Foto: Montaje de El Tiempo Latino con fotografías de The Washington Post

Durante las audiencias del comité legislativo encargado de investigar los hechos del 6 de enero de 2021 se presentaron cientos de pruebas documentales y testimoniales que demuestran cómo la toma del Capitolio fue una insurrección planeada con el objetivo de impedir la transición pacífica del poder. La evidencia es abundante y contundente, Donald Trump promovió un autogolpe para mantenerse en el poder. La pregunta es: ¿Y ahora qué?


Como ocurrió varias veces a lo largo de su presidencia, Trump ha vuelto a convertirse en una prueba de estrés para las instituciones estadounidenses. Más que un buen propósito, la idea de que nadie está por encima de la ley es un principio fundacional de la democracia estadounidense. La trampa y el fraude existen en cualquier parte. Lo mismo pasa con los excesos del poder en todas sus expresiones: nepotismo, abuso, enriquecimiento ilícito. La diferencia, al menos hasta que Trump accedió al poder, es que en Estados Unidos romper la ley tenía consecuencias. Lo que está en juego en estas audiencias es la credibilidad del estado de derecho o como diría el reverendo Martin Luther King, la noción de que el arco moral del universo se inclina hacia la justicia. La corrupción lastima, pero la impunidad mata.

Enrique Acevedo es considerado uno de los periodistas latinos más influyentes y un líder global en los medios de comunicación, de acuerdo al World Economic Forum. Es conductor y corresponsal para la cadena CBS News y es el primer corresponsal latino en los 54 años del programa 60 Minutes. Acevedo ha colaborado con varios medios impresos y electrónicos, entre los que destacan The New York Times, The Washington Post, El País, Reforma y la revista Letras Libres.


En una democracia funcional sería relativamente fácil calcular el daño político que la evidencia presentada durante las audiencias le ha ocasionado a Trump y a sus aspiraciones de reelegirse a la presidencia, pero esta no es una democracia funcional. Al menos no en el contexto de la hiper polarización y el partidismo que domina en Washington. En ocho audiencias televisadas durante poco más de mes y medio, los miembros del comité han mostrado con lujo de detalles cómo Donald Trump incitó a la violencia, la apoyó desde la Casa Blanca negándose a intervenir cuando la vida de su vicepresidente estuvo en riesgo o a calificar de ilegal la toma violenta de la sede del poder legislativo. También demostraron cómo Trump se negó a reconocer el resultado de una elección legítima, incluso ante la exigencia de familiares, aliados políticos y asesores legales.


Para el ex embajador de Estados Unidos en Panamá, John Feeley el trabajo del comité es una llamada de atención para que los estadounidenses reflexionen sobre el estado de la democracia norteamericana. Incluyendo los seguidores y aliados de Trump, aunque Feeley duda que las audiencias tengan cualquier efecto en el trumpismo.
En entrevista para El Tiempo Latino, Feeley quien ocupó varios puestos clave como diplomático en América Latina y sirvió en las fuerzas armadas, explicó que a una buena parte de los estadounidenses no les interesa preservar el orden democrático.
“Antes la gente votaba por intereses económicos o ideológicos, pero eso ha cambiado y ahora los temas de la cultura dominan el diálogo público y la política. Todo esto me recuerda a la frase atribuida a Benjamin Franklin. La historia cuenta que Franklin salía del salón de la independencia después de la Convención Constitucional de 1787, cuando alguien gritó, ‘Doctor, ¿qué tenemos? ¿República o monarquía?’, a lo que Franklin respondió: ‘Una republica si la pueden conservar’”.


La frase, asegura Feeley, sirve para ilustrar la complacencia que ha permitido la erosión democrática que experimentamos actualmente y que debilita la narrativa dominante de que Estados Unidos es un país de libertad y orden.


En cualquier otro momento, las pruebas presentadas descalificarían al expresidente para ocupar cualquier cargo político en el futuro, pero este momento no es como ningún otro. Basta recordar que durante su juicio político en febrero de 2021 hubo 43 senadores republicanos que se negaron a reconocer las conductas ilícitas de Trump, habilitándolo para mantenerse en la actividad política rumbo al 2024 y más allá. La democracia demanda legitimidad y resultados. El proceso de investigación que lleva el Congreso cumple con la parte de la legitimidad, al brindar transparencia y rendición de cuentas sobre los hechos ocurridos antes, durante y después del 6 de enero, pero si el proceso de investigación se limita al teatro político y al juicio en la corte de la opinión pública, entonces nos quedaremos sin resultados.


Esta semana el diario The Washington Post revelo que el Departamento de Justicia contempla a Donald Trump como parte de su investigación criminal sobre los sus esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de 2020. Veremos si los fiscales encargados de la investigación deciden presentar pruebas y si esas pruebas llegan frente a una corte de justicia, o si Trump logra su regreso triunfal a la vida política.

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