Los esfuerzos del presidente Joe Biden por crear una política comercial “centrada en los trabajadores” acaban de ser duramente golpeados por el Congreso de EEUU. Y es simplemente otra de las historias de una ley muy importante a la cual se le expira la validez sin ceremonia.
El programa asistencial de ajuste comercial para trabajadores, un fondo de EEUU para ayudar a recapacitar y reinsertar en el mercado laboral a quienes pierden su empleo debido al comercio global, revirtió a una versión mucho más limitada y menos generosa el primero de julio. El programa, que provee apoyo de ingresos, búsqueda de trabajo, estipendios para reubicación y una exención fiscal para gastos de seguro médico, fue promulgado inicialmente por John F. Kennedy en 1962 y ha sido renovado múltiples veces desde entonces.
A pesar de los esfuerzos de un puñado de Demócratas en el Capitolio, el apoyo que provee ha disminuido mucho. Ya no aplica al sector de TI o trabajadores del sector de servicios, sólo a quienes trabajan en manufactura. El número de países a los que se puede denunciar el traslado de trabajos es más limitado. El período de tiempo para aplicar ha bajado de 26 a 16 semanas. El monto de dinero disponible para capacitación, reubicación y servicios laborales gerenciados por los estados ha sido reducido a menos de la mitad, desde $450 millones hasta $220 millones.
Esto ha sucedido muy calladamente, a pesar de que representa un gran recorte a lo que los EEUU paga a trabajadores desempleados para ayudarles a encontrar nuevos empleos. Es ahora mucho más difícil acceder al fondo, el cual actúa como una especie de seguro contra la globalización. Según cifras del Departamento del Trabajo, las personas de minorías étnicas y de color están sobre representadas entre los aplicantes que buscan ayuda, y la gente que obtiene ayuda suele ser mayor, con aplicantes mayores de cincuenta años representando una proporción mayor del grupo que su proporción de la fuerza laboral.
El número de personas que están recibiendo ayuda había caído el año pasado. De acuerdo con el informe de 2020 del Departamento del Trabajo, 96.000 trabajadores eran elegibles para obtener asistencia en 2020, un incremento del 6 por ciento respecto al 2019. Únicamente 23.000 recibieron algún beneficio, una disminución de 17 por ciento frente al año anterior. Mientras que aproximadamente la mitad de quienes pidieron ayuda trabajaban en manufactura, más de dos tercios de esos obtuvieron nuevos empleos en otros sectores. Los estados industriales tienden a ser los más beneficiados, pero el estado que recibió el mayor monto total de dinero fue California. Aparte de eso, vale notar que Illinois, Indiana, Ohio y Pennsylvania recibieron fondos.
En la colina del Capitolio, el puñado de Demócratas que intentaron renovarlo fueron, en el Senado, Debbie Stabenow, de Michigan y Sherrod Brown de Ohio, y en la Cámara, Earl Blumenauer y Richie Neal, el jefe del comité de recursos y medios. El coste de la inacción, ha expresado Blumenauer, “caería principalmente sobre las mujeres y los trabajadores de color”. Algunos han propuesto no sólo una renovación sino una restructuración y expansión. Tim Meyer, de la escuela de derecho de Vanderbilt, desea que la ayuda sea otorgada a gente que ha sufrido debido a las guerras comerciales de EEUU. Deben cubrirse el proteccionismo y los aranceles, al igual que la liberalización y la reasignación al exterior.
¿Entonces por qué, dado el enfoque de Biden en una política trabajo-céntrica, ha sufrido esta asistencia?
Un factor es que los Republicanos tradicionalmente han visto la renovación de la asistencia como una prenda de negociación para lograr que los Demócratas aprueben renovar la Autoridad de Promoción Comercial, la cual le otorga al presidente la potestad de negociar acuerdos de intercambio, fija los objetivos de la política comercial estadounidense y gobierna como esos acuerdos, una vez refrendados por los negociadores, pasan por el Congreso para ser ratificados. Pero esa autoridad se expiró la semana pasada y por tanto el elemento de prenda de negociación ya no existe.
Sería recomendable que Washington tuviera una infraestructura dedicada a recapacitar a los trabajadores que han perdido su empleo. Durante la última década, trabajadores estadounidenses han visto transferir sus empleos a países de menores salarios, y también han visto reducciones de empleos debido a la automatización. En la década venidera, no puede pensarse que esa tendencia se revertirá. Los cajeros de supermercados serán puramente automáticos, los taxis quizás no necesiten conductores y es posible que algún día un robot escriba esta columna. Y eso es antes de considerar el impacto de la globalización. Pero hay otro tema también: cuando dices que quieres una política comercial que ayude a los trabajadores, es un poco raro dejar que expire un paquete crucial de beneficios destinados a recapacitar a trabajadores afectados por razones comerciales – especialmente si te interesan los votos de los trabajadores en Pennsylvania y Ohio.
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