Claudia Ginestra

“Lloré cuando escuché la decisión de que el programa de DACA se mantendría”, así nos contó, Estefany Pineda, salvadoreña radicada en Boston, y beneficiaria de DACA, luego de que la Corte Suprema de los Estados Unidos anunciara que DACA (El programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) continuará vigente. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, calificó la acción del presidente Trump de derogar el programa como arbitraria y caprichosa. La disputa data de 2017, primer año del Gobierno actual cuya política migratoria busca finalizar otros programas como el Estatus de Protección Temporal (TPS) y frenar la llegada de inmigrantes.

“Mi salida de El Salvador fue una decisión rápida por parte de mi familia, una decisión de emergencia por una amenaza de muerte. Nos tomó 22 días llegar al EEUU por tierra”, contó la salvadoreña, quien migró a sus 9 años a Estados Unidos. Pineda es una de las casi 700.000 jóvenes inmigrantes sin papeles actualmente inscritos en DACA, la mayoría nacidos en México y otros países latinoamericanos, y que seguirán protegidos de la deportación y podrán aspirar a obtener permisos renovables de trabajo por dos años.

Desde 2017 inició una batalla judicial con demandas en contra de la decisión del presidente Trump. Los jueces del máximo tribunal no decidieron sobre esa potestad, en cambio respondieron si el argumento de Trump de que el programa es ilegal es suficiente para ponerle fin a DACA. “No decidimos si DACA o su rescisión son políticas sólidas (…) Solo abordamos si la agencia cumplió con el requisito de procedimiento de que proporcione una explicación razonada de su acción”, sostuvo la Corte.

DACA comenzó en 2012 bajo el gobierno del presidente Barack Obama, dio protección temporal de deportación a jóvenes que fueron traídos de niños por sus padres y crecieron en Estados Unidos, adoptando su idioma y sus costumbres. Trump ha tratado de eliminar el DACA desde que llegó a la presidencia, alegando que ha sido ilegal e inconstitucional desde un principio, pero fue bloqueado por las cortes y apeló al tribunal supremo.

DACA les otorga a sus beneficiarios, conocidos popularmente como dreamers (soñadores), un permiso temporal de trabajo que, al igual que la protección contra la deportación, pero deben renovar cada dos años. Para poder optar al programa, los jóvenes deben cumplir una serie de requisitos: haber entrado en EE.UU. antes de cumplir los 16 años y antes de 2007, estar escolarizados o licenciados del ejército, tener menos de 31 años el 15 de junio de 2012, no haber sido condenados por algún delito ni suponer una amenaza para la seguridad nacional.

Para Pineda, DACA le ha permitido entrar a la universidad y pagar sus estudios como ciudadana. “En Estados si hay opciones para los latinos e inmigrantes en el sector educativo, pero el costo siempre es un gran obstáculo”, aseguró la estudiante de último año de relaciones internacionales en UMass Boston. “Decidí estudiar esta carrera porque quiero ayudar a otros países que están riesgo y también deseo crear reformas en las políticas migratorias que ayuden a las personas con este status”, agregó. El sueño de Estefany Pineda es trabajar en una organización sin fines de lucro dedicada a jóvenes migrantes, y aportar en promover el acceso educativo de los latinos.

Sin embargo, DACA no es una solución permanente. “Me da mucho miedo que termine este programa porque me colocaría en status de indocumentada”, dijo. “Yo planifico mi vida cada dos años que debo renovar el programa, y eso a veces es frustrante porque me genera inestabilidad, sobre todo, a la hora de buscar empleo”.

Ante la incertidumbre que genera ser beneficiaria de DACA, Pineda pide a los jóvenes que están en su misma situación que no se rindan. “Aunque el camino parece oscuro, si podemos continuar. Muchas personas no nos quieren aquí y eso es lo que quieren ver, debemos seguir peleando por los dreamers”, enfatizó Pineda.

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