Se iba a llamar Jonathan. Llevaba cinco meses en el lugar más seguro, el vientre de su madre. Al menos eso creía María Vicente hasta que empezó a sangrar. Corrió a emergencias del hospital en el área de Langley Park, pero ya era tarde. El feto estaba muerto.
Por la falta de un seguro médico y la pobreza no tuvo los chequeos prenatales de rigor y como ella, el año pasado unas cinco mil embarazadas en el estado de Maryland tuvieron a las salas de emergencia como último resorte para traer sus niños al mundo.
Era 22 diciembre de 2019, los doctores le dijeron a Vicente que nada quedaba por hacer. “Iba a ser mi cuarto bebito, mi mami tuvo 12 y decía que ‘los hijos son la bendición de Dios’, yo también creo en lo mismo. No me descuidé, pero somos pobres y ninguna clínica comunitaria me ayudó. Siempre decían ‘no hay cupo, llame la próxima semana”.
En Maryland, a partir del 1 de julio, ningún hospital o clínica podrá negarles atención a las mujeres indocumentadas como Vicente.
La Ley de Equidad para Bebés Sanos (Healthy Babies Equity Act), apoyada por CASA e impulsada por la delegada estatal Joseline Peña-Melnyk, deja claro que las embarazadas sin importar el estatus inmigratorio tendrán control prenatal durante los nueve meses de gestación y hasta un año después del nacimiento del bebé.
Pobreza
Arelis Vallejo (39 años) está feliz al saber que al menos en la recta final de su embarazo tendrá un ginecólogo, al tiempo que le eliminarán tres fibromas enquistados en su útero. “Vengo batallando con los sangrados, pero los ‘bills’ cuestan un ojo de la cara y no quería ir al hospital”. Ha visto a un doctor solo una vez, quien le dijo que está esperando gemelos y que serán sietemesinos. El parto está previsto para los primeros días de octubre.
Gracias a esta ley, Vallejo recibirá atención médica durante un año después del parto. “Dios puso en el camino a buenas personas que nos están apoyando. Aquí es muy difícil, a los hispanos no nos atienden y la medicina es carísima. Siendo madre soltera y sin trabajo esto es una bendición”, dice.
Para Evelin Vallejo (19 años) y su hija, Keitly Milagros Echavarría, la ley llega demasiado tarde. Con apenas 17 años y sin trabajo no pudo pagar los chequeos de su embarazo. A los seis meses vio a un doctor y le hicieron un ultrasonido. “Tenemos que darte una noticia y tienes que venir acompañada”, le dijeron. “Lo peor que le puede pasar a uno es que le digan tu bebe viene con problemas en la cabecita. Nada pude hacer, solo aceptar lo que venía”.
Su niña nació prematura. Tienen que drenarle regularmente el líquido que le abulta el cerebro y alimentarla de por vida a través de una válvula incrustada en su estomaguito. Acaba de cumplir dos años. “Me dijeron que iba a ser como un vegetal. Apenas mueve sus piecitos y sus manitos. Me parte por dentro verla así”. Vallejo trabaja en un restaurante, un día sí y otro no.
Inmigrantes sin seguro
Peña-Melnyk, señala que el sufrimiento de mujeres pobres e indocumentadas y los altos costos de las emergencias la motivó a impulsar esta ley. “$80 millones cubrió el estado de Maryland sin ayuda federal para atender las emergencias del parto”.
Una vez conseguida esta ley, el objetivo es extender Medicaid para estas mujeres. De ser así, el gobierno federal cubrirá el 65% y Maryland el resto. Los estudios en este estado señalan que, si se ofrecen cuidados prenatales, el gasto se reduciría a $1 millón.
“Aún tenemos 350 mil personas sin seguro de salud, de ellas 250 mil son indocumentadas, en ese grupo están las mujeres sin control prenatal, que son diabéticas, tienen presión alta y que traen al mundo niños con problemas, porque la primera vez que ven a un doctor es en emergencias”, aseguró Peña-Melnyk.
Para Viviana Lozano, activista comunitaria de CASA, la falta de atención, de transporte y de recursos a muchas las deja solas a lidiar con embarazos de alto riesgo. En Baltimore hay centros que les hacen descuentos, pero si no tienen auto o no manejan no llegan a las citas.
“Muchos legisladores no sabían por lo que están pasando estas mujeres. Nuestro objetivo es lograr seguro médico para todos, así no llegarán demasiado tarde por el miedo a cuentas impagables”, asevera.
La deuda de Vicente, oriunda de Guatemala, ya asciende a $69 mil. Los cálculos renales, una operación de apendicitis y emergencia por el embarazo siguen abultando la cuenta. “No quiero que otra mujer como yo sufra mi dolor. Mis hijos se quedaron llorando y con la pelota esperando al baroncito que no llegó, por eso tenemos que levantar la voz”.
Aún con estos golpes de la vida, cada jueves Vicente ayuda repartiendo comida a otros pobres como ella. El resto de tiempo, junto a su marido, trabaja limpiando casas y en construcción. “No sé leer ni escribir bien, lo que sí sé es que la salud es un derecho de todos”, así testificó en favor de esta ley.
Las embarazadas sin papeles, a partir del 1 de julio, deben llevar una prueba de embarazo y llenar una aplicación. CASA les ayudarán en este proceso.
