Aime Williams - Financial Times

El gravamen elevaría sustancialmente la carga de las empresas, pero los planes enfrentarán significativos obstáculos

La administración Biden le ha dado gran importancia a su ambición de dominar los excesos de la globalización y, al mismo tiempo, a reintegrar a EEUU al escenario mundial. La administración ha criticado el envío de empleos y de capacidades de fabricación estadounidenses al extranjero, donde los costos laborales son más baratos. Y después de la gran revelación del proyecto de ley de infraestructura del presidente la semana pasada, ha dirigido su atención a los impuestos.

Según Washington, los impuestos, como los trabajos, no debieran deslocalizarse. La secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, declaró el lunes que presionaría por implementar un impuesto corporativo mínimo global. Esto le sigue al anuncio de los planes de la nueva administración para aumentar los impuestos corporativos en EEUU, los cuales han resultado ser controvertidos. Pero, si un EEUU proteccionista quiere reformar no sólo su propia política fiscal sino también la internacional de esta manera, necesita desesperadamente la ayuda de otros países, o al menos de la mayoría de los países del G20.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha estado hablando de impuestos corporativos durante bastante tiempo, por supuesto. De hecho, numerosos países llevan años hablando de ellos. El problema ha sido que, mediante el uso creativo de la contabilidad y de las excepciones legales, las grandes corporaciones multinacionales constantemente han encontrado formas de reducir sus facturas tributarias, a veces volviéndolas inexistentes al desviar sus beneficios a jurisdicciones de bajos impuestos como Irlanda, los Países Bajos, o las Islas Caimán, por nombrar sólo tres. Un informe de esta semana del Instituto de Política Fiscal y Económica (ITEP, por sus siglas en inglés), un grupo progresista de expertos, descubrió que 55 grandes corporaciones en EEUU no pagaron impuestos federales el pasado año fiscal, a pesar de haber reportado beneficios combinados que sumaron US$40 mil millones. Esto equivale a una elusión fiscal bastante agresiva.

Las normas fiscales estadounidenses ya son bastante inusuales. Es la única gran economía que tiene lo que los analistas fiscales denominan un sistema fiscal "mundial", en contraposición a un sistema territorial. Eso, en sí, es una forma abreviada de decir que EEUU ya va más allá que la mayoría de los países en sus esfuerzos por gravar los ingresos de sus multinacionales en el extranjero.

Aparte de la simple estrategia doméstica de aumentar el impuesto de sociedades estadounidenses del 21 por ciento al 28 por ciento, uno de los cambios más importantes propuestos por la administración Biden es duplicar la tasa general a la que grava los ingresos en el extranjero de las empresas estadounidenses. Lo hace a través de su regla GILTI (siglas en inglés de “ingreso de bajos impuestos intangible global”). Básicamente, esto ofrece una reducción de los impuestos sobre los beneficios equivalente al 10 por ciento del valor de la inversión de capital y luego grava el resto a la mitad de la tasa del impuesto corporativo estadounidense (actualmente 10.5 por ciento), y posteriormente ofrece un crédito del 80 por ciento para los impuestos ya pagados en el extranjero. Joe Biden quiere aumentar ese 10.5 por ciento a 21 por ciento, y desea eliminar la regla que libera de impuestos en un 10 por ciento. Biden también está proponiendo una reforma de cómo se utilizan estos créditos fiscales; él quiere detener una práctica mediante la cual una compañía puede reclamar esos créditos cuando se recaudan en jurisdicciones con altos impuestos y luego usarlos para compensar sus facturas de impuestos estadounidenses generadas en un país diferente.

Y, si te estás preguntando qué impedirá que las compañías simplemente se vayan de EEUU, Biden también está planeando reforzar las llamadas reglas de "inversión" existentes, dificultando que las compañías con sede en EEUU sostengan que están domiciliadas en otro lugar a través de fusiones y adquisiciones.

Las empresas estadounidenses están, en general, bastante enfurecidas por los planes. Business Roundtable, un grupo de presión, ha pedido que EEUU asegure un acuerdo en la OCDE que eleve la carga fiscal de sus rivales extranjeros "antes de unilateralmente someter a las compañías estadounidenses a una desventaja competitiva". Otros cabilderos han criticado al equipo de Biden por ser demasiado académico y no comprender las complicaciones del mundo real y las cargas administrativas de un complejo régimen fiscal. Las asociaciones comerciales y los cabilderos se han alineado para advertir que los aumentos de impuestos pudieran costar empleos.

Otros han argumentado que las corporaciones estadounidenses, de hecho, no pagan muchos impuestos. Un análisis de la Fundación Peter G. Peterson ha indicado que los ingresos por concepto de impuestos corporativos de EEUU son los más bajos de los países del G7, al 1 por ciento del producto interno bruto (PIB), en comparación con aproximadamente el 2 por ciento en Francia y en Alemania, y el 4 por ciento en Canadá y Japón.

Si bien los llamados de Yellen por una tasa global más alta de alguna manera distraerían del argumento de la desventaja competitiva, cuando de la tasa global se trata, no está claro cuán alta pudiera ser una tasa mínima. Las discusiones de la OCDE a principios del año pasado sugirieron un impuesto corporativo mínimo del 12.5 por ciento, mientras que EEUU ahora está presionando por una tasa básica mucho más elevada. Otros países estarán esperando a ver qué puede Biden lograr que el Congreso estadounidense apruebe, un proceso que probablemente llevará meses. Si bien existe apoyo generalizado de los planes por parte de toda la bancada demócrata, es probable que haya enmiendas.

La pregunta importante tiene que ver con qué puede hacer EEUU para persuadir a otros países de que ajusten sus políticas fiscales. Las grandes potencias de la Unión Europea (UE), Alemania y Francia, ya han respaldado a Yellen, aunque en términos un poco vagos. EEUU también tiene influencia en cuanto a su capacidad para lograr el éxito o el fracaso del debate sobre la introducción de un impuesto digital global, el cual también está en curso en la OCDE. Sin embargo, los impuestos son, en última instancia, una cuestión de soberanía nacional; los esfuerzos previos de los grandes Estados miembros de la UE para obligar a las jurisdicciones más pequeñas del bloque a aumentar sus cargas fiscales no han servido de mucho. Por ejemplo, a Bruselas no le fue muy bien en la disputa con Irlanda con respecto a la factura de impuestos de Apple, después de que acusó a Dublín en los tribunales de ofrecer ayuda estatal ilegal. No está claro que EEUU, abordando esto a través de la OCDE y aumentando sus propios impuestos, tampoco pueda lograr mucho.

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