Este martes, el Tribunal de Apelaciones del Circuito de D.C. anuló una orden judicial preliminar que pesaba contra la regla del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), lo que permite a la administración Trump ampliar el procedimiento para deportar rápidamente a inmigrantes indocumentados de territorio estadounidense.

El hecho llega mientras una demanda contra dicho programa avanza.

Según la decisión del panel de tres jueces, la deportación puede proceder sin que el inmigrante acuda con un juez ni tenga acceso a un abogado.

The Hill informó que la mayoría de los miembros del panel aseguraron que, pese a que organizaciones que presentaron la demanda cuentan con la capacidad legal para dar inicio a un proceso legal, la ley de inmigración que otorga poder al DHS resta probabilidades a que el caso se resuelva a favor de los grupos.

La jueza Patricia Millett indicó en la decisión que “difícilmente podría haber una expresión más definitiva de la intención del Congreso de dejar la decisión sobre el alcance de la remoción acelerada, dentro de los límites legales, a juicio independiente del Secretario”.

El fallo acaba con una orden judicial preliminar desde septiembre de 2019, cuando un juez federal de D.C. se puso del lado de los grupos que defienden los derechos de los inmigrantes al asegurar que el DHS no cumplía con las normas en el procedimiento para establecer una nueva regla.

La semana pasada, Trump sufrió un duro revés en su política migratoria luego de que un fallo de la Corte Suprema le impidiera poner fin al Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA).

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, calificó la acción del presidente Trump de arbitraria y caprichosa. La disputa data de 2017, primer año del Gobierno actual cuya política migratoria busca finalizar otros programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y frenar la llegada de inmigrantes.

Desde 2017 inició una batalla judicial con demandas en contra de la decisión del presidente. Los jueces del máximo tribunal no decidieron sobre esa potestad, en cambio respondieron si el argumento de Trump de que el programa es ilegal es suficiente para ponerle fin a DACA.

“No decidimos si DACA o su rescisión son políticas sólidas (…) Solo abordamos si la agencia cumplió con el requisito de procedimiento de que proporcione una explicación razonada de su acción. Aquí, la agencia no tuvo en cuenta los problemas conspicuos de si se debe mantener la paciencia y qué hacer si hay algo que hacer sobre las dificultades para los beneficiarios de DACA”, sostuvo la Corte.