La regla de “carga pública” implementada en 2019 por la administración Trump no ha terminado aún su camino. Biden eliminó algunos de los esfuerzos en materia migratoria del anterior gobierno, caracterizado por sus políticas de cero tolerancia. Entre ellos estuvo la eliminación de esta regla, que dificultaba el acceso a green cards a migrantes si estos corrieran el riesgo de convertirse una “carga” para el país al solicitar o tener más probabilidades de solicitar asistencia gubernamental. Ayer se convirtió en el centro de la discusión en la Corte Suprema.
Los jueces hicieron preguntas sobre su proceso de anulación, mientras que una docena de estados, entre ellos Arizona, lideran luchas judiciales para mantener la normativa, aunque Biden ya está trabajando en su propia versión.
Varios de los jueces tienen dudas sobre si la administración Biden eludió requisitos para eliminar la regla. La Ley de Procedimiento Administrativo establece que es necesaria una notificación y un comentario para derogar este tipo de normativas. Pero el proceso de anulación fue distinto. Biden simplemente no defendió esta regla en los tribunales después de que una orden judicial la bloqueó y se opuso a los intentos de los estados de intervenir para argumentar a su favor.
“Acción colusoria”. El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, dijo que la estrategia de la administración Biden “es realmente una gran licencia para la acción colusoria”.
“No estoy cuestionando los motivos de nadie. Estoy cuestionando la facilidad con la que una decisión a su favor hará que una administración entrante evite la revisión de notificación y comentarios”, dijo el presidente del Tribunal Supremo al procurador general adjunto Brian H. Fletcher, quien representa a la administración.
La jueza Elena Kagan compartió preocupaciones similares. “El verdadero problema para mí es la evasión de avisos y comentarios”, le dijo a Fletcher y que al defender la acción de la administración debería “asumir que eso es un problema y que no deberíamos dar luz verde a ese comportamiento para su administración ni para ninguna otra administración”.
Otros jueces dijeron que era rutinario que las nuevas administraciones presidenciales cambiaran de rumbo y que, en cualquier caso, los estados buscaban intervenir en el tribunal equivocado.
El fiscal general de Arizona, Mark Brnovich, señaló que se trataba de “una maniobra legal sin precedentes” y que “la regla ahorró a los estados colectivamente más de mil millones de dólares por año”. Sin embargo, Fletcher señaló que la regla solo un puñado de personas fueron rechazadas para obtener tarjetas de residencia bajo la política.
La Corte Suprema escuchó los argumentos orales del caso y es probable que dé su opinión entre junio y julio cuando finalice su período. Se espera que pronto escuche un caso en el que se decidirá si la administración Biden puede poner fin a un programa de inmigración de la era Trump que obliga a los solicitantes de asilo a esperar por sus audiencias en México, llamado Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), popularmente conocido como Remain in Mexico.
Con información de The New York Times, The Washington Post y AzCentral.
