Las élites conservadoras han aplicado el activismo legal a la política de armas como parte de una amplia estrategia para reconfigurar la política y el derecho en Estados Unidos.
Las armas han dominado los titulares durante más de un mes. La masacre del 24 de mayo en la Escuela Primaria Robb de Uvalde (Texas) reavivó el debate sobre la política de armas. Cuatro semanas más tarde, el 23 de junio, el Senado se reunió para aprobar una estrecha legislación representa la regulación de armas más importante en décadas, pero el mismo día la Corte Suprema dificultó la regulación de la posesión de armas de fuego en público. Luego, el feriado del 4 de julio trajo otro baño de sangre, esta vez en un desfile en Highland Park, Illinois, que dejó siete personas muertas.
La sentencia de la Corte fue la que menos atención recibió de estos acontecimientos. Aun así, fue un recordatorio de uno de los aspectos menos visibles de la política de armas: el avance del movimiento legal conservador. Desde el tiroteo en la Escuela Secundaria de Columbine en 1999, todo, desde los adolescentes frustrados y los hombres alienados hasta el cantante Marilyn Manson y los videojuegos, han sido culpados por los tiroteos masivos. Quienes son de izquierda también culpan al poder de la Asociación Nacional del Rifle (NRA por sus siglas en inglés) y su capacidad durante décadas para frustrar cualquier endurecimiento de las leyes sobre armas.
Aunque estos son aspectos importantes de la política de armas estadounidense, las élites legales conservadoras también han dado forma a las leyes de armas a todos los niveles de EEUU. Lo más visible es que la mayoría conservadora de la Corte Suprema ha otorgado a los defensores de los derechos de las armas múltiples victorias desde 2008. El papel de las élites conservadoras y el activismo legal en la conducción de la política de armas son parte de una historia más amplia que ha dado nueva forma a la política y el derecho estadounidense.
Tras los asesinatos del reverendo Martin Luther King Jr. y del senador Robert F. Kennedy en 1968, el Congreso aprobó la Ley de Control de Armas con relativamente poca disidencia. Desde el punto de vista de la Constitución, el Congreso era libre de hacerlo porque el precedente de la Corte Suprema de 1939 consagraba la idea de que la Segunda Enmienda solo protegía un "derecho colectivo" a portar armas como parte del servicio de la milicia. El fuerte apoyo a la Ley de Control de Armas fue un reflejo de que la política de armas no causaba tantas divisiones en ese momento. De hecho, no sería conflictiva hasta finales de la década de 1970, lo que el sociólogo David Yamane denomina la Cultura de las Armas 2.0.
El cambio en la política de armas coincidió con el auge de una corriente singular de conservadurismo, con base en el Sur y el Oeste, que atraía principalmente a los blancos de los suburbios y se centraba en los derechos individuales, la desregulación del gobierno, los bajos impuestos, el anticomunismo acérrimo y las posiciones sociales conservadoras. La creación de nuevos grupos de expertos conservadores, tácticas de correo directo y grupos de base vinculados a organizaciones nacionales proporcionó la infraestructura necesaria para impulsar estas ideas y ayudar a arrebatar el control del Partido Republicano que tenían las fuerzas más moderadas.
Este cambio político más general explica en cierta medida el surgimiento de un movimiento de armas mucho más militante.
Este creciente movimiento conservador ayudó a que fuera electo Ronald Reagan en 1980 y solo 16 años después de la Ley de Control de Armas, Reagan firmó la Ley de Protección de Propietarios de Armas de Fuego de 1984, una señal de la creciente importancia del Sur y el Oeste políticamente, así como del triunfo de los derechos individuales sobre la acción colectiva y la regulación gubernamental.
Sin embargo, el cambio en la política de armas también se ha desarrollado debido a otra parte clave del creciente movimiento conservador: nuevos grupos que impulsan una marca militante de pensamiento legal conservador.
Entre finales de la década de 1930 y finales de la década de 1960, los liberales dominaron la Corte Suprema y emitieron decisiones fundamentales orientadas a la idea de una Constitución viva, en la que los jueces leen el documento a la luz de la evolución de la sociedad.
Los conservadores aborrecen esta idea y los cambios que produce. Richard M. Nixon prometió darle nueva forma a la Corte, pero sus cuatro nombramientos crearon más bien una Corte de centroderecha, que limitó el alcance de los precedentes liberales en lugar de anularlos. En los años 80, los conservadores volvieron a la carga.
Para desafiar a la jurisprudencia liberal, los conservadores popularizaron una interpretación originalista y textualista de la Constitución, al resucitar ideas que anteriormente se habían relegado a los remansos del pensamiento jurídico. Esta filosofía postulaba que los jueces no debían leer la Constitución a la luz de la evolución de la sociedad, sino con el objetivo de determinar la intención original de sus cláusulas cuando se redactaron en 1789. La consternación frente al hecho de que las principales organizaciones jurídicas, como el Colegio de Abogados de Estados Unidos, se inclinaban hacia la izquierda también llevó a la fundación de la Sociedad Federalista en 1982 en Yale y en un puñado de otras universidades. Dicha sociedad ayudó a promover esta lectura originalista de la Constitución.
El recién organizado movimiento legal conservador rápidamente adquirió influencia en el Partido Republicano. Los políticos del Partido Republicano veían el originalismo y a los miembros de este nuevo movimiento jurídico como una vía para conseguir jueces más conservadores, que deshicieran las sentencias liberales de la Corte Suprema de los años 60 que los conservadores detestaban. La Sociedad Federalista se convirtió en una vía para evaluar a potenciales jueces y asegurarse de que compartían la visión de los conservadores sobre los tribunales y la interpretación constitucional. Los conservadores lo acogieron como un antídoto potencial para garantizar que futuros nombramientos Republicanos no resultaran como los jueces Harry Blackmun y John Paul Stevens, que acabaron siendo mucho más liberales de lo esperado.
A medida que la Sociedad Federalista y su visión de la ley ganaban adeptos entre los Republicanos, y que los presidentes Republicanos nombraban a más jueces de este molde para los tribunales federales, incluida la Corte Suprema, el originalismo empezó a desbancar la idea de una Constitución viva.
El nuevo movimiento militante de las armas se aprovechó de este cambio para impulsar lo que antes era una idea radical: que era errónea la interpretación predominante de la Segunda Enmienda como simple garantía del derecho colectivo a portar armas como parte del servicio de milicia. En cambio, argumentaron que la enmienda protegía el derecho individual a portar armas de fuego, lo que hacía que muchas leyes de control de armas a nivel federal y estatal fueran sospechosas.
En gran medida, la Corte Suprema había ignorado la Segunda Enmienda durante décadas, pero en 2008, en el caso District of Columbia vs. Heller, una mayoría conservadora de cinco jueces se puso del lado del movimiento por los derechos de las armas. Por primera vez -en una opinión mayoritaria escrita por Antonin Scalia, uno de los pensadores jurídicos al frente del movimiento originalista y miembro y firme partidario de la Sociedad Federalista- la Corte reconoció que la Segunda Enmienda protege el derecho de los individuos a la posesión y porte de armas.
Desde Heller, la Corte Suprema ha dirimido una serie de casos sobre la Segunda Enmienda con la revolución provocada por esta nueva interpretación de la Segunda Enmienda culminando a finales de junio y con la sentencia que anuló en Nueva York una ley de más de un siglo que regulaba estrictamente la portación abierta de armas de fuego. La decisión plantea un interrogante: en momentos en los cuales la gente clama por mayores restricciones después de cada nuevo tiroteo masivo y el Congreso finalmente dio un paso para abordar ese asunto, ¿puede la Corte permitir nuevas restricciones significativas a la posesión de armas?
El movimiento legal conservador merece gran parte del mérito (o de la culpa) por el nuevo panorama actual. Si bien su influencia para que la Corte se apoye en el originalismo para anular Roe vs. Wade y eliminar el derecho constitucional al aborto ha recibido mucha atención, su papel tras bastidores para enfilar a la Corte a aplicar esta teoría legal, antes oscura, a la Segunda Enmienda, ha recibido mucho menos escrutinio.
Salvo cambios inesperados en la composición de la Corte, esta forma de pensar originalista seguirá definiendo lo que los poderes políticos pueden hacer para abordar la violencia con armas de fuego y una serie cada vez mayor de asuntos candentes en los próximos años.
Washington Post - Josephine Harmon
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