar con antelación los recursos para proteger a sus habitantes.
Para ampliar información reproduce la entrevista a continuación:
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