Elena Martínez, Enrique Gil Botero y Jorge Abbott Charme: representantes de los organismos de justicia de América Latina, Bruselas, 06.02.2022.

La persecución de activos criminales es una de las tareas más arduas que se incluyen en la agenda común que acaban de firmar organismos de justicia de América Latina en cooperación con la Unión Europea.    

"La única forma de poder perseguir a las organizaciones criminales es ir por los recursos; quitándoselos quedan imposibilitadas de seguir operando en el mercado delictual. Para esto es imprescindible la cooperación internacional en el lavado de activos”, explica a DW Jorge Abbott Charme, presidente de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIMP) y fiscal nacional del Ministerio Público de Chile. 

Esta asociación acaba de firmar con la Agencia Europea de Justicia (Eurojust), la Conferencia de Ministros de Justicia de los Países Iberoamericanos (COMJIB) y la Cumbre Judicial Iberoamericana un acuerdo de cooperación para, en un plazo de dos años, avanzar en una agenda de justicia común entre Europa y América Latina. Concretamente, en delitos medioambientales, protección digital, protección de datos, cooperación jurídica internacional .Y persecución de activos criminales. "Nos hemos comprometido a facilitar la identificación, búsqueda y el logro de la confiscación de los recursos de organizaciones del crimen organizado transnacional”, agrega Abbott.

Coordinados por el Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (El PAcCTO), liderados por la cooperación española, francesa, italiana y portuguesa, y patrocinados por la Unión Europea (54 millones de euros hasta 2027), jueces, ministros y fiscales de Iberoamérica buscarán lograr estándares para poder actuar juntos en materia de justicia. 

El objetivo es tan importante como complejo, pues se parte de bases diferentes. "Sin intención de valoraciones", Abbott explica: "Hay países en los que cuales hay una legislación que permite ir por la confiscación de los activos de una manera menos compleja que en otros. En América Latina, hay países que tienen la figura de 'extensión de dominio'. En Chile tenemos el'`decomiso ampliado en lavado de activos', pero no tenemos una legislación como la de Perú, Colombia o El Salvador”.

Equilibrar conceptos

La persecución de activos criminales, "representa un reto que abarca tratados internacionales, legislación y aspectos operativos”, explica a DW, por su parte, Antonio Roma Valdez, coordinador del componente de Justicia del PAcCTO. "Antes que nada hay que decir que ni en América Latina ni en Europa existe todavía la cultura de la persecución de los bienes del delito. No obstante, en América Latina hay dos conceptos que hay que equilibrar para facilitar que los bienes de un delito se puedan perseguir en los distintos Estados”, agrega Roma Valdez.  

Delito medioambiental

Con todo, la cooperación entre Eurojust, Europol, Ameripol, Interpol y este espacio común birregional en materia de justicia sí podría lograr en dos años que haya una protección efectiva para las mujeres, explican especialistas de El PAcCTO. En cuanto al delito medioambiental, "por lo pronto el único delito tipificado hoy en Europa afecta a los vertidos ilegales. Su extensión a América Latina es problemática, pues no hay ningún país allá que castigue esa forma delictiva”, explica Roma Valdez. Y si, por un lado, cabría esperar avances en una definición estandarizada de las especies protegidas a salvar del tráfico ilegal, por otro, el camino se hace cuesta arriba en la estandarización del concepto de "minería ilegal”, un tema clave para América. "En Europa esa figura no existe porque aquí las cuencas de los ríos no son auríferas”, puntualiza.

Como fuere, los actores de este acuerdo son optimistas. "En el caso de los vertidos nocivos, por ejemplo, hemos venido trabajando en su definición para Centroamérica”, sigue Roma Valdez.

"Pero no se trata sólo de definirlo, sino de probarlo. Y hay países que no cuentan con peritos para ello. En Cartagena de Indias se firmará pronto un acuerdo entre los fiscales generales que permita a los ministerios públicos intercambiar peritos”, agrega. Y, aunque está consciente de que temas como la persecución de activos criminales no acabarán de abordarse en dos años, según el fiscal general de Chile "con este convenio para una agenda común en materia de justicia tenemos ya algo absolutamente concreto”.

(cp)