La ley de aborto de Texas no solo es particular por ser la más restrictiva del país al prohibir el aborto después de las seis semanas, sino por su aplicación: personas comunes pueden demandar a médicos o a cualquier persona que ayude a una mujer a acceder a un aborto fuera del plazo, lo que defensores del aborto han calificado como un “sistema de cazarecompensas”, ya que, si ganan la demanda, los demandantes pueden recibir 10.000 dólares. Es ese sistema el que se ha replicado para otras leyes en otros estados del país, después de que la Corte Suprema dejó que entrara en vigor.
En Illinois los dueños de negocios pueden demandar a los clientes que presenten tarjetas de vacunación falsas; en Oklahoma los padres pueden demandar a los maestros que ofrezcan puntos de vista opuestos a las “creencias religiosas muy arraigadas” de un estudiante, y en California cualquier persona puede demandar a personas involucradas en la industria de armas si uno de sus rifles de asalto o kits de “armas fantasma” se usa para herir o matar a alguien.
Estas tres nuevas leyes tienen en común la promesa de al menos 10.000 dólares si ganan la demanda.
Luz verde en terreno fértil. Cuando la Corte Suprema no bloqueó la ley de Texas, legisladores estatales vieron encenderse una luz verde para replicar el sistema, uno en el que ciudadanos se demandan entre sí como formato de aplicación de la ley.
- Tanto republicanos como demócratas han imitado el sistema de aplicación. “Si van a abrir la caja de Pandora, veamos dónde se puede usar para el bien público”, dijo la representante estatal de Illinois Ann Williams en una entrevista. “Tendremos que ser muy cuidadosos sobre cómo se usa y qué tipo de sociedad podría producir. ¿Queremos vivir en una sociedad que es como El cuento de la criada cobra vida? No lo creo.”
- El Departamento de Justicia criticó la ley de Texas al delegar a “ciudadanos comunes para que sirvieran como cazarrecompensas”. Otros críticos a la ley de aborto de Texas destacan que pasa por alto el precedente legal Roe v. Wade al dejar todo en manos de ciudadanos, una táctica que se puede utilizar en otras temáticas polarizantes.
- “Estas herramientas se están utilizando para promover ciertos tipos de agendas políticas. Ofrecen una excelente manera para que los actores políticos le den a su base una forma de avanzar en sus propias agendas personales. Se trata menos de acuerdos sociales y más de distribuir poderes a ciertos segmentos de la sociedad”, explicó Eduardo Moncada, profesor de ciencias políticas en Barnard College en Nueva York.
Un modelo replicable. Al menos 31 leyes con ese sistema se han introducido desde entonces, de acuerdo con una investigación de The Washington Post. La mayoría de estos proyectos que imitan la forma aplicación se centran en causas conservadoras, incluidos siete proyectos de ley de aborto que imitan de cerca la ley de Texas.
- Más de una docena son proyectos de ley de educación, cuando los republicanos toman partido en disputas sobre el plan de estudios escolar, los libros de la biblioteca, los mandatos de máscaras, temas acalorados que han formado parte de las reuniones de la junta escolar pública en los últimos años.
- La mayoría de los proyectos de ley que imitan el sistema de aplicación no han pasado del comité a la Cámara de Representantes o al Senado de su estado para su votación.
Una aplicación “efectiva”. El exprocurador general de Texas, Jonathan Mitchell, es reconocido por ser uno de los artífices de la aplicación de la ley de aborto de Texas. Según él, algunos funcionarios no pueden o simplemente no quieren hacer cumplir las leyes por su cuenta.
- “La aplicación civil privada es útil cuando existen obstáculos para la aplicación pública convencional. A veces, las actividades ilegales, como el fraude, son difíciles de detectar para el gobierno, y la aplicación civil privada puede alentar a los denunciantes y disuadir las conspiraciones”, dijo Mitchell en un comunicado al Post.
- Pero si esta forma de gobernar se vuelve común, podría socavar la democracia estadounidense, advierte la politóloga Regina Bateson. “Esta delegación de autoridad gubernamental a ciudadanos privados es problemática para el estado de derecho y la calidad de la democracia en los Estados Unidos”, indicó y comparó este sistema con las milicias: “Veo fuertes paralelismos con las milicias, que se han vuelto cada vez más activas en los últimos años, incluida su participación en el ataque del 6 de enero al Capitolio”.
Con información de The Washington Post
