El Departamento de Justicia ha acusado a 474 personas durante el año pasado de intentar robar más de $569 millones mediante el uso de esquemas de fraude criminal relacionados con la pandemia de coronavirus y confiscó al menos $580 millones en procedimientos civiles, anunciaron funcionarios el viernes, demostrando cómo significaban los programas financiados por los contribuyentes. para aliviar la carga económica de la crisis se han vuelto susceptibles a los estafadores.
El departamento dijo que ha visto intentos de fraude relacionados con varios programas de ayuda del gobierno. La Sección de Fraudes de la División Criminal, por ejemplo, ha acusado al menos a 120 personas en relación con el fraude del Programa de Protección de Cheques de Pago, un programa de préstamos subsidiados por los contribuyentes regulado por la Administración de Pequeñas Empresas, que ha sido motivo de preocupación durante mucho tiempo debido a la forma en que se distribuían los fondos del programa. desembolsado con relativamente poca supervisión.
El departamento dijo que también había visto un inmenso fraude en relación con el programa de Préstamos por Desastre por Lesiones Económicas y, junto con el Servicio Secreto y la oficina del fiscal de los Estados Unidos en Colorado, había incautado $580 millones de dinero posiblemente robado de ese programa a través de procedimientos administrativos. Ese dinero, dijeron las autoridades, está separado de los fondos explícitamente vinculados a cargos criminales.
Además, el Departamento de Justicia dijo que había encontrado dueños de negocios que inflaron los gastos de nómina para obtener préstamos del Programa de Protección de Cheques de Pago más grandes de lo que hubieran calificado, así como “estafadores en serie” reviviendo corporaciones difuntas o comprando compañías fantasma sin operaciones para solicitar grandes préstamos.
Contra el fraude
En un caso en Texas, dijo el departamento, un hombre se declaró culpable de presentar 15 solicitudes falsas bajo varios nombres comerciales para tratar de obtener $24.8 millones en préstamos, cuando ninguna de las empresas tenía empleados o pagaba los salarios que él afirmaba tener. La mayoría de los acusados, dijo el departamento, gastaron la ayuda del gobierno en casas, automóviles, joyas y otros artículos de lujo.
“El Departamento de Justicia ha liderado una iniciativa histórica de aplicación de la ley para detectar e interrumpir los esquemas de fraude relacionados con COVID-19”, dijo el Procurador General Merrick Garland en un comunicado. “El impacto del trabajo del departamento hasta la fecha envía un mensaje claro e inconfundible a aquellos que aprovecharían una emergencia nacional para robar recursos financiados por los contribuyentes de personas vulnerables y pequeñas empresas. Estamos comprometidos a proteger al pueblo estadounidense y la integridad de las líneas de vida críticas que les proporcionó el Congreso, y continuaremos respondiendo a este desafío”.
The Washington Post. Traducción libre por El Tiempo Latino.
