Una orden del gobernador republicano Greg Abbott en febrero puso los ojos del Departamento de Familia y Servicios de Protección (DFPS) sobre las familias de niños transgéneros, porque brindar atención médica para afirmar la identidad de género de los niños podría ser “abuso infantil” y que podría ser remitido para enjuiciamiento penal.  

Le carta fue precedida a una opinión del fiscal general de Texas Ken Paxton, quien busca la reelección, en la que señala que los tratamientos para afirmar su identidad de género, incluido medicamentos que bloquean la pubertad y la cirugía de reasignación de género, “pueden constituir legalmente abuso infantil”.

Las cifras. A pesar de que los expertos en políticas legales y transgénero enfatizaron que ni la carta ni la opinión de Paxton eran legalmente vinculantes, a los pocos días de la carta de Abbott los funcionarios de Texas se pusieron manos a la obra. Hasta el 11 de marzo, los funcionarios confirmaron que se habían abierto 9 casos de este tipo.

En una investigación típica, un investigador de campo en una oficina local de los Servicios de Protección Infantil (CPS, por sus siglas en inglés) realiza la investigación. Luego trabaja con su supervisor directo para llegar a una disposición o conclusión en el caso: o descarta el abuso, no pueden determinar si ocurrió el abuso o encontrar razones para creer que ocurrió el abuso. También pueden decidir no investigar si determinan que una denuncia no es creíble.

Reacciones. Pero hay irregularidades en la forma en cómo se están llevando los casos. La activista y defensora de los derechos de los niños transgénero y sus familias, Amber Briggle, madre de un niño transgénero y una niña, recibió el 2 de marzo a un investigador de la CPS. El abogado de la familia Briggle explicó que el investigador que fue a la casa también era supervisor y le dijo que se coordinará con los funcionarios a nivel regional.

“Eso es extremadamente inusual”, dijo. “Normalmente hay más autonomía. Así no es como el manual de CPS dice que se supone que deben llevarse a cabo las investigaciones”.

Los Briggle no saben quién presentó la denuncia contra su familia, pero como defensores han testificado ante la legislatura y han aparecido en medios, por lo que consideran que su activismo los ha convertido en un objetivo.

Un limbo legal. Ni los abogados ni las familias tienen conocimiento sobre el estado de sus casos. Una trabajadora social, madre un joven transgénero de 18 años, también tuvo la visita de un investigador del CPS. Cree que la denuncia devino del activismo que ella ha hecho junto con su hijo. Su abogado espera aún una respuesta del CPS.

Tracy L. Harting, una abogada en Austin que representa a dos familias que están bajo investigación, dijo que tuvo problemas similares para obtener una respuesta clara sobre el estado de los casos de sus clientes.

“Un investigador me devolvió la llamada y me dijo que no tenía idea de lo que estaba pasando, que estaba esperando más instrucciones”, aseguró. “No tenemos idea de lo que va a pasar”.

Cuando se le preguntó cómo planea proceder la agencia, un portavoz del DFPS dijo en un comunicado enviado por correo electrónico: “La mejor manera de describir nuestra postura sobre estas investigaciones es que continuamos cumpliendo con la ley”. El portavoz se negó a ofrecer más aclaraciones.

Proyectos anti-trans. Una ola histórica de legislación anti-trans se presentó en la legislatura de Texas en 2021, con docenas de proyectos de ley que tenían como objetivo despojar a los niños transgénero y sus familias de los derechos. 

Entre ellos está la prohibición de que los niños transgénero jueguen en equipos deportivos que se alinean con su identidad de género. La ley entró en vigor en enero, convirtiendo a Texas en el décimo estado en promulgar una legislación similar.

Con información de The Washington Post