El 6 de enero el Diario Oficial de la Federación de México (DOF) anunció la imposición de visa para los venezolanos que quieran ingresar a México. De acuerdo con lo expuesto en el texto, la medida obedecía a la cantidad de personas que usaban al país azteca como puente para llegar a Estados Unidos.
Según datos ofrecidos por la Oficina para Asuntos Latinoamericanos con sede en Washington (WOLA), en el mes de diciembre 24 mil 819 venezolanos cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos. Se suponía que con la solicitud de la visa disminuiría el número de venezolanos con intenciones de llegar a la frontera. Sin embargo, cientos de ellos que ya no pueden llegar a México por vía aérea por los requerimientos del visado, lo hacen por tierra. Pese a los riesgos que implica, no les importa cruzar los 3 mil 468 kilómetros que comprende el recorrido por el Tapón de Darién, un área selvática y pantanosa ubicada en el límite de América Central (Panamá) y América del Sur (Colombia), para transitar luego los países centroamericanos, atravesar México y llegar a EEUU, a la conquista del sueño americano.
Un reporte estadístico que maneja Migración Panamá indica que en el primer trimestre de 2022, un total de 8 mil 456 migrantes cruzaron el Tapón de Darién. De esa cantidad, 2 mil 500 eran de nacionalidad venezolana. Uno de esos tantos que se atrevió a transitar la selva fue Ribel Gómez. Tenía un negocio propio en su natal Maracaibo, una ciudad al noroeste de Venezuela, pero debido al acoso de los colectivos – grupos paramilitares del régimen de Nicolás Maduro que extorsionan y amedrentan a particulares y comerciantes -, se vio en la obligación de cerrar las puertas del local en diciembre del año pasado.
Su hermana que vive en Nueva York le propuso que se mudara a esa ciudad, que lo ayudaría a conseguir trabajo. Ribel no tenía visa americana y en enero se enteró que el gobierno mexicano había impuesto visado para los venezolanos que querían entrar a México como turistas. Para él los requisitos eran imposibles de reunir. Piden tener una cuenta bancaria superior a los $2 mil, al menos dos propiedades a su nombre y un trabajo estable en Venezuela.
Otros países como Costa Rica y Honduras también implementaron el visado para los venezolanos. No había opciones para ingresar por vía aérea a estos países en aras de evadir el recorrido por el Tapón de Darién. La única alternativa para llegar a Estados Unidos era por vía terrestre. Eso implicaba la compleja travesía por los ríos y la densa vegetación que forman parte de la temida jungla.
El 26 de enero Ribel emprendió el viaje. Se trasladó de Maracaibo a Maicao y de allí tomó un bus hasta Medellín, donde vive una de sus hermanas. Ella le prestó $750 para que hiciera la travesía. El 2 de febrero tomó un bus hasta la población de Turbo. Es una zona costera donde se encuentran los embarcaderos para el traslado de pasajeros hasta Acandí (selva de Darién). Allí se encontraban cientos de personas a la espera de una lancha. Ribel debió aguardar tres días para embarcar. “Habían muchos venezolanos, haitianos y cubanos. Todos estaban desesperados, todos querían un lugar en la lancha”, relató a El Tiempo Latino.
Cuando pudo embarcar viajó por tres horas en mar abierto. No se podía mover porque corría el riesgo de que la embarcación se volteara. Al llegar a Acandí tuvo que comprar un kit de supervivencia que costó $40, integrado por una colchoneta muy liviana, una carpa y un machete. Debió pagar $150 a un coyote para iniciar el recorrido que duró siete días. En la vía se tropezó con varios cuerpos descompuestos. Muchas personas murieron en el camino. Algunos estaban deshidratados, otros infartados. También había cadáveres de migrantes atacados por animales.
Para llegar al primer campamento del Ejército panameño atravesó varios ríos. En uno de ellos, la corriente estuvo a punto de arrastrarlo. En el camino se topó con un grupo armado, compuesto por ocho hombres encapuchados. Le quitaron cerca de $400. Fue testigo de cómo los hombres violaron a una joven haitiana de 16 años. “No sabes la impotencia. El padre de la muchacha desesperado intentó defenderla, pero los sujetos lo golpearon hasta dejarlo inconsciente”, contó Ribel.
Ribel debía continuar la travesía, junto a otros migrantes hasta llegar al campamento. Allí fue recibido por funcionarios del Ejército y un grupo de lugareños. Pasó dos días y partió en una chalana hasta el segundo campamento. “Llegué a un pueblo panameño que no recordaba el nombre. Me quedaba poco dinero y llamé a un familiar para que me transfiriera otros $500, y así continuar la ruta. Había que recorrer otros países de Centroamérica para llegar hasta Tapachula, en México”.
Al llegar al pueblo de Chiriquí en Panamá tomó varios buses hasta Costa Rica. De allí abordó una camioneta de transporte de pasajeros para dirigirse a Nicaragua, posteriormente a Honduras y Guatemala. En todos esos países tuvo que pagar vacunas a los funcionarios de migración para que lo dejaran pasar; así como también a coyotes para que lo guiaran por las carreteras y senderos vegetales. El 28 de febrero llegó a la frontera entre Guatemala y Tapachula (sur de México). Allí volvió a pedir apoyo a otros familiares para cruzar México y llegar a la frontera con Estados Unidos.
“Con la ayuda de otros familiares que me enviaron $500 (más) llegué a Aguas Calientes. Caminé hasta las vías férreas para subirme a la Bestia, un tren de carga que va a toda marcha hasta la frontera con Estados Unidos. Logré junto con otros paisanos montarme en uno de los vagones. No podía dormir bien porque si me resbalaba, caía debajo de las ruedas y moría arrollado. Fue una experiencia aterradora. El viaje en tren duró tres días”, narró.
Poco antes de llegar a Piedras Negras, zona fronteriza que colinda con Eagle Pass (Texas), Ribel se bajó de la Bestia y pidió ayuda a los lugareños de la zona. Allí un campesino le tendió la mano sin cobrarle un centavo y lo condujo hasta el río. Con dificultad lo atravesó y se entregó a las autoridades migratorias. Estuvo dos días retenido. “Me pidieron que le diera el número de mi hermana, se comunicaron con ella y me dejaron salir. Ella me pagó el pasaje hasta Nueva York. Conseguí trabajo como reparador de equipos de seguridad”.
Ribel tuvo la suerte de llegar a territorio estadounidense para buscar nuevas oportunidades, lejos de la opresión del régimen de Maduro. En contraste, otros cientos de migrantes sureños y centroamericanos fueron expulsados de la nación norteamericana por la puesta en marcha del Título 42. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, 1.8 millones de migrantes han sido deportados por esta medida desde que entró en vigor en marzo de 2020. De esa cantidad, 1 mil 685 eran venezolanos.
El Título 42 fue impuesto por el gobierno de Donald Trump hace más de dos años como parte de una medida de salud pública para evitar la propagación del COVID-19. Esto contemplaba la deportación de migrantes indocumentados en la zona fronteriza de Estados Unidos. Actualmente el gobierno de Joe Biden anunció su derogación a partir del 23 de mayo. El levantamiento de esta medida ha sido aplaudida por las organizaciones defensoras de los migrantes, pero duramente criticada por los republicanos por considerar que representará un repunte en la migración, proveniente de los países sureños, centroamericanos y de México, lo cual agravaría aún más el caos y la falta de seguridad en la frontera.
Hace unas semanas, por primera vez, un grupo de inmigrantes que logró cruzar la frontera estuvo en el centro de la noticia nacional desde Washington DC, ya que el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, empezó a enviar autobuses en su mayoría con venezolanos que estaban siendo procesados por solicitar asilo. Las llegadas fueron hechas sin previo aviso de fecha y hora a la capital para mostrar al presidente Biden, lo que a su juicio constituye el “desastre que ha hecho en la frontera”, según lo que mismo Abbott publicó en Twitter, mientras que mostraba videos e imágenes de quienes calificó como “inmigrantes ilegales”.
A la par del Título 42 la administración de Joe Biden también pretende ponerle fecha de caducidad al Programa Quédate en México (Remain in Mexico), conocido como MPP, que de igual forma puso en marcha Donald Trump, para devolver al país azteca a los solicitantes de asilo mientras se procesan sus casos migratorios. La Corte Suprema se encargará de decidir en los próximos meses si continúa su aplicación o se suspende definitivamente. En un avance al respecto, la institución cuestionó este martes las órdenes de tribunales inferiores que han impedido que la administración Biden ponga fin a este programa.
Los que sucumben en el camino
Ribel sobrevivió a los peligros de la Selva de Darién, pero hay quienes mueren en el camino. En el primer trimestre de 2022, de acuerdo con la estadística de Migración Panamá, tres mujeres de nacionalidad venezolana fallecieron en la travesía. Una de ellas, era Merimar Paola Gómez, quien sufrió un infarto. También la joven Andreína Chiquinquirá Acosta padeció un ataque cardíaco durante la caminata
Mariné Castellanos, de igual manera, murió al ser arrastrada por la corriente de uno de los ríos que atraviesa la jungla. Su esposo, Andrés Lucena, relató que al segundo día de la caminata él, su esposa y su hijo, de seis años debían cruzar uno de los ríos, pero la fuerza del agua se llevó a Mariné. Intentó sacarla en tres oportunidades, pero no pudo.
El grupo de migrantes que los acompañaba inició la búsqueda por las orillas y 24 horas después pudieron rescatar el cuerpo. Andrés le pidió a uno de los coyotes si podía avisar a las autoridades para que trasladaran el cuerpo de su esposa a la morgue de Panamá. Pero no quiso. “Estás loco, si avisamos a Migración nos tumban el negocio. Eso no nos conviene”, le dijo.
Andrés tuvo que cubrir el cuerpo de su esposa con hojas. Cuando pudo salir de la selva avisó a las autoridades migratorias. Nuevamente emprendió la caminata con ellos para indicarle el punto donde la había dejado. “El cuerpo de mi esposa estuvo por más de 20 días en la morgue de la población Las Palmas en Panamá, mientras se reunía el dinero para cubrir los gastos de cremación. No me quedó otra opción que pedir ayuda y abrir una campaña de GoFundMe para juntar cerca de $1 mil 500”.
Pese a la pérdida de su esposa, Andrés continuó su trayecto hacia los Estados Unidos. Recibió ayuda del gobierno de Panamá para llegar a Costa Rica. De allí se fue a México por tierra. Atravesó otros países. En México se quedó varios días en un albergue en Villa Hermosa con su pequeño. Salió nuevamente a la carretera a pedir ayuda y se topó con el conductor de un camión que lo llevó hasta Mexicali, ciudad capital de Baja California al norte de México que hace frontera con EEUU. Allí seguiría su trayecto hacia su destino en California.
Promover movilización ordenada
Para Carolina Jiménez, directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), mientras el gobierno de México imponga más barreras para limitar el tránsito de migrantes, aumenta el riesgo de que ellos utilicen rutas clandestinas para llegar a los Estados Unidos. “Van a buscar la manera de llegar, pese a los peligros a los que se exponen. Eso se nota cuando vemos las imágenes de venezolanos, haitianos y cubanos atravesando Darién, ellos están dispuestos a todo. Una familia venezolana que no tiene para comer, que vive en la pobreza, no se va a detener por una visa”.
Jiménez manifestó la necesidad de que los gobiernos de los países de tránsito y receptores elaboren un sistema regional de protección para los migrantes que permita establecer vías legales de movilización ordenada y garantizar seguridad, es decir que no estén expuestos a organizaciones criminales durante su travesía, que no circulen por zonas peligrosas.
A su juicio, los gobiernos deben tomar conciencia de que muchos de los migrantes son personas trabajadoras, emprendedoras, que en un lugar de generar problemas pueden aportar al desarrollo económico de las regiones. “En Estados Unidos muchos migrantes centroamericanos son incorporados en el sector agrícola. Aportan a la economía del país”.
Por su parte, July Rodríguez coordinadora de Apoyo a Migrantes Venezolanos, una organización benéfica que hace vida en México, informó que la imposición de visa en lugar de disminuir el flujo migratorio hacia Estados Unidos, crea canales inseguros que fomentan las prácticas de explotación y corrupción. Por ello, esta organización de forma conjunta con la Clínica Jurídica Para Personas Refugiadas, introdujo un amparo, en el cual se cuestiona la constitucionalidad de la visa. “Solicitamos que se suspenda la medida hasta que sus efectos contra la comunidad venezolana no sean revisados por los tribunales nacionales”, dijo.
La activista argumentó, además, que la visa cercena el derecho de los venezolanos de solicitar refugio en México. “Para que una persona sea reconocida como refugiada en ese país, debe llegar y dirigirse a la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado y presentar una carta en la que expone las razones que la llevaron a salir de Venezuela. Decenas de personas que intentan huir de un régimen que los oprime y no les ofrece calidad de vida, están obligados a quedarse. No hay opciones para que puedan irse e instalarse en un ambiente que les ofrezca un mejor porvenir”, expuso.
