opioides
En un lapso de ocho años que finalizó en 2014, se distribuyeron más de 81 millones de píldoras de opioides en el condado de West Virginia. Credit: Freepik.
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El lunes 4 de julio el juez federal David A. Faber dictaminó que los tres principales distribuidores de analgésicos del país no causaron molestias públicas al enviar millones de fármacos que crearon una crisis de adicción de opioides en West Virginia.

Las empresas AmerisourceBergen, Cardinal Health y McKesson obtuvieron una victoria legal en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en Virginia Occidental, luego de que Faber desestimara que estas eran responsables de las consecuencias de una inundación de opioides.

Los distribuidores negaron haber actuado mal y dijeron que los analgésicos que enviaron fueron recetados por médicos autorizados y surtidos en farmacias.

Argumentaron que no tenían forma de saber que esas recetas no eran legítimas y que cualquiera de los medicamentos podría haber sido canalizado al mercado negro.

Los argumentos de los abogados de las distribuidoras resonaron en el juez, quien dictaminó que los demandantes no probaron que la conducta de las empresas no fuera razonable, un elemento clave para establecer un caso de alteración del orden público.

El juez federal encontró que la conducta de las empresas no podía estar conectada con el daño sufrido por las comunidades.

Finalmente, dictaminó que los demandantes no diseñaron un plan de reducción detallado que describiera cómo las comunidades gastarían el dinero que recibieran si prevalecían en el juicio ya que los abogados que representan al condado de Cabell y Huntington solicitaron $2.6 mil millones a las tres compañías para los esfuerzos de recuperación de la epidemia de drogas.

Crisis de opioides en West Virginia

Antes de que comenzara la pandemia de coronavirus, el juicio de West Virginia estaba destinado a ser una prueba de referencia de una estrategia legal novedosa en el extenso litigio nacional contra compañías, incluidos fabricantes de medicamentos y farmacias.

Los abogados de los condados de Huntington y Cabell argumentaron que las compañías enviaron medicamentos sin tener en cuenta las señales de alerta de que las píldoras podrían haber sido desviadas al mercado negro, lo que tuvo consecuencias costosas para las comunidades devastadas por la adicción y las muertes.

El aumento de las píldoras que van a West Virginia se debió en parte, dijo, a la "dispensación de buena fe", así como al aumento en los umbrales de productos establecidos por la Administración de Control de Drogas.

En un lapso de ocho años que finalizó en 2014, se distribuyeron más de 81 millones de píldoras de hidrocodona y oxicodona recetadas en el condado de West Virginia, suficiente para 94 píldoras por cada adulto y niño por año.

Fuente principal de la noticia: The Washington Post.

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