El gobierno de DC pagará $1.6 millones para resolver dos demandas alegando que la policía detuvo ilegalmente a más de 200 manifestantes en arrestos masivos el día de la toma de posesión presidencial de Donald Trump en enero de 2017, dijeron las partes a un juez federal el lunes.
Los manifestantes representados por la ACLU del Distrito de Columbia y Jeffrey L. Light alegaron que la policía de DC violó los derechos constitucionales de periodistas, observadores legales y manifestantes al detenerlos indiscriminadamente en el centro de Washington después de que vándalos desenfrenados dañaran propiedades durante varias cuadras el 20 de enero de 2017.
La ciudad aceptó pagar $605 mil a seis acusados representados por la ACLU y casi $1 millón a unos 200 otros falsamente arrestados y retenidos hasta 16 horas sin comida, agua o baños en un caso de demanda colectiva presentado por Light, según archivos judiciales.
En total, 234 personas fueron arrestadas en las protestas del Día de la Inauguración de 2017 cerca de Franklin Square en las calles 12th y L NW. De ellos, 21 acusados se declararon culpables antes del juicio, las únicas condenas derivadas de las detenciones. Los cargos contra todos los demás fueron finalmente retirados después de que los fiscales lucharon en los juicios iniciales para vincular a los acusados con daños específicos.
En el caso de la ACLU, en el que el fotoperiodista Shay Horse es el demandante principal, la policía acordó conmemorar los cambios en las políticas de arresto masivo, incluyendo la asignación de cada detenido un número de identificación que irá en una pulsera, una bolsa con su propiedad personal y una foto tanto del arrestado como del oficial.
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La policía también acordó revisar registros desde tres ángulos con cámaras desgastadas por el cuerpo cuando sea posible y notificar a los oficiales de las políticas policiales permanentes en eventos masivos protegidos por la Primera Enmienda, como las inauguraciones presidenciales. La policía de DC también restringirá el uso de bolas de aguijón -artefactos explosivos que liberan humo, perdigones de goma e irritantes químicos en un radio de unos 50 pies- para rodarlas en el suelo en lugar de lanzarlas al aire, excepto en circunstancias extremas, según documentos de asentamiento que esperan la aprobación de la jueza de distrito estadounidense Amy Berman Jackson de Washington.
“La inconstitucional culpabilidad de MPD por asociación y la fuerza excesiva, incluido el uso de armas químicas, no sólo hirieron físicamente a nuestros clientes, sino que también enfriaron su discurso y el discurso de innumerables otras personas que deseaban ejercer sus derechos de la Primera Enmienda, sino que temían un ataque injustificado por parte de la policía de D.C”, dijo el director legal de ACLU-DC, Scott Michelman, en un comunicado en el que anunció el acuerdo.
“Habla mucho de que el Distrito ha optado por resolver en lugar de defender las acciones obviamente inconstitucionales del MPD en los tribunales”, dijo Light en el comunicado.
The Washington Post. Traducción libre por El Tiempo Latino.
