Una decisión de la Autoridad Federal de Relaciones Laborales (FLRA), hecha a finales de la semana pasada, determinó que los más de 500 jueces de inmigración de EE UU no pueden organizarse para crear un sindicato nacional, a pesar de que el Departamento de Justicia (DOJ) no les ha negado la oportunidad de sindicalizarse.
¿Por qué es importante?
Es la segunda vez que la autoridad, que rige las relaciones laborales entre el gobierno de EE UU y sus empleados, falla en contra de los jueces, desde que la administración Trump intentó poner fin a su sindicato. La primera fue en 2020, cuando dictaminaron que no podían formar un sindicato por estar “asociados a la gerencia”, al igual que en esta ocasión.
- En diciembre de 2021, el presidente Biden revirtió medidas de la era Trump para quitarle a los jueces su derecho a la contratación colectiva y decidió reconocer a la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ). Previamente, el DOJ había desistido en sus intentos de desmovilización.
- En su sitio web, la NAIJ establece que su misión es “promover la independencia y mejorar el profesionalismo, la dignidad y la eficiencia de los tribunales de inmigración”.
- “Esta es una decisión mal razonada y anula la voluntad de las partes”, dijo en un comunicado la jueza Mimi Tsankov, presidente de la NAIJ. “Tiene sus raíces en la inclinación antisindical de la mayoría de los miembros de la junta de la FLRA y refleja un profundo deseo de silenciar a los jueces de inmigración”.
El estado de las cortes
Los jueces de inmigración son empleados del DOJ y responden ante el fiscal general, quien establece políticas y criterios sobre cómo deben pronunciarse sobre los casos. El sindicato ha abogado durante mucho tiempo por tribunales de inmigración independientes, que deciden si los inmigrantes deben ser deportados o se les debe permitir permanecer en el país.
- El pasado 20 de enero, la Asociación Americana de Jueces de Inmigración (AILA) presentó un documento ante la Cámara de Representantes con las razones por las que sus tribunales deberían ser independientes del DOJ. Citan que la estructura actual “los hace vulnerables a influencias indebidas y presiones políticas. En los últimos años, esta falla inherente al sistema ha socavado la credibilidad, la integridad y la capacidad de los tribunales para dictar decisiones justas”.
- Durante la era Trump, la administración impuso medidas como cuotas de completación para mejorar la eficiencia de las cortes. Pero el efecto fue el contrario: de acuerdo a un estudio de la Universidad de Syracuse, la acumulación de casos en los tribunales de inmigración alcanzó casi 1.6 millones en 2021, alrededor de la misma población que habita la ciudad de Filadelfia, en Pennsylvania, lo cual se traduce en mayor sobrecarga laboral.
- Tsankov agregó que el Departamento de Justicia ha priorizado las funciones de aplicación de la ley (law enforcement) por encima de las cortes de inmigración. “El resultado es una mala gestión, falta de presupuesto y una acumulación de casos gigantesca y creciente”, dijo.
