Tomás Guevara – ETL
FAMILIAS. Inmigrantes de El Salvador, Guatemala y Honduras en “Chirilagua” piden al gobierno de VA ayuda para pagos de la renta. | FOTO: Tomás Guevara – ETL
PREOCUPACIÓN. Evelyn Urrutia, directora de Inquilinos y Trabajadores Unidos está preocupada por el bienestar de los vecinos de Arlandria. | FOTO: Tomás Guevara – ETL
La inmigrante salvadoreña María Ramírez, llegó con su adelantado embarazo y el cúmulo de preocupaciones a una concentración organizada por Inquilinos y Trabajadores Unidos de Arlandria, al frente de la Corte de Justicia de la ciudad de Alexandria, desde donde decenas de participantes buscaban llamar la atención de las autoridades sobre la crisis que están enfrentando.
A casi cuatro meses de desatada la pandemia del coronavirus, el vecindario de Arlandria mejor conocido como “Chirilagua”, donde residen en su mayoría inmigrantes de El Salvador, Honduras y Guatemala; ha sufrido los estragos del COVID-19, tanto en la salud como en la economía con falta de trabajos o la reducción de horas para aquellos que todavía conservan uno.
María habló con El Tiempo Latino sobre las dificultades para ella, una madre de tres hijos y uno más en camino, a la hora de paliar esta situación nunca vista. Por ahora gracias a los cupones de alimentos y el apoyo de la iglesia, la canasta básica está suplida, pero la falta de efectivo para cumplir los compromisos de pagos de renta sí es una realidad compleja.
Radiografía de la renta
Al mes debe disponer del monto líquido de $1 mil 530 para dormir tranquila bajo techo junto a sus hijos, pero las dificultades causadas por la pandemia y el embarazo le impiden irse a la construcción donde trabajó antes de ser madre para ofrecer su mano de obra. Por eso se cambió a trabajar en restaurantes pero hoy por hoy esa industria no está muy activa.
“Estoy desempleada, debo más de dos meses de renta, y estoy muy preocupada porque sin trabajo uno no puede hacer nada. Para la comida he pedido estampillas y también me han dado alimentos en la iglesia, con eso no tengo problemas. Por el momento sólo he abonado mil dólares, me faltan $2 mil 800 todavía para ponerme al día”, comentó la madre salvadoreña.
La situación del vecindario, explicó Evelyn Urrutia, directora ejecutiva de la organización Inquilinos y Trabajadores Unidos, es crítica ante el impacto que ha tenido la pandemia en esta comunidad conformada mayoritariamente por familias inmigrantes.
La situación se agrava porque buena parte de los residentes de “Chirilagua” carecen de un estatus legal que les garantice ayudas adicionales del gobierno federal como derecho a recibir ayuda por desempleo, lo que pone en seria dificultad su capacidad para cumplir los compromisos del pago de vivienda.
“Muchas de nuestras familias han sido fuertemente afectadas por esta pandemia, han perdido sus trabajos, o algunos si bien tienen uno, han perdido horas con lo que se han visto atrasados con la renta y los pagos de servicios, entonces es claro que estamos en una crisis y nuestros gobiernos y representantes no están haciendo mucho para ayudar a esta comunidad”, comentó Urrutia.
Pedido al gobernador
Por ahora esta organización con 30 años de trabajo con la comunidad en “Chirilagua” dice que la oficina del gobernador Ralph Northam debe subir el monto de $50 millones aprobados para ayudar a familias que atraviesan dificultades para pagar la renta en Virginia, porque es claro que la cifra se queda pequeña ante las necesidades sobre todo en comunidades muy impactadas como Arlandria y otras jurisdicciones de fuerte presencia latina.
Para Urrutia, el estado de Virginia debería subir la suma a al menos mil millones de dólares si se quiere evitar una ola de desalojos ante la incapacidad de los inquilinos de poder pagar las deudas que se van acumulando a medida se alarga el tiempo de la pandemia.
El inmigrante hondureño Jesús Escobar, quien llegó a vivir a “Chirilagua” hace dos años, dijo que él debe la renta de los 4 meses de pandemia. En su caso ademásde haber perdido su trabajo también cayó como víctima del virus que lo mantuvo postrado durante todo el mes de mayo.
“Yo realmente al ser desalojado no sé para dónde agarraría con mis dos hijos, estoy realmente preocupado porque debo 3 meses de renta y ahora también julio y tampoco se ve nada claro… no sabemos qué va pasar porque hoy en día esta muy difícil obtener un trabajo estable”, agregó Escobar quien es un padre soltero.
Cartas de “landlords”
Por ahora los vecinos han recibido en sus domicilios cartas de sus “landlords” (arrendadores) para hacerles saber de las moras que están acumulando. Así lo confirmó María Ramírez, quien acotó que no mencionan nada sobre desalojos, pero esta inquilina cree que es cuestión de tiempo para que haya alguna consecuencia por no cumplir con los pagos, y de ahí su decisión de asistir a la concentración para alzar su voz.
Evelyn Urrutia aseveró que la crisis en “Chirilagua” se cierne sobre unas 10 mil familias que residen en más de 3 mil apartamentos que han sido azotados por la pandemia y las consecuencias que está dejando el patógeno en las comunidades más vulnerables.
“Estamos acá para llamar la atención y hacerle saber al gobernador que tiene que hace más por la comunidad latina que está siendo muy afectada en este momento”, puntualizó Urrutia.
En otras jurisdicciones del Área Metropolitana de Washington las autoridades se han enfocado en legislar y hacer desembolsos adicionales para evitar una ola de desalojos. Por ejemplo en el Distrito de Columbia y el condado de Montgomery en Maryland, han dispuesto iniciativas para minimizar los impactos en sus comunidades, sin importar el estatus legal de las familias.
