Como respuesta a una demanda de Ohio, Arizona y Montana, un juez federal en Ohio bloqueó algunos elementos del intento de la administración Biden que busca limitar las deportaciones al designar “prioridades” más estrechas a los oficiales de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. al llevar a cabo estos procesos, un fallo que potencialmente deja a más inmigrantes sujetos a arresto y detención, informó The Washington Post.
Las políticas de Biden sobre deportaciones
Recientemente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) compartió cifras que reflejaban una caída drástica en el número de deportaciones durante el primer año de la administración de Biden, cuando a pesar de que hubo un número récord en cruces fronterizos, los niveles de expulsiones fueron los más bajos en la historia de la agencia.
- Se ha ordenado a ICE que priorice a los inmigrantes que representan amenazas para la seguridad pública y la seguridad nacional.
- El secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, ha emitido una nueva guía para los oficiales a quienes indica que prioricen las amenazas a la seguridad nacional y pública, así como a los que han cruzado la frontera de forma irregular recientemente.
- Asimismo, se ha reunido con agentes de ICE para usar más discreción al realizar un arresto y adoptar un enfoque más comprensivo con aquellos migrantes que no son delincuentes graves y que han vivido en el país por años.
La decisión del Tribunal y el papel de ICE
La orden judicial preliminar del juez del Tribunal de Distrito de EE. UU. Michael J. Newman, designado por Trump, responde a una demanda desde Arizona, Montana y Ohio para revertir los cambios implementados por Mayorkas.
- El fallo del juez indica que algunos migrantes irregulares tendrían que estar exentos de esas prioridades, como aquellos cuyas infracciones de inmigración o criminales estén sujetas a reglas de detención obligatoria y quienes tienen órdenes pendientes de ser deportados de los Estados Unidos dentro de un período de 90 días.
- “Los estados demandan porque creen que el DHS eludió los mandatos de aplicación de la ley de inmigración del Congreso cuando emitió una política que prioriza la detención y expulsión de ciertos no ciudadanos de alto riesgo”, escribió Newman en su decisión. “En el fondo, de eso se trata esta disputa: ¿puede el Ejecutivo desplazar el mando claro del Congreso en nombre de la asignación de recursos y los objetivos de cumplimiento? La respuesta es No”.
- El fiscal general de Ohio, Dave Yost, quien forma parte de los demandantes, destacó que el fallo representa un triunfo para quienes creen que el ejecutivo debe hacer cumplir las leyes de migración y que ICE no tiene la autoridad para liberar a los inmigrantes que el Congreso ha ordenado que la agencia deporte.
Con información de: The Washington Post
