Nicmer Evans, director del medio de comunicación Punto de Corte, fue detenido por el régimen de Nicolás Maduro y se convirtió en el más reciente preso político en Venezuela. El periodista había recibido amenazas previas, informó Carlos Ponce, director para Latinoamérica de Victims of Communism Memorial Foundation, quien conversó con El Tiempo Latino.
“Ya lo venían amenazando desde hace tiempo, indicandole que iba a ser perseguido, que le iban a caer a golpes, que le iban a hacer diferentes expedientes. Nicmer era uno de los intelectuales que apoyó a Hugo Chávez (…) hasta que se dio cuenta del desastre”, explicó Ponce.
La tarde del lunes 13 de julio funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) de Venezuela se presentaron en la residencia de Evans, en Caracas, con una orden de allanamiento. El delito: presunta instigación al odio, informó el propio periodista vía Twitter antes de entregarse.
El allanamiento a la vivienda duró más de cuatro horas y durante el procedimiento estuvo retenida la familia de Evans.
“Quiero dejar claro que el derecho consagrado de la libertad de expresión, la crítica a la acción política, la defensa y la resistencia ante la tiranía no pueden ser consideradas instigación al odio”, dijo en un video antes del arresto.
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Además de dirigir Punto de Corte y la empresa de asesoría Visor 360 consultores, el periodista Nicmer Evans apoyó al chavismo en sus inicios
“Yo creo que Nicmer es un tipo honesto por lo que me ha parecido. Vive en un apartamento modesto, no tiene grandes lujos. Que la gente lo pueda criticar porque fue chavista, sí; por que es de tendencia de izquierda o progresista, sí”, dijo Ponce.
El director de la Victims of Communism Memorial Foundation explicó que Evans se desvinculó del chavismo y comenzó a criticar la corrupción y las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Después de contribuir con el medio oficialista Aporrea fundó Punto de Corte, un medio que comenzó a crecer y a tener impacto. “Se convierte en una piedra en el zapato para el régimen porque él lo conoce por dentro”, comentó Ponce.
Evans también comenzó activismo en defensa de los derechos humanos y movimientos sociales mediante la Plataforma Nacional de Conflictos, lo que además de generarle sombra a la oposición molestó al oficialismo. Según explicó la fuente, se volvió peligroso para el régimen y para la oposición.
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“Hay una oposición en la que algunos están en línea con el régimen, en una convivencia mortal; y Nicmer ha criticado a la oposición y al gobierno”. Precisó que se refiere al G4, como se conoce al grupo de partidos políticos Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, que presuntamente -a juicio de Ponce- han recibido financiamiento de testaferros y de fuentes no transparentes.
El cargo por instigación al odio, explicó Ponce, es debido a un tuit de Evans en el que desea larga vida a Fidel Madroñero, un constituyentista que apoya al régimen, y quien además tiene COVID-19, para que enfrente la justicia.
“Aprovecharon la primera oportunidad (…) para tomar eso y decir que es apología al delito y arrestarlo”
Violaciones al debido proceso
Las pautas judiciales legales que aplican en caso de detenciones se han violado en el caso de Evans. Alfredo Romero, director de Foro Penal, una ONG que asiste a presos políticos, denunció el miércoles 15 de julio que se incumplió el traslado a tribunales en el debido lapso de 48 horas a partir de la detención. Ni siquiera sabían dónde estaba preso.
El jueves, Romero acudió junto con familiares de Evans a la sede de la Dgcim, en Boleita, Caracas, a llevarle ropa y medicinas para la hipertensión. Sin embargo los funcionarios del régimen no recibieron los insumos y tampoco permiten verlo.
En un balance ofrecido el lunes 13 de julio, Foro Penal informó que en Venezuela hay 410 presos políticos: 379 son hombres y 31 mujeres. Además, destacó que 126 de los detenidos son militares y hay 2 adolescentes presos.
Estado fallido
“Hay que entender que este es un régimen que ya tiene dos décadas (…) que ha perseguido a cualquier movimiento que sea no afín; que ha perseguido a organizaciones, a doctores, a toda posibilidad de disidencia o cualquier pensamiento independiente; y lo obligan a irse del país o lo meten en la cárcel y lo torturan”, denunció Ponce.
Sostuvo que en Venezuela hay un gobierno autoritario y dictatorial pero con un nuevo formato, pues está asociado con el crimen organizado, con elementos militares; y se creó una mafia que además penetra en sectores privados y políticos. “Es un Estado fallido”, sentenció.
“Ya no es la dictadura tradicional, es un narco régimen criminal que ya no tiene bases de ningún establishment ni institución, porque a veces las dictaduras preservan cierta institucionalidad. Aquí ni eso hay”.
Con información de Ricardo Sanchéz-Silva.
