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Por FINANCIAL TIMES EDITORIAL BOARD

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Es altamente probable que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firme y haga ley auxilios fiscales de $1,9 trillones (en nomenclatura anglosajona un millón de millones); insertándose a sí mismo en los anales.  El Plan de Rescate Americano es casi tan histórico como la pandemia que busca mitigar.

Considérese, en primer lugar, su escala bruta.  Barack Obama gastó mucho menos en el estímulo que aprobó durante la debacle financiera del 2008-09.  Y esa intervención fue única.  El proyecto de ley de Biden es el más reciente en una serie de derroches del gobierno federal en los últimos doce meses.  En mercados financieros boyantes y en una economía que ha declinado menos que la mayoría, el efecto se siente.  Los Estados Unidos tiene lecciones que impartir, y también tiene menos restricciones al endeudamiento que la mayor parte de las naciones.

El precio del proyecto es impactante y sus contenidos son claramente Demócratas.  Gran parte de los fondos son para los desempleados y las familias con hijos.  También incluye mucho más en subsidios para salud.  Para aclarar, los auxilios bajo Donald Trump no se pueden considerar mezquinos:  los desempleados estuvieron entre los más vulnerables que recibieron ayuda, incluyendo por vía de orden ejecutiva cuando el congreso se paralizó el verano pasado.  Y esa propensión redistributiva ha sido llevada aún más lejos por su sucesor.  El cambio de presidente no ha traído sólo consecuencias éticas, sino también materiales.

Una tercera razón para resaltar este proyecto de ley es su astronómica popularidad.  A diferencia del New Deal (el plan de estímulo de Franklin Roosevelt durante la Gran Depresión), y a pesar de la oposición de los Republicanos en el Congreso, no es ni remotamente polémico entre los votantes.  A diferencia del estímulo de Obama, no ha desatado una revuelta folclórica como la del Tea Party (movimiento ultraconservador Republicano formado en el 2010).  Aún muchos americanos favorables a la Derecha apoyan tanto el proyecto en general como gran parte de sus cláusulas.

Este clamor público hacia la intervención estatal complica todas las nociones que denotan a los Estados Unidos como una cultura anti-gobierno y de libre mercado.  De hecho, durante años se han observado en el país actitudes hacia el Obamacare (la ley de salud del año 2010) y hacía la desigualdad, que vislumbran una tendencia socialdemócrata.  Aún aquellos que deploran esta tendencia (y nadie debería sentirse cómodo con la escala del gasto que conlleva este proyecto de ley) tienen que aceptarla como una realidad política.

Ciertamente, auxilio no debe confundirse con cambio permanente.  La mayoría de los fondos adicionales, en cheques directos, créditos fiscales y beneficios de desempleo, tienen un límite de tiempo.  Entre las reformas duraderas que los Demócratas planeaban, la más audaz, un salario mínimo a nivel federal de 15 dólares la hora, no ha podido atravesar el filtro legislativo.  Caracterizaciones sobre el fin del neoliberalismo y de un nuevo acuerdo entre trabajadores y el capital, quizás tengan corta vida.

Sin embargo, es improbable que los americanos puedan apoyarse en el gobierno tanto como lo han hecho en el último año sin sufrir cambios en su esencia.  El significado del New Deal no fue sólo su efecto sobre la Depresión, el cual todavía es disputado, sino su legado psíquico.  Habiendo visto funcionar al gobierno activo, los votantes estuvieron abiertos a ese concepto durante décadas. Fue necesaria la crisis petrolera de la OPEP y el auge de la Nueva Derecha para romper el consenso Keynesiano en los años setenta.  Junto con el resto de la generosidad federal desde el comienzo de la pandemia, el proyecto de ley de Biden podría dejar una marca cultural no menos profunda.  Aquellos que vieron salvado su sustento no lo olvidarán fácilmente cuando termine la pandemia.

En un sentido, los problemas de Biden no hacen más que comenzar.  Si el gasto infla los precios y recalienta la economía, adquirirá toda la infamia pública que hasta ahora ha evitado.  Aún de no ser así, Biden no puede permitir que el gasto extravagante se convierta en algo normal.  El presidente tiene el deber de recordarle a los votantes una molestia olvidada – el déficit – y de tomar decisiones difíciles para cubrirlo.  El gobierno paternalista debe financiarse: puede que los impuestos tengan que aumentar durante su guardia.  Como logro político, restaurar la salud fiscal de los EEUU quizás parezca un deseo inalcanzable.  Pero igualmente lo parecía una ley de auxilios tan ambiciosa hace algunas semanas.

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